EU posterga responder sobre asesinato de Patrulla Fronteriza

El gobierno de Estados Unidos tendrá 30 días para contestar las preguntas que le planteó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre su responsabilidad en el asesinato de Anastasio Hernández Rojas a manos de la Patrulla Fronteriza en 2010, y que declinó contestar al momento de la audiencia del organismo. 
Esta es la primera vez que el gobierno estadounidense ha tenido que rendir cuentas por su abuso e impunidad en la frontera, pero no fue capaz de responder, afirmó Andrea Guerrero, abogada del caso. “Nuestro país no es líder ni modelo en derechos humanos; es un día vergonzoso para Estados Unidos”, añadió. 
Ante la falta de una mejor respuesta, la esperanza de la familia y las abogadas es que la comisión pueda ver entre las sombras y mentiras y ayudarles a obtener justicia, pues no solo se trata de Anastasio, sino del trato que merecen todas las personas, señalaron.

Recordaron que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU (CBP, por sus siglas en inglés) es la fuerza policial más numerosa de EU, que sigue deteniendo y abusando de las personas sin consecuencias. 
“La CBP es la mayor amenaza a los derechos humanos en los Estados Unidos; no conocemos a otra agencia del país que pueda evadir lo que esta agencia puede. Ellos y el gobierno de Estados Unidos tienen que responder por lo que le hicieron a Anastasio y lo que continúan haciendo. Este es el primer caso, pero no el último”, advirtió Guerrero.
De acuerdo con la Coalición de Comunidades de la Frontera Sur (SBCC) de Alliance San Diego, los casos de abuso de la fuerza por parte de la Patrulla Fronteriza han aumentado en los últimos años, al pasar de 592 en 2019 a 970 en el último año fiscal, como publicó Animal Político.

Peter Mina, oficial de derechos y libertades civiles del Departamento de Seguridad Nacional; Thomas Hastings, representante del gobierno estadounidense ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), y David Bova, de la CBP, se limitaron a ofrecer sus condolencias a la familia, a asegurar que el gobierno de ese país está comprometido con los derechos humanos y a enlistar las reformas que la normativa de la CBP sobre uso de la fuerza ha tenido desde 2010.
Ante ello, las abogadas solicitaron que la CIDH se apege al artículo 38 de su reglamento, que indica que los hechos alegados en la petición se presumirán como verdaderos cuando el Estado en cuestión no dé información relevante para controvertirlos.
En respuesta a las preguntas formuladas por la CIDH respecto de la acusación de haber destruido evidencia en el caso de Anastasio, del conocimiento sobre el hecho de que un acuerdo civil —al que llegaron con la familia— no les exime de responsabilidad, del trato a la víctima y de la deuda en torno a la prohibición de la tortura, entre otros puntos, los representantes de EU se limitaron a responder que tomaban nota y contestarían posteriormente por escrito.
Roxana Altholz, también abogada en el caso, respondió que la familia esperaba más del gobierno de EU, y que si bien sus políticas para el uso de la fuerza se han ido actualizando, no se ajustan a los estándares internacionales, que rechazan, por ejemplo, el uso de pistolas eléctricas y limitan el uso de la fuerza a los criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
Las nuevas políticas de la CBP —subrayó— no hubieran evitado la muerte de Anastasio, pues la Patrulla Fronteriza aún considera que el uso de la fuerza responde al criterio de “razonabilidad”, que en la legislación estadounidense se deriva de la sensación o percepción subjetiva de amenaza por parte de cada agente. Recordó, además, que el uso de la fuerza sigue creciendo sin que haya responsabilidad, imputación de delitos, sentencias o reapertura de investigaciones. 
Pese a las modificaciones de las políticas de la Patrulla Fronteriza, 2021 es el año en el que más muertes atribuidas a incidentes con sus agentes se han reportado (58), según detalla un análisis de la SBCC. En lo que va de 2022, estas ya suman 41 y en 2020 se registraron 35, mientras que en 2019 y todos los años previos no rebasaron 17.
Lee más: 12 años después, un caso de abuso de la fuerza, asesinato y encubrimiento de la Patrulla Fronteriza de EU llegará a la CIDH
“Pasó lo que nunca me imaginé ver”
En mayo de 2010, Rafael Barriga Pulido, residente de Tijuana, México, era empleado en un puesto de migración mexicano, en el área de repatriación, en el puerto de entrada de San Ysidro. Su lugar de trabajo estaba muy próximo a la cerca divisoria entre México y EU.
El 28 de ese mes, mientras laboraba su turno nocturno, una mujer entró a alertarle de que saliera rápido porque estaban golpeando a alguien. Una vez afuera del puesto migratorio, comenzó a escuchar gritos. En un principio, unas camionetas tipo Tahoe no le dejaban ver lo que pasaba, pero había más gente pidiendo que la golpiza parara. Era una zona de cruce peatonal, a unos metros de la frontera mexicana.
“Basta de golpearlo”, “No es un animal”, “Deténganse ya” y “Paren, por favor”, escuchó aquella noche. No podía hacer nada, pero tenía la obligación de saber lo que estaba pasando. Entre ocho y diez oficiales migratorios estadounidenses rodeaban a un hombre. Los gritos continuaban y también “los bastas llenos de dolor” de la víctima. Era Anastasio. Unos momentos después, el personal de la Patrulla Fronteriza lo movió de lugar intentando ocultar lo que ocurría. 
—¿Qué pasó entonces? —le interrogó la abogada Altholz durante la audiencia de este viernes.
—Pasó lo que nunca me imaginé ver en el tiempo que llevaba de oficial: traían a un hombre por el suelo, pateándolo, rodándolo como si fuera un barril, sin importarles sus gritos de dolor.
Más adelante, continuó: “No es fácil para mí, pero tengo que decir lo que vi. Después de querer incorporarse, le sujetaron las piernas hacia arriba, y cuando involuntariamente reaccionó, le aplicaron tasers ocasionando que su cuerpo convulsionara y temblara de abajo hacia arriba”.
Unos 20 minutos después, esa misma noche pudo intercambiar un par de palabras con una oficial de EU que trataba de calmar a la gente. Le preguntó primero si no creía que eran demasiadas personas para controlar a una sola, sobre todo en las condiciones en las que estaba; después, si sabía su estado de salud. Como única respuesta, le dijo a Rafael que no se preocupara.
Ante la CIDH, el exempleado de migración aseguró que en ningún momento vio a Anastasio agredir a los oficiales de la CBP o representar un peligro para ellos. Dos años después, fue llamado a declarar ante un Gran Jurado. Asegura que solo le reiteraron preguntas que le hicieron en Tijuana a los pocos días de la muerte, pero el tono y la insistencia le dieron la impresión de que querían hacerlo caer en contradicciones o poner su credibilidad en duda.
María Puga, viuda de Anastasio —a quien conoció en EU en 1989—, narró cómo vivió en aquellos días la opacidad sobre las condiciones de la muerte de su esposo, la custodia de agentes de EU aun cuando ya estaba en el hospital con muerte cerebral, las horas que pasaron antes de que la dejaran verlo y la falta de explicaciones. 
Después, el video que conoció el día de su funeral, cuando alcanzó a distinguir los gritos de Anastasio en el televisor: “Me llené de dolor, de rabia, de impotencia, de escuchar cómo mi esposo gritaba de dolor. No sabíamos todavía quién le había hecho eso a Anastasio. Cuando sale el segundo video, vimos a todos esos agentes torturándolo, gritando, quitándole su ropa. Mi esposo gritaba por ayuda. El gobierno nunca presentó cargos; hasta ahora no entiendo por qué, si en los videos está claramente cómo lo asesinaron”.
Su familia, particularmente su hijo que entonces tenía 12 años y ahora tiene 24, no ha podido superar la muerte de Anastasio. Sus padres fallecieron deseando aún la justicia. Eso es todo lo que pide ahora y un poco de paz: una disculpa pública, la reapertura del caso y la modificación de las políticas de uso de la fuerza para la Patrulla Fronteriza.
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