El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó este viernes una demanda en el Segundo Tribunal Ambiental en contra de cuatro iniciativas inmobiliarias ubicadas en áreas de preservación ecológica en las comunas de Colina y Lo Barnechea.
Se trata de las empresas Desarrollo La Dehesa SpA. a cargo del Proyecto Chaguay, MDPR SpA titular del proyecto Mirador Pie Andino, Inmobiliaria e Inversiones La Cumbre Oriente SpA, responsable del Proyecto La Cumbre y Inmobiliaria e Inversiones Chicureo SpA encargada de Hacienda Guay Guay.
Los cuatro complejos están estrechamente ligados a “poderosos” empresarios como Gabriela Luksic, hermana de Andrónico –de la familia controladora, entre otros, del Grupo Quiñenco, uno de los mayores conglomerados empresariales de Chile–; Vittorio Corbo Urzúa, hijo homónimo del expresidente del Banco Central y cotizado asesor y director de grandes empresas; Diego Errázuriz Zañartu, hijo de Antonio Errázuriz, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC); y José Luis Délano, hijo del empresario Carlos “Choclo” Délano –familia dueña del proyecto minero Dominga y controladora del cuestionado grupo Penta–.
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“Estos cuatro proyectos […] han ejecutado obras de urbanización consistentes en la construcción y aperturas de caminos y vías de tránsito, ensanchamiento de caminos interiores ya existentes, pavimentación, nivelación de terrenos, instalación de equipamiento de postaje, luminarias y tendido eléctrico aéreo y subterráneo, así como la instalación de redes de agua potable. Todas las obras mencionadas, se han ejecutado en terrenos rurales, que exceden el límite urbano, donde está prohibida la apertura de calles, subdividir para formar poblaciones, constituir núcleos urbanos al margen de la regulación, y se emplazan, además, en un Área de Protección Ecológica (en adelante “APE”) conforme al Plan Regulador Metropolitano de Santiago (desde ahora “PRMS”), el cual solo permite un acotado número de actividades en ella, dentro de los que no considera el desarrollo de proyectos con destino habitacional o residencial”, expresa la demanda de la CDE.
Según relata la demanda, las cuatro iniciativas inmobiliarias vulneran las normas de protección y conservación del suelo rural.
“En definitiva, se vulneran normas protectoras y conservadoras del suelo rural, en cuanto componente ambiental, base de servicios ecosistémicos y elemento imprescindible para la subsistencia de ecosistemas y biodiversidad, así como normas urbanísticas, que, en el mismo sentido, buscan impedir el surgimiento de nuevos núcleos urbanos, más allá de toda planificación territorial, sin medidas de mitigación y eventualmente de reparación o compensación ambientales”, expresa el escrito.
En ese sentido, desde el CDE apuntan que los responsables de los proyectos “han acudido a la estrategia de subdividir, lotear y urbanizar ilegalmente, a fin de forzar la regularización posterior de las obras y nuevos núcleos urbanos -bajo la lógica de los hechos consumados- de manera de obligar a la autoridad urbanística y ambiental a aceptar la habilitación de la zona como área de uso residencial en contra de lo establecido expresamente por el PRMS, y socializar la pérdida ambiental subsecuente”.
Historial de denuncias ambientales
Adicionalmente, estos proyectos inmobiliarios tienen un historial de denuncias ambientales. Incluso esta no es la primera demanda que presenta el Consejo de Defensa del Estado. El 24 de febrero de 2022 el CDE interpuso una querella criminal en contra de los representantes legales de las sociedades responsables de la ejecución de los cuatro proyectos, argumentando que estas obras se están ejecutando en un Área de Protección Ecológica.
Igualmente, la acción interpuesta por el CDE se basa en la afectación a Monumentos Arqueológicos por parte de la empresa Desarrollos La Dehesa SpA, mediante la ejecución del proyecto “Habilitación de Caminos de Acceso e Instalaciones Complementarias de la Subdivisión Agrícola Chaguay”.
En la misma línea, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) inició un procedimiento para exigir evaluación ambiental en octubre de 2022.
“En estos casos, hemos iniciado un procedimiento de requerimiento de ingreso al SEIA justamente por estimarse que hay una elusión al sistema ambiental”, explicó el superintendente del Medio Ambiente (s) Emanuel Ibarra a El Mostrador.
