La intención de hacer públicos los informes respecto a las asesorías parlamentarias de cada senador, como pretendía el presidente de la Cámara Alta, Carlos Montes, se estrelló contra la dura realidad de la estructura del Congreso y el poder del denominado “partido de orden”. Esta tarde, en una sesión a puertas cerradas, la Comisión de Ética y Transparencia del Senado decidió justamente no transparentar dichos antecedentes.
Así lo informó el presidente de la instancia, el RN José García Ruminot, titular de la instancia que también integran Alfonso De Urresti (PS), Francisco Huenchumilla (DC), Adriana Muñoz (PPD) y Juan Antonio Coloma (UDI).
“Por unanimidad hemos resuelto rechazar la apelación presentada a la Comisión de Ética en el sentido de entregar los informes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2015”, indicó, cerrando así la puerta al requerimiento ingresado por Chile Transparente.
El argumento “técnico” para rechazar la solicitud es -según García Ruminot- que “se trata de una petición genérica y la ley señala que las peticiones no pueden tener carácter genérico, tienen que ser caso a caso, por lo tanto en la misma resolución señalamos que no ha lugar a la petición de la entrega de los antecedentes”.
Añadió que “el peticionario Chile Transparente está en todo su derecho de pedirnos los antecedentes conformes a las normas que así lo rigen”. Vale decir, “puede pedirlo al Senado, individualizando uno o más parlamentarios, pero no de manera genérica, no a todos los parlamentarios, puede hacerlo (por cada parlamentario) y naturalmente si le fuera denegado recurrir a la Comisión de Ética”.
La resolución de sus colegas de la Comisión de Ética representa un duro revés para el senador Montes, quien públicamente se había manifestado a favor de hacer públicos estos informes, más allá de las acciones de la Fiscalía y la PDI para recopilar información sobre el caso.
Cabe recordar que en otra arista de este tema, el Consejo Resolutivo de Asignaciones del Senado, que encabeza el ex senador Andrés Zaldívar, que resolvió transparentar todas las asesorías externas, pero a partir de 2018, sin tocar las de años anteriores. Dicho dictamen que entró en vigencia a partir de julio.
