Elementos de la Secretaría de Marina son señalados por el asesinato de una persona en julio de 2017 en la ciudad de Cabo San Lucas, Baja California Sur, de acuerdo con una recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
De acuerdo con la investigación del organismo, el 12 de junio de 2017, la víctima se encontraba junto con otra persona a bordo de un vehículo, cuando se encontraron con una patrulla de la Policía Municipal con un elemento, y una unidad de la Policía Estatal con marinos, quienes realizaban patrullajes.
La víctima y su acompañante huyeron, lo que originó una persecución. Los marinos aseguraron que les marcaron el alto con señales verbales y luces, pero no hubo respuesta.
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La CNDH señaló que el argumento de los marinos para detener a las víctimas fue que “actuaron de manera sospechosa y se dieron a la fuga”.
Incluso, los elementos aseguraron que la víctima y su acompañante dispararon por lo que repelieron la supuesta agresión.
Sin embargo, la comisión sostuvo que no se cuenta con evidencia de que las víctimas hayan agredido a los marinos, pues en la carpetas de investigación “no existen elementos que así lo demuestren, como la prueba de rodizonato de sodio, la cual omitieron practicar tanto la Procuraduría General del Estado como la entonces PGR”.
Una persona fue perseguida por elementos de la @SEMAR_mx en 2017, quienes dispararon a la #Víctima, provocando su fallecimiento; por ello, emitimos la #Recomendación 157/2022 a dicha Sría., a la @FGRMexico y la @PGJEBCS.
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— CNDH en México (@CNDH) August 31, 2022
El acompañante logró darse a la fuga y la víctima permaneció herida en el asiento del copiloto, posteriormente fue trasladado al Hospital General de Subzona No. 26, donde falleció.
El sobreviviente fue encontrado herido cerca del lugar de los hechos y trasladado a un hospital privado, donde obtuvo atención médica.
En la recomendación 157/2022, la CNDH menciona que hay evidencias suficientes para señalar que en este caso “hubo violación al derecho humano de acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia” por parte de las Procuraduría de Baja California Sur, así como de la entonces PGR, al no contar con diligencias “objetivas ni suficientes” en la investigación.
“No se ordenó el aseguramiento inmediato de las armas de fuego que portaban los marinos el día de los hechos; se omitió describir la posición exacta de los casquillos asegurados; no se realizaron las pruebas de Rodizonato de Sodio a ninguno de los implicados en los hechos, ni se realizó el aseguramiento de las ropas que portaba la víctima fallecida, entre otras omisiones”, destacó.
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