Recientemente hemos conocido la iniciativa de un nuevo royalty minero, propuesta por el Gobierno del Presidente Boric. Desde una región eminentemente minera como Antofagasta -donde vivo y trabajo- cualquier noticia que afecte a esta actividad provoca nuestra inmediata atención.
Lejos de las pasiones, nuestro deber a nivel local es mirar todas estas iniciativas con sentido común y prudencia, ya que lo que ocurre en la minería afecta al devenir de todo nuestro ecosistema productivo y cadena de valor. El 53% del PIB de nuestra región es precisamente minero y Antofagasta se proyecta como el principal destino (29%) de los casi US$69.000 millones que ha proyectado Cochilco en inversiones mineras para la próxima década.
Para ser claros, las oportunidades de desarrollo y crecimiento que tenemos para Antofagasta y la minería son reales y hay que protegerlas.
Al analizar el proyecto de royalty del Gobierno, vemos que en su articulado se hacen cargo de una demanda regional muy sentida: la creación de un Fondo Regional para la Productividad y Desarrollo, donde el 35% del financiamiento se destinaría a las regiones mineras y el 65% al resto del país. Esperamos que no se trate solo de pirotecnia, ya que según se estipula “El Fondo estará constituido por los recursos que para este objeto contemple anualmente la Ley de Presupuestos. Mediante uno o más decretos supremos del Ministerio de Hacienda se regulará la administración, operación, condiciones, destino y distribución de los recursos del Fondo de la presente ley”.
Es decir, este fondo no tiene relación directa ni se financiará con el royalty, sino mediante los recursos que el Fisco estime.
Teniendo en consideración que el 80% de la producción minera proviene de las cuatro regiones de la Macrozona Norte, el Fondo Regional que promueva e incentive la productividad y el desarrollo, hace todo el sentido del mundo. Pero considerando que su financiamiento provendría de los recursos que estipule la Ley de Presupuestos anualmente, ¿por qué vincularlo directamente al royalty, como si fuese la “moneda” que hace bailar al monito?
Debemos analizar con perspectiva y saber separar prudentemente lo que es el anuncio de este fondo, de las características que tendrá el royalty propuesto. Sabemos que este impuesto tendrá dos componentes: el primero es a las ventas (o ad valorem) con tasas efectivas entre 1% y 2% para los productores entre 50.000 y 200.000 toneladas de cobre, y entre 1% y 4% para aquellos con más de 200.000 toneladas; así como un componente sobre la renta minera, con tasas de entre 2% y 36% sobre la rentabilidad operacional, para precios del cobre entre dos y seis dólares la libra. En ambos casos se establecen tasas que varían según el precio del cobre. En especial debemos reflexionar sobre “Ad Valorem” ya que considerar las ventas sin el escenario global de la empresa es apagar el incendio con bencina, ya que si la condición de rentabilidad de la empresa está afectada, este cambio generará una acelerada quiebra o recesión de muchas mineras, sobre todo considerando el drástico cambio en el costo de producción actual.
Elevar la carga tributaria de la minería se ve como algo conveniente para empujar la agenda social del país, eso es claro. Pero una propuesta como esta, que no incentiva la inversión, terminará impactando a la minería de nuestras regiones y su entorno productivo, porque esta nueva iniciativa de royalty sorpresivamente es incluso más alta que la carga total sobre la que había trabajado la Comisión de Minería del Senado. Es más, con este royalty Chile pasaría a ser uno de los países mineros con mayor carga tributaria del mundo, esto afectará a nuestra competitividad y el desarrollo futuro de las regiones y el Fondo propuesto terminará siendo un voladero de luces.
Chile no puede perder la oportunidad, ya han sido años muy duros y necesitamos recapitular. Debemos avanzar en un diálogo constructivo que permita aumentar las cargas tributarias de la minería, pero la forma como está planteada se ve, claramente, desproporcionada.
Por el bien del país, y especialmente de las regiones del norte, lo más sensato es que en el debate legislativo se corrija para llegar a una fórmula que permita que Chile siga teniendo un sector minero robusto, competitivo, que ofrece oportunidades de desarrollo a sus encadenamientos productivos. Ya basta de dejar fuera de estas decisiones el efecto dominó que genera, esto se debate como si solo afectara a las grandes compañías, esto nos afectará a todas las personas estén o no vinculadas con la minería, por un lado generar más recursos para la agenda social, por otro generar desempleo por disminución de gastos para controlar el costo de producción, disminución de inversión por perdida de rentabilidad y competitividad. No estamos decidiendo una proyección mensual, estamos poniendo sobre la mesa el futuro de la industria que ha solventado en mayor parte la economía de nuestro país.
El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
