El 7 de julio pasado el Ministro Marcel ingresó al Congreso un proyecto de reforma tributaria que contiene una serie de medidas sobre eliminar o rebajar beneficios tributarios para las viviendas económicas conocidas como DFL 2.
La motivación del proyecto no es solo aumentar la recaudación fiscal para atender las urgentes necesidades sociales, sino propender hacia un sistema que califica de más justo, fundado en recomendaciones de la OCDE y en un proceso de diálogos sociales desarrollado por Hacienda.
Dentro de los antecedentes del proyecto se subrayan las diferencias entre nuestro sistema tributario y el del resto de los países miembros de la OCDE, señalando que “Nuestro país tiene una estructura impositiva atípica, que redunda en un sistema poco progresivo y con importantes brechas en términos de recaudación y equidad.”
Lo anterior sobre la base del informe conjunto OCDE – FMI de octubre de 2020, encargado por el ministro Ignacio Briones unos meses antes, al que siguió el informe de la Comisión Tributaria que, convocada por la misma autoridad, reunió a un amplio grupo de destacados expertos en materias económicas, en cuyas conclusiones hacen suyas las recomendaciones del informe.
El tema central analizado en ambos trabajos fue el concepto de Gasto Tributario, esto es identificando exenciones de impuestos que a su juicio se alejan de un adecuado manejo de los recursos fiscales, generando ineficiencias e inequidades.
La citada Comisión concluyó que “Se recomienda eliminar los beneficios asociados a las viviendas DFL 2. Al respecto, se estima que el objetivo de acceso a las viviendas puede lograrse mediante otros instrumentos de política pública más efectivos y equitativos considerando criterios como la focalización, simplicidad, bajo costo administrativo, transparencia y control. – Se estima que la mantención de los beneficios asociados a las viviendas DFL2 no se justifican considerando criterios de equidad.”
Chile ha tenido una exitosa historia en la materia en comparación con Latinoamérica, siendo el Plan Habitacional de 1959 la principal herramienta, logrando disminuir significativamente el déficit habitacional, hasta la década del 2000. A partir de entonces la situación no hace sino empeorar, demostrando la incapacidad de los sucesivos gobiernos para siquiera detener el aumento del déficit.
Siendo un problema tan urgente como complejo parece un error reducirlo a análisis economicistas como es posible leer en la reforma presentada, aún después de los ajustes anunciados por el ministro, como no tocar el impuesto al arriendo de propietarios de viviendas de la tercera edad. Son detalles que dan cuenta de un análisis parcial e insuficiente del fenómeno.
Se entregan estimaciones de aumentos esperados de recaudación, en cifras proporcionales del PIB. Sin embargo, se omite el análisis de los efectos del proyecto, en este caso sobre la actividad de la construcción, respecto de la recaudación global. ¿De qué sirve un aumento de los recursos derivados de algunas medidas específicas si la inversión cae y la recaudación total es menor?
En el caso de la construcción es notoria la falta de sensatez que ha tenido el legislador desde hace ya varios años, recortando o eliminando facilidades tributarias para las viviendas económicas, haciendo que la disminución de la inversión y la recaudación total sea siempre mayor que el aumento de recursos fiscales por las medidas parciales adoptadas.
Junto a las livianas recomendaciones del informe OCDE – FMI, que suponen mayores beneficios terminando con el régimen especial para las viviendas, en la discusión parlamentaria de cada uno de los recortes ha pesado la idea, o más bien ideología, de que tales beneficios son injustos o inequitativos, que privilegian en su mayor parte a los empresarios en vez de a las personas con necesidades de vivienda, como si los costos tributarios de producir viviendas no tuvieran efecto en el precio al comprador o arrendatario.
Finalmente, es sabido que la reforma tributaria fue prometida en el programa de gobierno, antes de tener presente las actuales dificultades económicas, mostrando ahora la fuerza de la inercia por sobre la evaluación del contexto y la necesaria readaptación, para acercar los fines buscados en vez de conseguir el efecto contrario.
En un contexto de emergencia habitacional y además de recesión económica, en vez de aumentar impuestos hacen falta urgentes medidas de incentivo para la construcción masiva de viviendas por parte de los privados, replicando la fuerza que originalmente tuvo el Plan Habitacional de 1959.
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