La despenalización del aborto en América Latina está marcada por los contrastes: mientras Colombia logró este año la legislación más avanzada, que legaliza el aborto a nivel nacional hasta la semana 24, Centroamérica aún se enfrenta a rezagos que se traducen en batallas legales para lograr que las mujeres accedan al aborto aun en casos de emergencias obstétricas.
La sentencia C-055 de Colombia, publicada el 21 de febrero, incluso va más allá: establece que el Congreso y el gobierno nacional, además de cumplirla de manera inmediata, están obligados a implementar una política pública integral que, como mínimo, debe contener la divulgación clara de las opciones disponibles durante y después del embarazo, y la eliminación de cualquier obstáculo para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.
Además, se mandata la existencia de instrumentos de prevención del embarazo y planificación, el desarrollo de programas en materia de educación sexual y reproductiva, medidas de acompañamiento a las mujeres gestantes y medidas que garanticen los derechos de los nacidos en circunstancias donde se deseaba el aborto.
En contraste, en la misma región siguen existiendo retrocesos o leyes que penalizan absolutamente el aborto, como ocurre en El Salvador, que no solo prohíbe cualquier tipo de aborto, sino que ejerce una persecución penal en un contexto de criminalización generalizada, donde incluso las mujeres que enfrentan emergencias obstétricas —abortos espontáneos o partos extrahospitalarios— pueden vivir esta situación, explica en entrevista Carmen Cecilia Martínez, directora asociada de estrategias legales del Centro de Derechos Reproductivos para América Latina y el Caribe.
De acuerdo con la OMS, en los países donde hay más restricciones en torno al aborto, solo uno de cada cuatro que se realizan es seguro. En cambio, casi nueve de 10 resultan seguros en aquellos países donde este procedimiento es ampliamente legal.
Si bien los contrastes hablan de una dualidad en la región, acota Martínez, al mismo tiempo el balance de los últimos dos o tres años puede considerarse positivo. La mayoría de los países de la región sigue penalizando el aborto de una u otra forma, cuando ya está comprobado que las restricciones no reducen la posibilidad de que las mujeres y personas gestantes busquen este servicio, sino que las orillan a que pueda resultar inseguro.
“Colombia hoy está al más avanzado nivel en la región, porque lo que queda allí es un delito que sigue existiendo, porque todavía permea el estereotipo de que las mujeres o las personas con capacidad de gestar tienen como último fin la reproducción, y de alguna forma se perpetúa ese rol con la prevalencia del delito en el sistema penal, pero lo cierto es que despenalizar el aborto hasta la semana 24, y que además se pueda acceder a partir de las causales que ya existían —sin límite de tiempo en caso de peligro para la salud o la vida de la madre, malformaciones del feto o violación y fecundación no consentida—, pone a Colombia alineada no solamente con los estándares internacionales de derechos humanos, sino con las últimas directrices que sacó la OMS sobre la atención para el aborto”, señala Martínez.
En sus nuevas directrices publicadas este año, además de las recomendaciones médicas respecto al aborto, la OMS recomienda eliminar todos los obstáculos normativos innecesarios para el aborto seguro, como la penalización, los tiempos de espera obligatorios, los requisitos relativos a que personas o instituciones den su aprobación, así como los límites respecto del momento del embarazo en que puede realizarse un aborto. Todas esas barreras, señala la organización, pueden provocar retrasos críticos.
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“La recomendación es justamente la abolición de la regulación penal del aborto; se recomienda eliminarlo de todas las leyes penales y garantizar así que no haya sanciones por tener, asistir, proporcionar información sobre aborto o el servicio per se. Lo que se ha comprobado es que la existencia del delito no persuade a las mujeres de que no lo vayan a buscar, sino que además puede ser regulado por otras vías, como el sistema de salud; así es en Canadá y Nueva York”, explica Martínez.
En la región no logra distinguirse, añade, cómo es que el aborto es un derecho y un servicio esencial de salud, que según la OMS debe estar disponible todo el tiempo —incluso en época de COVID-19—, y al mismo tiempo es un delito. Esta dualidad no permite diferenciar las formas de prestación entre lo que es legal y aquello que la ley dice que no lo es, por lo que estas normas terminan dificultando el acceso a información, confidencialidad, al secreto profesional y a otros servicios.
Roe vs. Wade: Latinoamérica vs Norteamérica
En una región que sigue conservando uno de los índices más altos de muertes maternas en el mundo —67 por cada 100 mil nacidos vivos—, ha crecido una conciencia colectiva y regional para liberalizar las leyes de aborto y alinearlas con las obligaciones internacionales. Antes de Colombia, en 2012 Uruguay despenalizó hasta las 12 semanas y Argentina en 2020 hasta las 14. En Cuba, ha estado despenalizado hasta la doceava semana desde los 60.
En México, solo ha ocurrido por entidades desde 2007, cuando fue despenalizado en la capital para las primeras 12 semanas de gestación. Hasta ahora, la despenalización del aborto voluntario bajo ciertas condiciones ha alcanzado a 11 estados: CDMX, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California, Colima, Coahuila, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur y Quintana Roo. A esto se suma la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del 7 de septiembre de 2021, mediante la cual resolvió que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta.
En contraste, el 24 de junio, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló la histórica sentencia conocida como Roe vs. Wade, que desde 1973 garantizaba el derecho al aborto en el país. Esa decisión —con votación dividida— abrió el camino para que el aborto pueda ser penalizado en los estados que lo consideren.
Para Martínez, es innegable que existen discursos, narrativas e incluso movimientos muy organizados y con capacidad de responder e intentar poner sobre la mesa una agenda que no es la de derechos humanos, con información que no está ajustada a la investigación científica y no está libre de sesgos ni discriminación. Por ello, el movimiento feminista latinoamericano ha sido muy fuerte en desmitificar esos discursos.
“Frente a la penalización del aborto, no estamos diciendo que no tenga que estar regulado, sino que debería estarlo en el sistema de salud, ¿qué otro servicio se encuentra regulado por fuera y en el sistema penal, en particular? Es un delito que nace a partir de los estereotipos, y con evidencia se ha demostrado que en los países que han apostado a la despenalización, como Canadá, sus índices fueron descendiendo”, señala.
Del mismo modo, la educación sexual ha sido también un factor clave. Ante la insistencia de grupos antiderechos, Martínez subraya la importancia de recordar que no se trata de si estamos de acuerdo o no con el aborto, ni mucho menos de la obligatoriedad de acceder a él, sino de que esté disponible para quien lo necesite.
El movimiento latinoamericano, desde su perspectiva, ha acertado en esa concientización que se conoce como despenalización social. En ese terreno, basta con la conciencia de que tiene que estar disponible para las mujeres que lo necesitan, y sobre todo para aquellas que viven otras vulnerabilidades, porque la criminalización no le ocurre a las mujeres que cuentan con los recursos económicos suficientes.
Rezagos en Centroamérica y precedentes para el personal de salud
Manuela era una mujer que en febrero de 2008 transitaba su tercer embarazo. Además, padecía cáncer linfático que no había sido diagnosticado. A pesar de que acudió varias veces a los servicios médicos de El Salvador, nunca la derivaron a atención especializada para identificar qué causaba sus tumoraciones en el cuello.
Era una mujer cabeza de familia, tenía dos hijos y vivía en un contexto rural. Un día tuvo una emergencia obstétrica: un parto extrahospitalario le provocó un desmayó y le sobrevino una hemorragia. La trasladaron al hospital, que se encontraba a unas cuantas horas, en una hamaca. Cuando finalmente llegó, en lugar de brindarle atención médica —porque ya tenía síntomas de preeclampsia grave—, el personal de salud le hizo un interrogatorio y activó el sistema penal.
La doctora, además, sostenía que estaba escondiendo el producto de una infidelidad y había cometido un delito. A partir de ahí, se rompió el secreto profesional y se desencadenaron violaciones a sus garantías judiciales, sin que se le otorgara su derecho a una defensa. Manuela fue condenada a 30 años de prisión por homicidio agravado. En la cárcel, su estado de salud se deterioró por el cáncer y falleció.
Este caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2010 y la sentencia fue notificada apenas en noviembre de 2021. En ella, se establecen reparaciones estructurales: el diseño de una regulación clara sobre los alcances del servicio profesional médico, la protección de la historia clínica, estándares para una regulación que establezca expresamente que el personal médico y sanitario no tiene una obligación de denunciar a mujeres que hayan recibido atención médica por posibles abortos, entre otros.
Además, ordenó que se creara un protocolo de atención a mujeres que experimentan eventos obstétricos, subraya Martínez, quien fue litigante en el caso, con criterios claros para que accedan a información y servicios de salud. Para ella, se trata de una gran medida de no repetición para que el personal de salud no pueda ser criminalizado por proteger el secreto profesional y para que las mujeres que viven emergencias no sean perseguidas. Pero a un año de esta sentencia, las mujeres siguen enfrentando la penalización en ese país y otros de Centroamérica.
La sentencia Manuela y otros vs. El Salvador debería ser un referente para reabrir la discusión pública en las instituciones de poder respecto de los efectos desproporcionados de la criminalización del aborto, y tendría que ser cumplida íntegra y prontamente por los poderes de ese país, pero también tener un impacto en América Latina, o al menos los Estados que forman parte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, sostiene Martínez.
“Los estándares que crea la sentencia son importantísimos y, desde el Centro, pero también con muchas organizaciones de la región que hacen parte de la ola verde, estamos trabajando, porque uno pensaría que solo en El Salvador pasan estas cosas, pero lo cierto es que, en países como Honduras, Ecuador, incluso en Colombia, hay todavía casos de criminalización de personas por el supuesto delito de aborto, y muchos de estos casos se activan justamente a partir de una notificación por parte de los operadores de salud, a los que no les corresponde de ninguna forma perseguir penal o criminalmente a las personas que buscan un servicio de salud”, subraya.
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