Plan Frontera Segura: la nueva cara de la criminalización de las migraciones en Tarapacá

Tarapacá resulta ser una zona privilegiada no sólo para la movilidad de capitales desde la Zona Franca hacia Bolivia, Paraguay y Brasil, o aquellos intereses provenientes de las industrias extractivas, sino también para las migraciones Sur-Sur. Según el Censo 2017, la población extranjera en la región representa un 14,4%, siendo el mayor porcentaje del país. Sin embargo, su identidad local, influida históricamente por diversos flujos de movilidad humana, está hoy en tensión con las políticas públicas imaginadas desde el centro del país respecto de la frontera. Bajo este imaginario, el fenómeno migratorio es concebido como una amenaza para la seguridad del Estado, lo cual es legitimado a partir de la percepción criminal de las migraciones mediante el argumento del combate al “crimen organizado transnacional”.
Esta situación se ve reflejada en el interés por implementar el Plan Frontera Segura, en el marco de las 150 medidas anunciada por el actual gobierno en materia de seguridad. Este Plan recoge lo ya trabajado entre los años 2010 y 2014 bajo el Plan Frontera Norte (PFN), pero con algunas importantes novedades en el plano discursivo que resultan, por lo menos, alarmantes. La primera novedad consiste en aumentar el radio de acción hacia las regiones de Atacama y Coquimbo, ampliando la “zona de riesgo” a toda la zona norte del país. Frente a ello, no sólo cabe preguntarse por los resultados de la evaluación del PFN, sino también por las “nuevas amenazas” que justificarían ampliar su radio de acción a estas dos regiones. Sólo por mencionar algunos hitos, cabe recordar las irregularidades detectadas en el marco de este Plan, donde – según lo señalado por Ciper Chile en 2012- se adquirieron equipos hasta con un 400% de sobreprecio.
La segunda novedad tiene relación con la existencia de “nuevas amenazas trasnacionales” por vía marítima. Según han informado las autoridades, en un reportaje publicado en El Mercurio en el mes de mayo, existiría un flujo de tráfico de migrantes, armas y drogas que ingresarían a través de una serie de pequeñas caletas de la macro zona norte de Chile. Frente a lo cual las Fuerzas Armadas, en especial la Armada, tendrán un rol protagónico en el desarrollo del Plan. Aumentará la dotación en recursos humanos y tecnológicos para la vigilancia, aérea, marítima y terrestre, para detectar el ingreso irregular de extranjeros vía marítima y, de paso, vigilar los movimientos de pescadores artesanales, quienes han mostrado su total asombro frente a esta realidad.
Aunque con matices desde lo discursivo, el Plan Frontera Segura tiene por objetivo intensificar el control de la frontera, para crear las condiciones necesarias para mitigar, disminuir o contener las fuentes de riesgo. Pero todo este aparato de control estatal tiene más consecuencias negativas que positivas. En lo principal, afecta las percepciones respecto a los inmigrantes, quienes son vistos principalmente como enemigos, invisibilizando así su posible estatus como víctima de delito, abuso o explotación. A partir de lo anterior, observamos que el nexo entre movilidad y seguridad ha transformado las zonas fronterizas en un potente aparato de control, donde la movilidad humana se presenta como el paradigma del peligro. Este nexo entre migración y seguridad, estima que el fenómeno migratorio es un problema de ‘ilegalidad’, lo que legitima el discurso que posibilita la criminalización de las migraciones y, en paralelo legitima también la inversión desmesurada y descontrolada en recursos y tecnologías de control migratorio.
En suma, la puesta en marcha de este nuevo Plan no sólo está lejos de resolver los problemas identificados, sino que tiende incluso a agudizarlos. La reducción del fenómeno migratorio a un mero problema de seguridad, no solo limita la posibilidad de detectar víctimas en tránsito que requieren de la protección del Estado, sino que perpetúa una mayor percepción de criminalidad hacia el migrante.
En este escenario, se llevará a cabo los días 7, 8 y 9 de Agosto en la Universidad Arturo Prat de Iquique, el seminario internacional “Migraciones y Criminalización en América Latina”. Espacio que busca discutir sobre la criminalización que están experimentando los flujos migratorios en el contexto latinoamericano, destacando las diferencias y similitudes respecto a la experiencia de los países del norte global. Paradójicamente, durante el mes de agosto la región de Tarapacá será el epicentro de la discusión securitaria. Iquique albergará a las máximas autoridades del país en materia de seguridad, con la finalidad de comunicar las medidas del Plan Frontera Segura. Lo anterior expone la abierta tensión que genera la discusión migratoria en el norte de Chile, confrontando paradigmas muy distintos respecto a un mismo fenómeno, que determina el carácter de las políticas públicas en materia migratoria y nos invita a repensar la frontera desde Tarapacá para Chile.

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