“Supremazo”: Dolmestch defiende las resoluciones y diputados PS advierten con eventual acusación constitucional


Las resoluciones de la Sala Penal de la Corte Suprema a favor de 7 condenados por violaciones de derechos humanos podrían abrir un nuevo foco de conflicto entre el Congreso y el Poder Judicial, al punto que algunos diputados de oposición plantearon la posibilidad de una acusación constitucional contra los ministros.
Sin embargo, uno de los integrantes de la cuestionada instancia, defiende el accionar de la sala. Se trata de Hugo Dolmestch, quien aseguró que lo obrado se ajusta a derecho: “una cosa es la condena y la otra es el cumplimiento de la condena, y la ley hoy, a mi modesto entender, favorece a las personas” que fueron dejadas en libertad condicional, dijo.
El ex vocero de la Suprema añadió que “cada cual tiene un concepto de lo que es justo y de lo que no lo es” y “es obvio que siempre hay alguien que no queda conforme”. Sin embargo, señaló que su función es “resolver” de acuerdo al “mérito de los antecedentes”.
En cuanto a futuras resoluciones en materia de DDHH, el ministro señaló que “por supuesto que lo más probable es que se aplique la misma decisión, pero no es una doctrina ni es una idea preconcebida ni es una guía que vaya a tomar la corte”.
Cabe recordar que la Sala Penal del máximo tribunal reconoció el derecho a libertad condicional de Gamaliel Soto Segura, Manuel Pérez Santillán, José Quintanilla Fernández, Hernán Portillo Aranda, Felipe González Astorga, Emilio de la Mahotiere González y Moisés Retamal Bustos.
Las resoluciones de la Sala Penal han concitado un amplio rechazo de la oposición y el mundo de los derechos humanos, con manifestaciones frente al Palacio de Tribunales convocadas por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.
Advertencia
Como advertencia, el diputado socialista Jaime Naranjo señaló que “frente a estos hechos nosotros vamos a estar muy atentos siguiendo cada señal que esté dando la nueva Sala Penal de la Corte Suprema en el sentido de reiterar esta conducta, claramente eso puede dar motivo para estudiar si es que es pertinente una acusación constitucional contra aquellos ministros que quieran saltarse normas internacionales.
El parlamentario aludió también a la salida del ministro Milton Juica de la Suprema, planteando que “aquí queda en evidencia que no da lo mismo quiénes son los miembros, aquí se produjo un cambio en la composición de la Sala Penal e inmediatamente se empezó a aplicar un criterio totalmente distinto en la Corte Suprema».
“Estos miembros de la Corte Suprema que procedieron de esa manera, se están saltando normas internacionales y están poniendo a Chile en una situación extraordinariamente compleja y difícil. Si siguen en esa conducta reiterativa, puede dar motivo por la gravedad de las resoluciones».
La última acusación constitucional presentada contra un ministro de la Corte Suprema fue en 2014, cuando la entonces oposición interpuso un recurso contra el ministro Héctor Carreño tras la aprobación del informe elaborado por la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados que revela responsabilidades en vulneraciones de derechos a menores en residencias colaboradoras del Servicio Nacional de Menores (Sename). Al magistrado se le acusaba de haber impedido hacer llegar las denuncias al Ministerio Público, pero la acción se cayó en la Cámara de Diputados.



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