A un año del desbordamiento del río Tula, el cual causó la muerte de 14 personas que estaban internadas en un hospital del IMSS, las investigaciones administrativas y penales iniciadas en contra de los funcionarios que pudieran resultar responsables siguen en curso y sin que existan sanciones.
Autoridades federales confirmaron a Animal Político que tanto la Secretaría de la Función Pública (SFP), a través del Órgano Interno de Control en el IMSS, así como la Fiscalía General de la República (FGR) tienen expedientes que están en curso.
La investigación de la SFP es la más avanzada y, según el gobierno, derivaría en sanciones contra funcionarios antes de que acabe 2022.
El pliego de sanciones deriva del expediente administrativo 2021/IMSS/DE7440, iniciado por el Órgano Interno de Control (OIC) el 9 de septiembre de 2021, dos días después del desastre.
La cantidad de servidores públicos del IMSS sujetos a investigación, sus nombres y sus cargos son datos que no se han dado a conocer para cuidar la secrecía de la indagatoria.
Las autoridades consultadas detallaron que el expediente ya pasó la fase de investigación y se encuentra en la etapa de responsabilidades administrativas.
Esto, luego de que el OIC encontró elementos suficientes para presumir que los funcionarios señalados incurrieron en presuntas faltas que tuvieron implicaciones en la muerte de pacientes.
Según las fuentes consultadas, una indagatoria de la SFP que llega a la fase de responsabilidades normalmente culmina en la imposición de sanciones administrativas.
Se prevé que la resolución final del expediente se emita antes de que culmine este año.
En un posicionamiento enviado a este medio, el IMSS indicó que la institución ha colaborado y atendido todos los requerimientos del OIC.
“A todos los requerimientos se dio la atención correspondiente el mismo mes y año. El OIC en el IMSS, con base en sus atribuciones previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, podrá determinar sobre la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la ley señale como falta administrativa y, en su caso, calificarla como grave o no grave”.
En noviembre de 2021, el IMSS conformó una bolsa de recursos por 35 millones de pesos para indemnizar a las familias de los pacientes fallecidos en sus instalaciones.
La del OIC del IMSS es la única investigación administrativa a nivel federal por posibles conductas irregulares de servidores públicos.
La SFP decidió no iniciar ningún expediente para revisar la actuación de funcionarios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), a pesar de que, entre la noche del 6 y la madrugada del 7 de septiembre de 2021, tomaron decisiones que contribuyeron a la inundación de Tula, como documentó Animal Político.
Es decir, el gobierno federal únicamente busca imponer sanciones administrativas por el fallecimiento de pacientes del IMSS durante la inundación, sin investigar si hubo actos u omisiones de funcionarios en las causas que provocaron el desbordamiento del río ni en el hecho de que la población no fue alertada ni evacuada por las autoridades encargadas de ello.
Los expedientes de la SFP son independientes de las dos indagatorias penales iniciadas por la Fiscalía General de la República (FGR) por los posibles delitos de homicidio culposo, corrupción y negligencia. En estos casos, indicaron autoridades de FGR, sí se indagan posibles responsabilidades de personal de Conagua y de la CNPC por malos manejos en torno a presas y al flujo del río que serían las causas primarias del trágico evento.
Tula, la tragedia provocada en CDMX
Animal Político dio a conocer dos investigaciones que revelaron que la inundación de Tula y la muerte de 14 pacientes del IMSS el 6 y 7 de septiembre de 2021 no se debió a la ocurrencia de lluvias atípicas, sino a decisiones y omisiones de servidores públicos de varias instituciones y de los tres niveles de gobierno.
Se documentó que en plena inundación, el personal médico del Hospital General de Zona Número 5, en Tula, urgió auxilio tanto a las autoridades de la delegación del IMSS en Hidalgo como al Ayuntamiento de Tula y al gobierno estatal a través del 911.
Ninguna de esas autoridades acudió al llamado de los médicos, quienes, dejados a su suerte, tuvieron que maniobrar en medio de las aguas negras para cambiar de piso a varios pacientes con COVID grave que dependían de respiradores mecánicos.
El personal del IMSS logró rescatar a decenas de pacientes, pero otros 14 fallecieron por falta de oxígeno, debido a que el agua afectó la planta de energía del hospital.
Documentación oficial revisada por este medio demuestra que tanto Conagua como el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) y la Comisión de Aguas del Estado de México (CAEM) decidieron activar el Protocolo de Operación Hidráulica y expulsar aguas pluviales y negras en exceso hacia Tula para evitar inundaciones en la Ciudad de México.
Ni el IMSS ni la población de Tula fueron alertados por parte de Protección Civil de que las aguas enviadas desde la CDMX superaban la capacidad del río Tula, situación que se considera una falta a los protocolos oficiales de operación.
Además se sabía que las presas que conforman el sistema de regulación hidrológica de Tula estaban llenas más allá de su capacidad.
A nivel local, la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno de la CDMX descartó el inicio de investigaciones en contra de funcionarios de Sacmex, de acuerdo con una respuesta a una solicitud de Transparencia enviada por este medio.
En contraste, el gobierno del Estado de Hidalgo reportó que la Dirección General de Combate a la Impunidad inició el expediente ANT/201/2021 para indagar posibles faltas administrativas de servidores públicos estatales.
A su vez, el Ayuntamiento de Tula abrió una investigación a través de la Contraloría Interna Municipal “para determinar si existe o no responsabilidad administrativa en contra de quien o quienes resulten responsables por los hechos ocurridos el pasado 6 de septiembre de 2021”.
Damnificados siguen reclamando ayuda
“No tenemos confianza de regresar a nuestra casa. Es el miedo a volvernos a inundar, que en la CDMX abran compuertas de los Emisores Oriente y Central y vuelvan a inundarnos. Porque no fue la lluvia la que nos inundó. Nos inundaron de parte de Conagua, al abrir las compuertas de los Emisores”, afirma Fernando Colín, una de las 35 mil personas damnificadas por el desbordamiento del río Tula en septiembre de 2021.
Hace un año que él y su familia perdieron prácticamente todo y se mudaron a un poblado vecino de Tula, donde alquilan una casa.
Desde entonces, con sus propios recursos y sus propias manos, han ido reconstruyendo su casa: pintando, repellando paredes, cambiando pisos, reponiendo muebles.
Como parte de un plan emergente, el gobierno federal dio a las familias 10 mil pesos en una sola entrega, y les repartió algunos enseres como bases para cama, refrigeradores y estufas. El Ayuntamiento completó los apoyos con un colchón y algunas despensas.
Esa fue toda la ayuda que recibieron los damnificados, que están recuperando sus viviendas y todo lo perdido en ellas por sus propios medios.
“Es lamentable no haber tenido el apoyo suficiente para las personas que perdieron todo, que no hubo una mano que nos ayudara; yo sé que el valor de todo lo que perdimos es material, y todo mundo piensa que lo vamos a recuperar, ¿pero en cuántos años se recupera? Son 50 años para tener una casa y en cuestión de horas se perdió todo”, reclama Colín.
Tras la inundación, a comienzos de este año, el gobierno federal, a través de la Conagua, diseñó e implementó un Plan Hídrico para Tula.
Como parte de la nueva estrategia, se comenzaron a ampliar, rectificar y revestir de concreto algunos tramos del río.
También se hicieron labores de desazolve, colocación de bordos, remoción de árboles y retiro de puentes peatonales, a fin de incrementar su capacidad de carga.
Asimismo, el plan contempla incluir a representantes del gobierno de Hidalgo en el Mecanismo de Drenaje Metropolitano, órgano interinstitucional que administra el sistema de drenaje profundo del Valle de México y que el 6 de septiembre de 2021 tomó la decisión de enviar al río Tula aguas negras y pluviales en exceso, lo que causó su desbordamiento.
Antes de esta determinación, en dicho órgano participan únicamente representantes del gobierno federal, la CDMX y el Estado de México.
Gerardo Castillo, representante de la Sociedad Ecologista Hidalguense en Tula, advirtió que los trabajos en el río avanzan con lentitud y no estarán concluidos para la actual temporada de lluvias, lo que significa que la amenaza de desbordamiento para las comunidades aledañas al cauce permanece.
“Sus trabajos son lentos, deficientes; pedimos que cuando menos limpiaran todo el río para, en caso de una venida de agua, tener un poco más de velocidad (de drenaje) y menos riesgo para la población, pero no, los trabajos están lentos; esa obra debía haberse terminado a fin de este año, pero, al paso que van, se irá a mediados del próximo”, dijo en entrevista.
El activista agregó que los pobladores han solicitado al gobernador entrante, el morenista Julio Menchaca, un nuevo plan que consistiría en edificar un canal que no atraviese por Tula y por el que circulen las aguas negras y residuales provenientes del Valle de México.
“Queremos rescatar el río, que no lo conviertan en un canal, porque el problema del medio ambiente es grave en Tula, y perder un ecosistema como el río nos expone a mayores riesgos. Tenemos la palabra del nuevo gobernador de que se va a hacer un canal alterno, precisamente para que no vayan a desaparecer nuestro río, que se haga un canal y no pase ese volumen de agua, en un futuro, por la ciudad de Tula”, detalló.
Restaurar el Lago de Texcoco
El ingeniero y antropólogo Dean Chahim, especialista en el sistema hidráulico del Valle de México, señaló que la solución de fondo al problema no es hacer adecuaciones para que el río Tula tenga mayor capacidad de drenaje, sino, al contrario, que se le envíen menos cantidades de agua desde la Ciudad de México.
Para hacerlo, propuso el experto, se necesita restaurar el Lago de Texcoco en su función de vaso regulador principal del sistema de drenaje del Valle de México, un papel que ejerció en el siglo pasado.
Chahim explicó que Texcoco recibía una gran cantidad de las aguas de lluvia que escurren en el Valle de México. Al funcionar como un vaso regulador hacía posible que no se saturara el sistema de drenaje.
Organizaciones civiles como Manos a la Cuenca han requerido a las autoridades implementar las medidas necesarias para la recuperación del Lago de Texcoco, pero, a la fecha, acusan, Conagua ha rechazado esa posibilidad.
“Si hubieran tenido la infraestructura y protocolo de manejo adecuado la noche del 6 de septiembre, hubieran podido llenar el Lago de Texcoco con agua en vez de las calles de Tula y sin poner en riesgo la población del Valle de México. Según los datos de la NASA que analicé, la mayoría de la lluvia que cayó en el Valle de México esa noche estuvo, justamente, en el oriente del Valle, mucho de ello justamente en las subcuencas de los ríos del oriente que, naturalmente, fluirían hacia el Lago de Texcoco”, explicó el especialista.
“Con adecuaciones al Lago de Texcoco que le permitieran captar temporalmente una gran parte de la lluvia que cayó en el Valle de México, no hubiera sido ‘necesario’ que Sacmex y Conagua mandaran esa agua de golpe por el Túnel Emisor Oriente y el Túnel Emisor Central hacia Tula para evitar inundaciones en el Valle de México. En cambio, hubieran podido almacenar de forma temporal esa agua en el Lago de Texcoco hasta que pasara la tormenta en el Valle de Mezquital y bajaran los niveles en el río Tula. Para decirlo de forma muy sencilla: hubieran podido –con la infraestructura adecuada – inundar el Lago de Texcoco en vez de inundar a Tula y sus alrededores”.
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