La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hizo un llamado al diálogo con organizaciones civiles para destrabar las diferencias en torno a la acción de inconstitucionalidad que interpuso contra la ley de deudores alimentarios en Yucatán.
Sin embargo insistió en que esta legislación vulnera los derechos humanos.
A través de un comunicado, la CNDH manifestó que está en la disposición de discutir el tema con todos los actores involucrados para llegar a una solución que no vulnere los derechos humanos de las personas que buscan un cargo público.
Reivindicamos el diálogo y la inclusión como vía para dirimir diferencias y conciliar sobre los fines que busca la Acción de Inconstitucionalidad, que no se contraponen con la protección de los #Derechos de las #Mujeres y la #Niñez.#DefendemosAlPueblo pic.twitter.com/TUZZtJ3OF6
— CNDH en México (@CNDH) August 21, 2022
La Comisión insiste en que la prohibición del ejercicio de un cargo público atenta contra el propio derecho de las niñas, niños y adolescentes, pues solo a partir del trabajo se puede garantizar que efectivamente puedan pagarse las obligaciones alimentarias.
Por lo tanto, pidió a la Suprema Corte de Justicia, al Congreso de la Unión y del Congreso de la Ciudad de México a no tomar decisiones a modo para beneficiar alguna agenda política o partidista.
Además, hizo énfasis en que el problema de fondo no son las pensiones alimenticias, sino la visión que se tiene de los derechos de la niñez, de la violencia familiar y de las relaciones entre madres y padres.
Ante el pronunciamiento y llamado al diálogo, la abogada y activista Patricia Olamendi solicitó que primero retiren la acción de inconstitucionalidad.
“Primero retiren su acción de inconstitucionalidad para beneficiar a los deudores alimenticios en contra de los derechos de la infancia” tuiteó.
Primero retiren su acción de inconstitucionalidad para beneficiar a los deudores alimenticios en contra de los derechos de la infancia. https://t.co/2WjkvE4Hrs
— Patricia Olamendi (@PatyOlamendi) August 21, 2022
CNDH y los deudores alimentarios
Esto, luego de las críticas que ha recibido por manifestar su desacuerdo ante la Ley 3de3 contra la violencia que entró en vigor el 12 de agosto en Yucatán. Esta legislación indica que no podrá acceder a un cargo público quien sea deudor alimentario.
De acuerdo con la CNDH, este requisito es discriminatorio y coloca a las personas aspirantes en inseguridad jurídica, pero sobre todo afecta el interés de los acreedores alimentarios.
El organismo argumentó que no defiende a los deudores alimentarios, y precisó que esta acción de inconstitucionalidad tiene como propósito preservar los derechos reconocidos en la constitución y evitar que se exijan requisitos para ocupar cualquier cargo público.
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