Entra las pruebas que presentó la Fiscalía General de la República (FGR) para lograr la vinculación a proceso del exprocurador Jesús Murillo Karam por tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia por el caso Ayotzinapa, están las declaraciones de detenidos que fueron torturados y exfuncionarios que falsificaron documentos, pero que no lo señalan directamente.
Sin embargo, el juez Marco Antonio Fuerte Tapia apoyó la tesis de la Fiscalía de que Murillo Karam debió haber estar enterado que sus subordinados cometían delitos; por eso también consideran como pruebas las cuatro conferencias de prensa ofrecidas como procurador donde informó sobre la investigación de la desaparición de los estudiantes y dio a conocer la ‘verdad histórica’.
Con esos argumentos, el juez dictó la vinculación a proceso este 24 de agosto y prisión preventiva justificada como medida cautelar que mantendrá a Jesús Murillo Karam en el Reclusorio Norte al menos los siguientes 90 días mientras continúa la investigación en el proceso. Mientras que su defensa, dijo, impugnará la resolución.
Javier López, abogado del exfuncionario, argumentó que en la carpeta de investigación no existía ningún testimonio, víctima, ni ningún documento o prueba que señalaran a Murillo Karam como responsable de delitos. Además, “no se le atribuye tortura, se le atribuye supuestamente no haber denunciado una tortura, que es muy diferente y no se le atribuye la desaparición forzada, sino cuestiones relacionadas con la investigación”, precisó.
Aunque efectivamente en la enumeración de la Fiscalía no refirió ningún señalamiento directo, el juez Marco Antonio Fuerte Tapia dijo que “escudriñando” podía encontrar elementos e indicios para que el proceso judicial continúe. Había hechos probados e indicios, requisitos suficientes para sustentar la vinculación a proceso.
Entre los hechos estaba, por ejemplo, que sí ocurrieron las conferencias de prensa en las cuales, según la Fiscalía, el exprocurador prácticamente se inculpó, al informar el 4 de septiembre que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) atraería la investigación de la desaparición de estudiantes y tanto él, como Tomás Zerón, entonces titular de la Agencia Federal de Investigación (AFI), asumían la titularidad de la investigación, y lo harían “con toda la fuerza del Estado”.
Esa responsabilidad y esa frase, dijo la fiscal Lidia Bustamante, es la prueba de que la Procuraduría hizo todo, incluso la comisión de delitos, para fabricar la “verdad histórica”. El juez interpretó eso como que la PGR siguió dos líneas de investigación paralelas, una sobre lo que realmente ocurrió y otra para fraguar la verdad histórica.
Otro “hecho” era la responsabilidad de Murillo Karam como servidor público, y como “prueba”, la Fiscalía ofreció el documento de nombramiento como procurador y el organigrama de la institución vigente en 2014, puesto que sus subordinados sí fueron acusados de haber cometido delitos, según declararon las víctimas.
Los testimonios contra Tomás Zerón
Los testimonios más importantes ofrecidos por la FGR como prueba, señalan como perpetrador de tortura en contra de detenidos y de haber manipulado pruebas durante la investigación a Tomás Zerón, entonces subordinado de Murillo, y quien se encuentra prófugo en Israel, tras haberle girado una orden de aprehensión.
Sin embargo, el actual gobierno le ofreció un “criterio de oportunidad”, es decir, declarar lo que sabe a cambio de beneficios procesales, pero que no aceptó, según había informado el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, al presentar el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa el 18 de agosto.
Como parte de las pesquisas del caso, la PGR detuvo a presuntos responsables en la madrugada del 28 de septiembre de 2014, y a quienes se les ha practicado el protocolo de Estambul que confirma que fueron víctimas de tortura.
Uno de ellos, Agustín García Reyes, alias el Chereje, y a quien la Procuraduría lo señaló como integrante del grupo Guerreros Unidos, declaró que fue detenido en su casa a las 3 de la mañana. Sin embargo, horas antes, el 27 de septiembre a las 4 de la tarde, el procurador Murillo Karam ofreció una conferencia de prensa donde informó que en ese momento estaban declarando los detenidos por el caso en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO). El entonces procurador mintió y “con dolo”, aseguró la Fiscalía.
Además, durante la tarde del 28 de octubre, Tomás Zerón, sacó de los separos al detenido García Reyes para trasladarse con él en helicóptero al río San Juan, en Guerrero, donde le entregó unas bolsas negras y lo obligó a dejarlas mientras era grabado supuestamente explicando cómo había participado en la desaparición de cuerpos de los estudiantes. En su declaración aseguró que fue torturado por Zerón para que participara en este montaje y firmar una declaración inculpándose.
Además, en la carpeta de investigación no había ningún elemento legal que justificara las detenciones, por lo que fabricaron una llamada telefónica en la que supuestamente se hacía una denuncia anónima que señalaba a esas personas, según lo declaró Ericka Ramírez, exfuncionaria de la PGR y quien también obtuvo un criterio de oportunidad.
De acuerdo con su testimonio, su jefe, Gualberto Ramírez Gutiérrez, entonces titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la SEIDO, le pidió hacer el oficio donde se acreditaba la llamada, con una fecha previa a ese día, para que “cuadrara” con las detenciones hechas previamente.
Según la Fiscalía, dado que Tomás Zerón era subordinado directo de Murillo Karam, este tiene responsabilidad en los delitos por cuestión de jerarquía y porque dio la orden de ocupar “toda la Fuerza del Estado”, durante la conferencia de prensa del 6 de octubre.
La declaración en video de García Reyes y otros detenidos fueron presentadas en la conferencia del 7 de noviembre de 2014. En las grabaciones se observan sin defensor legal asistiéndolos, como lo prevé la ley. Además, Bernardo Cano Muñoz, exsecretario particular de Tomás Zerón, y quien grabó dichos videos, después de obtener un criterio de oportunidad, declaró que efectivamente hubo actos de tortura para obtener las declaraciones.
“Murillo Karam debió saber la forma en la que obtuvieron las declaraciones”, dijo la Fiscalía, y como especialista en Derecho, debió saber que era un acto irregular que el detenido no tuviera asistencia legal, agregó la Daniela Aguirre, asesora legal de los sobrevivientes de tortura, durante la audiencia.
Esto, dijo el juez Fuerte Tapia, son pruebas que sí hubo tortura, pues existen los dictámenes que acreditan los tratos degradantes que sufrieron los detenidos; y de los delitos contra la administración de justicia, pues el traslado del detenido al río San Juan fue un acto “irregular”, y en el que “no se aseguró una cadena de custodia de las pruebas” y “se trastocó la escena del crimen”.
Por lo tanto, consideró el juez, el exprocurador “tuvo conocimiento de la tortura y no denunció, por lo tanto lo consintió”.
Para acreditar la desaparición forzada, la Fiscalía presentó como prueba la conferencia de prensa del 27 de enero de 2015 en la que el exprocurador Murillo Karam informó la ‘verdad histórica’, es decir, la conclusión de la investigación, y en la que expuso que los estudiantes habían sido asesinados y incinerados en el basurero de Cocula y sus restos dejados en el río San Juan.
Al dar carpetazo a la investigación, impidió que se abrieran más líneas de investigación para dar con el paradero de los estudiantes, argumento de la FGR que el juez secundó. “Propició que se ocultara el paradero, por lo que esa acción tuvo impacto, pues a la postre, no se conoce el paradero (…)”, dijo el juez al considerarlo como prueba para el delito de desaparición forzada.
La conferencia de prensa era la culminación de la “fabricación” de la ‘verdad histórica’, que había comenzado con una reunión de “alto nivel”, ocurrida el 7 de octubre de 2014, dos días después de que la PGR atrajo la investigación. Fue encabezada por Murillo Karam, y estaba Tomás Zerón; Gualberto Ramírez Gutiérrez, de la SEIDO, y Omar García Harfuch, entonces delegado de la Policía Federal en Guerrero.
Así lo declaró Bernardo Cano Muñoz, entonces secretario particular de Zerón, pero no estuvo presente en toda la reunión porque lo sacaron en cuanto llegó el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre.
Sin embargo, la FGR argumentó en audiencia que en esa reunión se había fraguado la “verdad histórica”, puesto que ocurrió inmediatamente después de que la PGR atrajo la investigación y posterior a ella, ocurrieron los presuntos delitos que sirvieron para sostenerla.
Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo.
Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.#YoSoyAnimal
