La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia en contra de Jesús Murillo Karam, exprocurador general de la República, por el delito de lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Según las autoridades, una empresa familiar resultó beneficiada con contratos del Gobierno Federal mientras era funcionario público.
La UIF señaló que dicha denuncia fue presentada el 14 de noviembre ante la Fiscalía General de la República, luego de identificar que en dicha empresa familiar están como socios un sobrino, un yerno e hijos del exprocurador.
Nueva investigación contra Murillo Karam
La nueva investigación contra Murillo Karam surge tras un análisis de riesgo respecto a mexicanos mencionados en la investigación de los Pandora Papers, entre ellas Jesús Murillo Karam.
De acuerdo con las autoridades, la empresa obtuvo licitaciones por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en el periodo de 2013 a 2015.
“En ese mismo lapso tenía como secretario al hijo del entonces titular de la SCT, por lo que, posiblemente se trató de un esquema de contraprestaciones mutuas, en donde a través de influencias se benefició con contratos de la empresa familiar”.
Además, la UIF señaló que la empresa presentó diversas irregularidades al constituirse ya que los domicilios que utilizó no son acordes a las actividades que decía desempeñar.
También se identificó envío y recepción de recursos con empresas listadas en el 69 B del Código Fiscal de la Federación, por lo que podría dar lugar a una posible defraudación fiscal.
En un último punto, la UIF informó que en 2017, Murillo Karam recibió 2.8 millones de dólares por concepto de un retorno de inversión del extranjero.
Además, explicó la UIF, entre 2020 y 2021 colocó en el extranjero 26.3 millones de pesos en cuentas propias, recursos que no fueron declarados ante las autoridades fiscales del país y que le podrían hacer acreedor a más investigaciones en su contra.
El exprocurdaror está preso en el Reclusorio Norte desde agosto pues está señalado por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia en el caso Ayotzinapa, donde fue el principal artífice de la llamada “verdad histórica”.
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