“La ciudad es un discurso”, señaló Roland Barthes, agregando que “comunica” y le “habla a sus habitantes”. En otras palabras, según el semiólogo y filósofo francés, la ciudad es una construcción cultural e histórica desde la cual se transmiten relatos sobre múltiples aspectos de la vida social.
Desde esta perspectiva, cabe preguntarse cuál es el relato sobre el Chile de hoy que se nos comunica desde las calles y espacios públicos de Santiago, en particular, desde el centro de la capital, donde vemos una ciudad degradada: rayados y grafitis de distinta naturaleza se repiten en una sucesión casi interminable, estatuas y monumentos vandalizados, plazas y parques a mal traer que sirven de refugio para carpas y viviendas precarias, decenas de negocios cerrados y otros donde sus dueños se parapetan detrás de gruesos murallones metálicos, cafés y restoranes que dejan de funcionar más temprano de lo que era habitual.
Este escenario urbano nos habla de una sociedad convulsionada, que experimenta una grave crisis de convivencia y que aún está atravesada por un profundo conflicto social y político que no termina de resolverse plenamente. El actual estado de deterioro del patrimonio arquitectónico y cultural y del espacio público de Santiago -que nos pertenecen a todos y todas- también es un reflejo de décadas de vigencia de un modelo de desarrollo que no colocó en su centro a la persona y su dignidad, donde predominan relaciones humanas utilitarias, efímeras y desechables, con bajo interés por el bien común y el resguardo del patrimonio y la memoria colectiva.
Al igual que la ciudad, una constitución también es un discurso: en sus páginas se despliega un proyecto de país; por medio de sus distintas disposiciones se escribe un relato sobre el pasado, presente y, sobre todo, futuro de una comunidad de ciudadanos y ciudadanas que habitan un territorio en común.
En el relato que la Convención Constitucional puso a disposición de la sociedad chilena, la ciudad alcanza un alto protagonismo, algo inédito en la historia constitucional de Chile. En el artículo 52° de la propuesta -que será plebiscitada este 4 de septiembre- se consagra por primera vez el derecho a la ciudad y el territorio, señalándose que “es un derecho colectivo orientado al bien común y se basa en el ejercicio pleno de los derechos humanos en el territorio, en su gestión democrática y en la función social y ecológica de la propiedad”. Se agrega que “toda persona tiene el derecho a habitar, producir, gozar y participar en ciudades y asentamientos humanos libres de violencia y en condiciones apropiadas para una vida digna”.
Por otra parte, el texto está impregnado de una fuerte preocupación por el desarrollo de la cultura y el patrimonio. Así, por ejemplo, en su artículo 101° se establece el reconocimiento y protección por parte del Estado de los “patrimonios naturales y culturales, materiales e inmateriales”, garantizándose “su conservación, revitalización, aumento, salvaguardia y transmisión a las generaciones futuras”. Además, se define como una de las competencias de las futuras regiones autónomas el “fomento y la protección” de las culturas, las artes y el patrimonio. Por último, dentro de las disposiciones transitorias de la propuesta, se señala que el Presidente de la República tiene el deber de ingresar -dentro de un plazo de 3 años desde la entrada en vigencia de la Constitución- un proyecto de ley integral de patrimonios que aborde su institucionalidad y regulación, con lo cual se pagaría una deuda histórica del Estado en este ámbito.
En definitiva, la nueva Constitución representa una oportunidad de rescatar y revitalizar los territorios urbanos de Chile, sentándose las bases para escribir un nuevo discurso desde las ciudades hacia sus habitantes; un relato que nos hable de una sociedad más amable, solidaria e inclusiva, donde los espacios públicos y bienes comunes son valorados y respetados como patrimonios compartidos e instancias de encuentro y convivencia entre todos y todas.
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