Delitos menores saturan los juzgados del país

Delitos menores como robos simples o daños a la propiedad ajena, saturan hoy el sistema de justicia en México, aun cuando muchos de ellos podrían haberse resuelto con un mecanismo alternativo de solución de conflictos para evitar un juicio. Más de la mitad de las sentencias condenatorias que se dictan anualmente son por penas de tres años de prisión o menos, que corresponden a delitos no graves.
Un estudio de la organización Impunidad Cero, realizado a partir de cifras oficiales de todos los estados, identificó que el 53 por ciento de las condenas dictadas en el país por jueces locales fueron – en promedio – menores a tres años. Y hay entidades donde esta proporción rebasa el 70 por ciento.
“Es posible pensar que muchos casos se tratan de robos donde no se comprobó una agravante sin embargo, la alta proporción en varios estados permite presumir que hay una cantidad significativa de condenas por delitos menores como daño a propiedad ajena, amenazas y calumnia que podrían haberse resuelto con mecanismos alternativos”, indica el análisis.
De acuerdo con el estudio, el que haya un elevado número de condenas por delitos menores evidencia un mal funcionamiento del sistema de justicia por tres razones: Primero porque los principios del Derecho apuntan a una mínima intervención penal y proporcional a las conductas delictivas.
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De ahí que para delitos graves como un secuestro u homicidio no haya mecanismos alternativos más que la prisión, pero para un robo simple o daños sí los hay.
Segundo porque representa un uso “ineficiente de recursos” tanto económicos, por el costo que conlleva un juicio, así como por el tiempo que consumen estos procesos que podrían haberse cerrado incluso antes de llegar a tribunales. Se calcula que, por ejemplo, el costo de un proceso penal es de mínimo 18 mil pesos, más 230 pesos diarios si la persona procesada está en un centro de reclusión.
Y tercero porque implica una estigmatización grave de una persona que, por un delito menor, tendrá antecedentes penales con consecuencias sociales, laborales, entre otras, que son las mismas a las de una persona que también tiene antecedentes por un hecho grave.
“Llevar a proceso penal y hasta sus últimas consecuencias la sentencia para imponer sanciones menores es un uso desproporcionado del sistema penal, pues por un delito menor, no intencional o no violento, las personas quedan estigmatizadas social y legalmente con un antecedente penal que les hará más difícil su reinserción o participación en la vida económica y laboral” indica el análisis.
La buena noticia, destaca Impunidad Cero, es que con la implementación del nuevo sistema penal hay mayores mecanismos de soluciones alternas al juicio para casos no graves, por lo que este indicador podría venir a la baja. Prueba de ello es que los estados que llevan más tiempo implementándolo son los que cuentan con una menor proporción de juicios por delitos con sentencias bajas.

Según Impunidad Cero, el promedio nacional es de 53 por ciento de sentencias condenatorias dictadas por delitos no graves, sin embargo, hay estados donde esta proporción es mucho mayor.
El caso más grave – de acuerdo con el estudio – es el de Campeche donde el 90.2 por ciento de las condenas dictadas en 2016 fueron menores a tres años de prisión. Esto significa que en ese estado, 9 de cada 10 sentencias que se dictan corresponden a delitos no graves.
La condena de prisión dictada en estos juicios es relativa toda vez que este tipo de condenas pueden conmutarse por el pago de una fianza, si es que el procesado cuenta con los recursos para ello.
Luego de Campeche se encuentra Puebla en donde el 88.9 por ciento de las condenas dictadas son inferiores a tres años de cárcel. Le sigue Aguascalientes donde el 87.6 por ciento son sentencias por ilícitos no graves, Baja California con 87.4 por ciento y Guanajuato con 84.3 por ciento.
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“Las entidades con más de 70 por ciento de sus sentencias condenatorias de menos de tres años de prisión deben analizar sus políticas criminales en general y sus estrategias y políticas de persecución” subraya el estudio.
Solo hay ocho estados en donde menos de la mitad de las condenas que se dictan son mayores a los tres años de prisión. De ellos destaca Chihuahua donde solo el 9.4 por ciento de las sentencias son por juicios de delitos no graves.
Esto guarda correlación, según el análisis, con el hecho de que Chihuahua lleva varios años operando el nuevo sistema penal y ha depurado con mecanismos alternos la mayoría de los casos menores, lo que evita que lleguen a juicio.
Morelos es el segundo estado con menor cantidad de condenas inferiores a tres años: solo un 23.8 por ciento. La tercera entidad con la menor proporción de condenas por delitos no graves es Ciudad de México con 34.3 por ciento.
El resto de los estados que reportaron que sus sentencias condenatorias por delitos no graves son menos de la mitad son Baja California Sur, Coahuila, Tabasco, Veracruz, Jalisco y Oaxaca.

Un hallazgo positivo que reporta el estudio de Impunidad Cero es el crecimiento, gracias a la puesta en marcha del nuevo sistema penal acusatorio, del número de investigaciones que se inician y que llegan a un resultado.
De acuerdo con su análisis, con el viejo sistema penal el porcentaje de averiguaciones previas en las que se tomaba una determinación era de solo 9 por ciento, mientras que en el nuevo sistema, el porcentaje de carpetas de investigación con una determinación en el periodo de estudio (2016) fue de 21.7 por ciento.
Lo anterior significa que la brecha en cuanto a diferencia de efectividad entre un sistema y otro es de más del doble, o lo que es lo mismo, 2.5 veces mayor de un sistema a otro.
Los expertos que abalizaron esta situación atribuyen el crecimiento de efectividad en las indagatorias a que con el nuevo sistema penal hay más opciones para desahogarlas.
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Mientras en el viejo sistema la resolución de un caso solo tenía tres opciones: consignarla al juez, determinar no ejercicio de la acción penal o declararse incompetente, con el nuevo sistema penal hay siete alternativas que van desde llevar el caso ante un juez, hasta buscar un acuerdo reparatorio entre ambas partes sin necesidad de buscar un juicio.
“En la medida en que mejore la efectividad de las investigaciones, la percepción ciudadana y la motivación a denunciar se incrementarán; las políticas de investigación criminal y persecución del delito deben ir encaminadas a lograr este ciclo virtuoso” indica el estudio.
Pese a lo anterior aún debe trabajarse en reforzar desde el lado de las procuradurías la aplicación del sistema penal acusatorio sobretodo en buscar salidas alternas que descongestionen el sistema. Actualmente menos del 4 por ciento de las investigaciones que se resuelven son por esta vía.

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