Además de la responsabilidad penal de un entonces funcionario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la reparación de los daños materiales e inmateriales, la sentencia por actos de pederastia en un kínder de la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, impone a la dependencia la obligación de establecer días específicos para hablar de violencia sexual. Sin embargo, ante la apelación del presunto responsable, la SEP aún espera una resolución definitiva.
Sesenta años de prisión, el pago de mil veces la unidad de medida y la destitución del servidor público de la Autoridad Educativa Federal son parte de las resoluciones de la sentencia de la causa penal 258/2021. El documento determina que quien desempeñaba la función de apoyo técnico pedagógico en el centro educativo Marcelino de Chámpagnat es responsable de los delitos de pederastia, agravada y en grado de tentativa, así como de violación equiparada agravada, en los casos de 21 víctimas de entre cuatro y seis años agredidas en horario escolar en diferentes espacios de la escuela.
Aunado a esto, también ordena a la SEP a que, en un plazo razonable, instituya un día dentro de su calendario escolar para “que todo el personal académico y administrativo tome conciencia de la gravedad del abuso sexual y maltrato infantil en las aulas escolares, así como para que las personas infantes estén informadas de los procedimientos y canales adecuados en los que pueden denunciar ese tipo de actos, para que sepan qué hacer y cómo ayudar, en su caso, a sus compañeros de aulas”.
Este es uno de los casos en los que se ha logrado una sentencia —aún pendiente de resolución definitiva— tras la publicación del informe Es un secreto, en el que la organización Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) documentó que en varias escuelas niñas, niños y adolescentes viven violencia sexual de manera cotidiana y a tal escala que resultaría insostenible que se tratara de un tema oculto.
En él, se explica que las autoridades escolares omiten denunciar los abusos, mediante una práctica institucionalizada de proceder con investigaciones internas ante la denuncia de delitos graves, lo cual hace difícil distinguir entre omisión y encubrimiento.
Animal Político publicó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), el 69.7% de las mujeres estudiantes mayores de 15 años señaló que no tiene conocimiento de que existan protocolos en sus centros escolares; solo el 18.8% sabe cuáles son las instancias y los procedimientos de denuncia.
Para Mariana Gil, abogada de la ODI, la violencia sexual en el ámbito educativo, que registró un alza en los últimos años según la encuesta, está relacionada con la falta de educación sexual en las escuelas; señala como particularmente preocupante que el abuso sexual por parte de docentes persista desde los primeros niveles de la educación básica debido a la falta de atención y protocolos en las escuelas.
“No sé si está pasando más, o más bien, ahora los papás y las mamás están un poco más informadas… Creo que también hay una parte en la que, por lo menos, si la SEP no va a hacer nada, los medios de comunicación, la sociedad civil y los padres y madres de familia tenemos que exigir escuelas seguras, mientras la SEP no hable. Ya tiene el informe y dos sentencias judiciales que le dicen ‘tienes que modificar tu protocolo, tu estructura, tus escuelas no son seguras’, y la SEP ni sus luces”, reclama Gil.
Mientras esa situación persista, es necesario buscar que madres y padres se informen, pregunten y sean el factor de cambio para exigir a las escuelas, pues niñas, niños y adolescentes muchas veces desconocen qué es la violencia sexual porque el tema no está contemplado en los programas de estudio.
“En esta última sentencia, el juez Padierna del Reclusorio Sur establece como parte de la reparación del daño, cuando se ejecute porque todavía está en apelación, que se haga un día en el calendario escolar en el que se hable con los niños y niñas del abuso sexual, de este tipo de violencias y de qué hacer si les pasa; es una de las medidas de no repetición”, explica Gil.
Otras determinaciones de la sentencia
En la sentencia de la causa penal 258/2021 también se ordena a la SEP, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y a la Fiscalía General de la República (FGR) que, según sus competencias y atribuciones, establezcan políticas públicas relacionadas con la sensibilización de los especialistas de la salud que tienen contacto con víctimas de delitos sexuales.
Además, obliga a la SEP a impulsar políticas relativas a la creación de espacios escolares seguros para todos los jardines de niños de la CDMX, para las que debe tomar en consideración que, entre otras cosas, existan espacios que permitan la visibilidad interior y exterior de los salones de clases, áreas administrativas, baños y juegos, así como personal encargado de la vigilancia de los y las estudiantes.
“Asimismo, deberán realizar materiales didácticos —como infografías— relativas a la prevención de los delitos de abuso sexual. Dichos materiales deberán publicarse, cuando menos, en la página web oficial de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y de la Secretaría de Educación Pública para el conocimiento de la sociedad”, dice la resolución.
En ella, el juez subraya que, como el sentenciado era funcionario adscrito a la SEP, el Estado debe responder por la actividad irregular de sus integrantes de manera objetiva y directa, pues en el caso, denunciado por primera vez en 2018 y en el que se fueron acumulando víctimas, ha quedado plenamente demostrado que las niñas y niños sufrieron graves actos de violencia sexual, no solamente de manera individual, sino que “vistos en su conjunto se trató de actos sistematizados y reiterados practicados de forma tal que infundieron miedo y terror en todos ellos, por lo que está demostrado el alto grado de sufrimiento que padecieron”.
En Es un secreto, la ODI resalta que ha litigado casos en los que niñas y niños muy pequeños han sufrido violencia inimaginable en preescolares y primarias públicas y privadas. Algunos, apuntan, son notablemente distintos al abuso sexual infantil cometido por un maestro en contra de alumnos: “Se trata de patrones delictivos marcados por acciones organizadas entre varios adultos y perpetradas de manera masiva dentro de un plantel escolar”.
Ahí, se asienta que estas formas graves de violencia develan, a su vez, tres problemas adicionales: las escuelas en nuestro país carecen de supervisión efectiva, múltiples fiscalías locales y la federal han tenido conocimiento de estos casos durante años y han sido incapaces de investigarlos adecuadamente, incluso cuando se trata de denuncias expresas de posibles delitos de explotación sexual infantil, mientras que padres y madres carecen de información adecuada sobre cómo hablar con hijos e hijas para detectar posible violencia sexual.
La sentencia por el caso del Marcelino de Chámpagnat fija la cantidad de 1 millón 450 mil 800 pesos para la familia de cada una de las víctimas directas, debido a que el daño que sufrieron las niñas y los niños es considerado grave por tratarse de su libertad sexual y su sano desarrollo, lo que implicó la búsqueda de justicia desde 2018 hasta diciembre de 2021, cuando se declaró la plena responsabilidad del autor de los hechos, ahora en proceso de apelación.
Si la sentencia es ratificada, la SEP y la Autoridad Educativa Federal en la CDMX también deberán realizar un acto público de reconocimiento de su actividad irregular en relación con los hechos del caso. Además, el tribunal unitario de enjuiciamiento del Centro de Justicia Penal Federal en la capital, con sede en Reclusorio Sur, les ordena implementar de forma permanente cursos de capacitación dirigidos a todo el personal académico y administrativo de la institución respecto de prevención, detección y abordaje de situaciones de violencia sexual contra niñas o niños en el ámbito educativo.
A ello se suma la implementación de un programa de regularización académica acorde a la edad y el ciclo escolar de las víctimas, el otorgamiento de becas completas de estudio hasta el término de su educación superior y la garantía de educación en un entorno seguro. Hasta ahora, no existe un periodo aproximado para que se conozca la resolución definitiva.
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