Polémica por el proyecto que establece multas para quienes saquen basura de contenedores

A pocos días de dejar el poder, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta impulsa la sanción de una ley que castiga con severas multas a las personas que saquen residuos de los contenedores desplegados en la vía pública. La pena económica que propone es mucho mayor aún en caso que esos individuos pertenezcan a una cooperativa, ya sea de las que oficialmente trabajan en colaboración con la Ciudad o de las denominadas paralelas.El proyecto es autoría de la ministra de Espacio Público e Higiene Urbana, Clara Muzzio, quien además desde el 10 de diciembre será la vicejefa de Gobierno, ya que integró la fórmula ganadora de las elecciones junto a Jorge Macri. Por eso su tratamiento en la Legislatura adquiere mayor relevancia, ya que puede ser un anticipo de la política que tendrá la nueva administración hacia ese sector.El texto fue aprobado la semana pasada de manera rápida por la Comisión de Justicia, que preside la radical Inés Parry, y rápidamente despertó críticas desde la oposición y los propios sectores involucrados.La ley, que sería tratada el jueves de no mediar cambios de último momento, intenta elevar el valor de las multas establecidas en el actual Régimen de Faltas, en el apartado relacionado con infracciones cometidas contra la higiene urbana, el espacio público y el medio ambiente. Establece por primera vez la obligación de realizar acciones de reparación verde, además del pago de multas económicas.Entre los puntos que no recibieron cuestionamientos se encuentran, por ejemplo, el incremento en las penas a los vecinos, consorcios o comercios que saquen la basura fuera del horario permitido, que es el de 19 a 21 horas. Y también a quienes no cumplan con la separación de los residuos domiciliarios, que se elevará de 14.446 pesos a 144.660, es decir 10 veces más.Pero uno de los artículos más apuntados del nuevo régimen es el que castiga a personas que “manipulen contenedores o puntos de disposición de residuos sólidos urbanos” colocados en la calle, con sanciones de más de 100.000 pesos.Y lleva esa cifra a más de un millón (1.000.000) para cuando la infracción “sea cometida por una persona jurídica”, como integrantes de una cooperativa, a los cuales además se les decomisarán todos los materiales recolectados y se los obligará a realizar acciones de reparación.Desde la oposición, encabezada por el Frente de Izquierda y Unión por la Patria, salieron a cuestionar al gobierno al que acusan de “perseguir” a los pobres.Las diputadas de Unión por la Patria, Claudia Neira y Lucía Cámpora, le pidieron al oficialismo más tiempo de discusión y también la presencia en comisiones de funcionarios del Ministerio de Higiene.Por su parte, las legisladoras Celeste Fierro y Vanesa Gagliardi, acusaron al gobierno porteño de ejercer un “clasismo racista y antipobre” por la pretensión de multar a “personas que remueven los contenedores para buscar comida”.“¿Por qué mejor no se preocupan por terminar con ese robo que es la privatización del servicio de recolección en lugar de penalizar la pobreza?”, cuestionaron a través de un comunicado de prensa.Para el jueves está prevista una movilización de sectores de izquierda y de integrantes de las principales cooperativas que trabajan en la Ciudad de Buenos Aires, aunque la expectativa está puesta en saber cómo actuarán los legisladores de las fuerzas políticas que integran Juntos por el Cambio.Si bien se descarta que los del PRO puro darán su aprobación, en medio de la crisis causada por el apoyo de Mauricio Macri a Javier Milei, nadie puede asegurar que actúen en bloque los que tienen origen en el radicalismo, Confianza Pública, la Coalición Cívica y el socialismo.Estos cuatro sectores han planteado internamente algunas dudas con respecto a la conveniencia de votar una medida que despierte polémica cuando falta poco para el cambio de gobierno a nivel local y de la renovación del 50 por ciento de los cargos legislativos.



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