La impunidad en nuestro país es como un iceberg, la punta que podemos observar es la cárcel de Punta Peuco. Es lo que vemos, sabemos que está ahí, podemos manejar su existencia exclusiva, y de alguna manera convivir con ella. Es más, para alguna parte no menor de la ciudadanía, esa es la única bandera de lucha que va quedando relacionada a la justicia transicional, aquellos mecanismos con que las sociedades ya en democracia responden a las violaciones a los Derechos Humanos cometidas bajo regímenes totalitarios. Pero lo que no vemos bajo el iceberg, siempre, es más preocupante.
Este iceberg esconde bajo el agua múltiples formas de impunidad, entre ellas, criterios anacrónicos y ambivalentes respecto de los Derechos Humanos en las políticas públicas, la revictimización sufrida tanto por las víctimas como familiares producto de los discursos negacionistas de aquellos crímenes por parte de ciertos sectores, y la falta de garantías de no repetición de aquellos crímenes, que el proyecto de Nueva Constitución rechazado contemplaba.
Pero la punta más profunda sumergida en este iceberg, la más fría e indolente de todas las formas de impunidad, es el Secreto de la Comisión sobre Prisión Política y Tortura, conocido como el informe Valech. Un secreto que debe durar 50 años, decretado en democracia, para toda la información respecto de quiénes, cómo y dónde cometieron los crímenes que aparecen en dicha comisión.
No existe una institución jurídica que ampare de una forma integral e injustificada la impunidad, como la imposición de ese secreto. Son 50 años en los que nadie puede tener acceso a los documentos, testimonios y antecedentes aportados a esa Comisión por quienes padecieron la prisión política y la tortura bajo la pasada dictadura cívico-militar.
La decisión política de legislar de esta forma nos crea muchas dudas razonables: ¿Por qué se quiso proteger las identidades de los autores de estos crímenes revelados a la comisión? ¿Cuáles centros de detención y tortura son nombrados los cuales desconocemos su existencia? ¿Qué antecedentes sobre detenidos desaparecidos fueron revelados, los cuales no podemos conocer? ¿Cuál fue la finalidad de crear una Comisión que buscaba acércanos a la verdad, pero su contenido se mantiene secreto?
Todas estas interrogantes son válidas, pero probablemente las respuestas nunca las tendremos. Pero lo que sí podemos hacer es evitar estrellarnos contra este iceberg, procurando corregir nuestro rumbo. Antes que sea demasiado tarde, el secreto Valech debe terminar.
A 50 años del golpe de Estado, queda mucho por hacer, pero tan poco tiempo para hacerlo. Durante estos 33 años en democracia el iceberg solo ha crecido y se nos acerca para terminar de hundirnos, por tanto, el tiempo para reaccionar apremia.
En este caso, por un lado, el tiempo avanza para llevarse a la tumba a los familiares de las victimas que por décadas han buscado la verdad, pero por el otro lado, pareciera que el tiempo se detiene congelado en el fondo del iceberg amparando la impunidad.
Por ello es urgente encausar el rumbo para presionar por el fin de los secretos que guarda el informe sobre la Prisión Política y Tortura. Sino, el año 2053 cuando esos secretos se hagan públicos, la verdad solo estaría llegando en forma de memoria, pero no de justicia. Entonces, quizás recién nos demos cuenta que el iceberg nos embistió hace muchos años.
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