El Senado despachó este miércoles el proyecto de reforma constitucional para que las Fuerzas Armadas puedan resguardar infraestructura crítica, por lo que pasará a su siguiente trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados.
La iniciativa contó con 46 votos a favor y sólo uno en contra, de la senadora independiente Fabiola Campillai. En concreto, lo que hace es permitir al Ejecutivo convocar a las Fuerzas Armadas a proteger infraestructura crítica ante un peligro “grave o inminente” de esta, entendiendo por infraestructura crítica el conjunto de instalaciones o servicios esenciales y de utilidad pública, así como aquellos cuya afectación cause un grave daño a la salud o al abastecimiento de la población, a la actividad económica esencial, al medioambiente o a la seguridad del país. Esto sin que signifique suspender o limitar los derechos y garantías establecidos en la Constitución, a diferencia del Estado de Excepción constitucional.
La iniciativa dejará a una futura ley los criterios específicos para su definición y las obligaciones a las que van a estar sujetos los organismos a cargo de esta infraestructura.
Tras la aprobación, la ministra del Interior, Carolina Tohá, explicó en la sala el camino que tuvo la iniciativa para llegar a mayores niveles de respaldo, recordando de paso que esta propuesta había surgido como una alternativa para enfrentar la crisis en La Araucanía.
Uno de los que votó a favor fue el senador DC Francisco Huenchumilla, quien señaló que el proyecto “permite tener hoy día una arquitectura jurídica nueva, para que el estado pueda enfrentar los distintos riesgos que tenemos. Entonces se trata, en este proyecto, de cómo tú compatibilizas el deber del estado de darle seguridad a las personas y al país, y al mismo tiempo, respetas los derechos de las personas”.
Además, el legislador fue enfático en señalar que la iniciativa “no restringe ningún derecho constitucional, las garantías que establece la Constitución; al revés de lo que pasaba con los estados de excepción, donde había ciertos matices de restricción de ciertos derechos de las personas”.
