El acuerdo anunciado por el Gobierno de la Ciudad de México con la plataforma Airbnb no ha sido bien recibido por vecinos de barrios y alcaldías de la capital, quienes protestaron este jueves para reclamar que las autoridades privilegian una política inmobiliaria que solo es rentable para empresas, y no para los ciudadanos, y exigieron que haya regulación para los espacios de alojamiento.
Colectivos, cooperativas, ciudadanos y activistas acudieron frente a las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), para entregar un pliego petitorio en el que demandan que se privilegien los proyectos que garanticen hogares dignos a los habitantes de la CDMX, antes que el desarrollo turístico que en algunas colonias ha provocado la expulsión de habitantes que no pueden pagar los altos costos de la renta o que son avisados de que los departamentos que alquilan serán convertidos en espacios para Airbnb.
“El cumplimiento del derecho a la vivienda adecuada está en crisis. Por años le han hecho creer a muchas personas que las fallas estructurales son solo problemas personales producto del azar o de la falta de esfuerzo, pero la realidad es que la Ciudad de México vive una financiarización de la vivienda. Para las grandes empresas, apoyadas por las autoridades, la vivienda ya no importa como un espacio para vivir, sino como un activo financiero”.
Con estas palabras, Máximo Ernesto Jaramillo, activista y académico, dio inicio al mitin en el que se leyó un pronunciamiento que se entregó a las autoridades, mismo que denuncia: “El 99% de los ingresos por vivienda de alquiler se queda en el 10% de la población más rica, con ganancias históricas que se logran gracias a la pérdida de espacios para vivir, y muchas veces a partir del sufrimiento de la población, por medio de desalojos forzosos”.
De acuerdo con Jaramillo, desde 2005, los precios de acceso a la vivienda en la CDMX se han incrementado en 235%, lo que ha llevado a que al menos la mitad de las viviendas de la Zona Metropolitana —y no solo de colonias como Roma, Condesa, Polanco y Juárez— estén por encima de los 3.2 millones de pesos, un precio que solo el 3.4% de la población capitalina puede pagar.
El activista, integrante de Gatitos contra la Desigualdad, denunció que los desalojos ilegales y arbitrarios son cada vez más frecuentes, gracias a “las lagunas legales no atendidas por las autoridades que permiten que la fuerza pública sea ejercida durante las diligencias en las que suelen destruirse las posesiones de las familias”.
La abogada Carla Escoffié señaló que la situación de crisis de vivienda “ocurre de Tijuana a Chetumal” y “es por culpa de 50 años de una política de vivienda que se centró en darnos créditos hipotecarios, se creyó que con créditos se iban a arreglar todos los problemas de vivienda; lo que estamos viendo son las grietas de la política de vivienda en México, que en realidad es una política inmobiliaria”.
“No más ciudad mercancía”.
Manifestantes se reúnen afuera de las instalaciones del @seduviCDMX para la protesta convocada por diversos colectivos y ONG en exigencia del derecho a la vivienda en la CDMX.
📸 @ere_aquino. pic.twitter.com/YvvmxaEAD1
— Animal Político (@Pajaropolitico) November 17, 2022
“No más gentrificación o habrá revolución”
Durante la protesta, los manifestantes gritaron consignas como “No más gentrificación o habrá revolución”, “Fuera multinacionales de nuestras ciudades” y “Nomadismo digital es racismo estructural”, en alusión al anuncio del convenio de la CDMX con Airbnb, que, de acuerdo con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, está enfocado en atraer a la capital a extranjeros que cuentan con trabajos vía remota.
Para algunos vecinos, este anuncio “fue la gota que derramó el vaso”. Una de las integrantes del colectivo Amor denunció que en diferentes edificios del Centro Histórico desde hace años comenzó un proceso de despojo, mediante el acoso de inmobiliarias que compran edificios de departamentos para convertirlos en departamentos de lujo u hoteles.
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Otros grupos, como el del Pueblo de Xoco, señalaron que las autoridades se han negado a atender las demandas de los ciudadanos que no están de acuerdo con el establecimiento de complejos comerciales como Mítikah, que para su construcción privatizó espacios públicos y afectó al medio ambiente.
Al terminar de dar sus testimonios, los asistentes dieron lectura al pliego petitorio que fue entregado en la Seduvi, con el que exigieron la elaboración de un plan estratégico que garantice el acceso a la vivienda y de una ley inquilinaria que equilibre los derechos de las personas arrentadarias y arrendadoras, e incluya medidas contra el aumento desproporcionado de las rentas.
También pidieron que se establezcan políticas fiscales que desincentiven la especulación de la vivienda, así como que se cumpla la promesa del gobierno capitalino de dar apoyo para las rentas a poblaciones vulnerables y personas expulsadas por la crisis de vivienda.
Entre las demandas de los manifestantes se encuentra también que las autoridades limiten los espacios que puede ocupar Airbnb en la CDMX, que se suspenda cualquier trato que el gobierno capitalino tenga con la empresa y que se haga público el acuerdo, del que únicamente se conoció por el anuncio que dio Sheinbaum el pasado 26 de octubre en una conferencia de prensa.
Al finalizar la protesta, los vecinos anunciaron que continuarán manifestándose contra Airbnb y para la exigencia de política pública de vivienda, así como la conformación de mesas de trabajo entre distintos colectivos y cooperativas para establecer una agenda conjunta.
¿Qué dice el acuerdo entre la CDMX y Airbnb?
Animal Político tuvo acceso al memorándum de entendimiento mediante el cual se estableció el acuerdo en el que se involucran la CDMX, Airbnb y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), en el que se especifica que este “no crea ningún derecho u obligación legalmente vinculante o exigible” entre los participantes.
El documento indica que el objetivo del acuerdo es “promover y difundir la reactivación del turismo en la Ciudad de México, en apego al respeto de las comunidades locales y ecosistemas naturales, así como visibilizar la cadena de valor de micro, pequeños y medianos empresarios turísticos, a fin de acelerar la recuperación económica de los destinos y localidades” de la capital.
Según el acuerdo, este se limita a la creación de una campaña de promoción enfocada en los atractivos de la CDMX, “así como aprovechar la coyuntura actual para hacer de sus destinos la alternativa preferida por turistas nacionales y extranjeros, además de incrementar la recuperación económica de pequeños empresarios”, y especifica que los nómadas digitales son “uno de los principales objetivos de promoción”.
Asimismo, se contempla la creación de un portal de información estadística que contribuya a construir perfiles de los viajeros, conocer nuevas tendencias turísticas y difundir la oferta de la ciudad.
En cuanto a la participación de la Unesco, el acuerdo establece que se implementarán dos talleres de identificación de actores para promover el turismo creativo en la CDMX, con el fin de que el sector creativo desarrolle competencias y pueda beneficiarse de la campaña promocional, para el desarrollo económico local en corredores turísticos no tradicionales, como Xochimilco, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero o Iztacalco.
Con este convenio también se dará seguimiento a la donación hecha por Airbnb en 2021 a la Secretaría de las Mujeres en la capital, “a fin de emplear los recursos en diversas acciones que contribuyan a promover una vida libre de violencia y empoderamiento de las mujeres en la ciudad”.
Este acuerdo, con el que la CDMX se une a una lista de destinos de todo el mundo para nómadas digitales —junto con Dubai, Lisboa, Buenos Aires, Palm Springs y Queensland, entre otras ciudades—, tiene una vigencia de dos años con posibilidad de ser renovado.
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