La instancia pública más importante para la atención de las personas con discapacidad (pcd), el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis) no tiene personal suficiente, no cumple con sus metas y ni siquiera tiene un programa que guíe su trabajo, indicó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su revisión a la Cuenta Pública 2021.
La ASF detectó recortes presupuestales superiores al 60 por ciento, tareas que no se realizan e, incluso, que Conadis no tiene ni mecanismos que permitan corroborar la veracidad de las acciones que realiza, un panorama que se suma al abandono que ha sufrido el consejo en la actual administración, que ni siquiera ha nombrado un titular para el organismo.
En 2019, Conadis debería haber publicado el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (PNDIPD), el documento de planeación que integra el diagnóstico de la problemática que aqueja a las pcd en México para, a partir de ello, fijar los objetivos y líneas de acción que garantizaran avances en los derechos de esta población.
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Tres años después, el documento sigue sin existir, una realidad que representa una “limitante”, de acuerdo con el análisis del órgano fiscalizador.
La falta del PNDIPD tampoco permitió que se firmaran acuerdos de colaboración entre Conadis y otras instancias públicas, pues no se cuenta con un documento fuente que dé sustento legal a los convenios.
Una de las obligaciones de Conadis es tener reuniones de trabajo con instancias de la administración pública federal para promover la inclusión y el desarrollo de las personas con discapacidad. En 2021 apenas se celebraron 86 de las 150 reuniones planeadas en el año, debido a que la Dirección de Vinculación con Dependencias y Entidades de la Administración Publicación Federal se quedó sin titular, según la justificación del organismo.
Para la creación del Sistema Nacional de Información en Discapacidad, Conadis debería haberse coordinado con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en su lugar, el consejo presentó apenas una “propuesta de mapa conceptual”, lo que provocó una recomendación de la ASF.
Presupuesto apenas para sueldos
Inicialmente, la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 31 millones 048 pesos para Conadis para el desarrollo de sus funciones en 2021; sin embargo, el organismo sufrió un recorte del 60 por ciento, lo que dejó sus recursos en poco más de 12 millones de pesos; de ellos, el 71 por ciento se destinó a pagos de compensaciones garantizadas, sueldos base y remuneraciones de personal eventual; el resto se destinó a partidas como servicios personales, generales y a materiales y suministros, detalló el informe.
Otra recomendación de la ASF fue que Conadis haga estudios e investigaciones relacionadas con el desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad, pues el año pasado no hizo ninguno por falta de partidas presupuestales para ese concepto.
Las campañas de sensibilización y concientización de los derechos humanos de las personas con discapacidad constituyen una de las tareas de Conadis, sin embargo, el consejo dijo que usó las redes sociales para estas campañas, aunque no pudo acreditar la aseveración.
Al respecto, la ASF emitió una recomendación para que se definieran programas y campañas y generar información para los objetivos de sensibilización.
Igualmente, Conadis dijo que por el regreso paulatino a la normatividad, en 2021 no hubo condiciones para verificar la contribución o impacto en el cambio de conciencia y cultura social del respeto de los derechos humanos de las pcd.
“Se identificó la necesidad de que el Conadis mida hasta qué punto las acciones realizadas contribuyen a fomentar un cambio de conciencia y disminuir los hechos violatorios a los derechos humanos que se cometen en contra de las personas con discapacidad”, concluyó la ASF.
Trabajos sin comprobación
Participar en la elaboración de proyectos de iniciativa de ley para armonizar el marco jurídico a favor de las pcd es una más de las tareas y objetivos de Conadis que el año pasado reportó nueve propuestas de las 12 que tenía programadas; sin embargo, el consejo no pudo acreditar cuál fue su participación en los proyectos.
En una respuesta al señalamiento, Conadis dijo que la Dirección de Normatividad y Consulta del Conadis (responsable de la meta de iniciativas) no cuenta con suficiente personal para cumplir con las actividades.
A solicitud de grupos parlamentarios del Congreso de la Unión, Conadis emitió 34 opiniones técnico-jurídicas, relacionadas con inclusión de las pcd, creación de fondos nacionales y visibilización de las personas con síndrome de Down; sin embargo, la ASF detectó que no hay certeza de la confiabilidad de la información emitida sobre las opiniones técnicas, pues en la Cuenta Pública Conadis dijo que eran 35, mientras que en los medios de verificación estableció que eran 34, aunque solamente se pudo corroborar su participación en 12 opiniones.
Igualmente, el consejo reportó que participó en la elaboración de nueve anteproyectos de iniciativas de reforma y 19 modificaciones a disposiciones jurídicas. Al respecto, el órgano fiscalizador dijo que el consejo no pudo acreditar su participación en dichas actividades.
“… se identificó que el consejo requiere fortalecer sus mecanismos de control para contar con información que le permita documentar su participación en dicha actividad y la relación que tuvieron las modificaciones con los derechos de las personas con discapacidad”, dijo al respecto la auditoría.
Conadis tampoco pudo cumplir con las acciones de fomento en materia de derechos humanos de las pcd. Apenas realizó 16 por ciento de las capacitaciones de sensibilización a dependencias y organismos públicos, aunque, de nueva cuenta, se detectaron “inconsistencias” en los registros entregados.
En los cursos -diferentes a las capacitaciones- se repitió el esquema: metas incumplidas e información que no pudo ser acreditada.
La ASF identificó la necesidad de que Conadis priorice la impartición de cursos a las instituciones que presentan más quejas en su contra por presuntas violaciones a derechos humanos de las personas con discapacidad “a fin de fomentar un cambio de conciencia, ya que con la fiscalización se identificó que de las mil 572 quejas recibidas por la CNDH, durante el periodo 2018-2021 por presuntas violaciones a los derechos humanos, se observaron 513 en contra de la Secretaría de Bienestar y 412 del Instituto Mexicano del Seguro Social”.
En la Cuenta Pública, Conadis dijo que había canalizado a 50 personas con discapacidad para que acudieran a instancias a poner su queja en organismos de defensa, sin embargo, la cifra “no se corresponde con el registro de las 70 solicitudes atendidas, por lo que se observó que no atendió la totalidad de las solicitudes recibidas; lo que denota la necesidad de que fortalezca sus mecanismos de control para contar con información confiable y cumplir con las metas programadas”.
La discrepancia motivó una recomendación más para tener mecanismos de control y verificación confiables.
A inicios de año circuló una propuesta del Ejecutivo para desaparecer varios organismos, entre ellos, Conadis, que sería fusionado con la Secretaría de Bienestar, como lo reportamos en Una desaparición anunciada: Conapred, Conadis e Inapam.
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