Igualdad de género en instituciones de educación superior

Las universidades –desde su creación hace ya varios siglos– fueron instituciones pensadas por hombres y para hombres. De allí que se hayan instalado bajo lógicas fuertemente androcéntricas y masculinas. En Chile, el ingreso paulatino de las mujeres, desde fines del siglo XIX , como estudiantes, académicas y trabajadoras, fue tensionando sus estructuras, sus prácticas y las formas de relación que tienen lugar en su interior.
Han pasado muchos años desde que las primeras mujeres accedieron a las universidades, oyendo clases detrás de un biombo y en algunos casos acompañadas por sus madres. De allí en adelante, la sociedad chilena ha experimentado algunas transformaciones en materia de igualdad de género que hoy nos permiten ver, por ejemplo, que en las Instituciones de Educación Superior la matrícula femenina es más alta que la masculina; que hay mujeres académicas desarrollando investigación y otras tareas propias del quehacer universitario; un importante número de trabajadoras desempeñando distintas funciones; mayor presencia de mujeres en cargos de gobierno universitario; y que existen unidades especializadas en cuestiones de género trabajando en la formulación e implementación de políticas de igualdad.
Los cambios en las universidades se deben principalmente a un esfuerzo sistemático de muchas mujeres que desde hace siglos vienen luchando por mayores derechos y oportunidades en distintos planos de la sociedad. Se suman las políticas de igualdad de género que en Chile se comienzan a implementar desde comienzos de la década de 1990, que aun cuando no consideraron expresamente la situación de las universidades, sentaron las bases para los cambios posteriores. Sin duda, el mayo feminista de 2018 tuvo un rol central para que tanto las universidades como el Estado chileno adoptaran políticas para abordar cuestiones como la violencia de género, el acoso sexual, el sexismo en la docencia, entre otras situaciones aceptadas y naturalizadas en la vida universitaria.
En agosto del año 2021 se promulgó la Ley Nº 21.369, que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en instituciones de educación superior. Esta ley obliga a las instituciones a generar políticas integrales que favorezcan ambientes seguros y libres de toda forma de violencia y de discriminación basada en el género. Sin duda, estamos frente a un escenario esperanzador que permite avizorar mejores posibilidades para el desarrollo de las mujeres en los espacios universitarios. Sin embargo, si bien los instrumentos formales (leyes, políticas, protocolos, reglamentos y otros) ayudan, son insuficientes para erradicar prácticas discriminatorias tan arraigadas y con tantos años de tradición. En síntesis, no podemos bajar la guardia, porque los datos actuales dan cuenta de profundas brechas y desigualdades, y nos revelan que aún queda un largo camino que recorrer para alcanzar la igualdad sustantiva en el ámbito de la educación superior.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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