Suprema cierra filas y defiende su cuestionada nueva doctrina de liberar violadores de derechos humanos

El Supremazo continúa generando reacciones. Luego de tomar conocimiento de la eventual presentación de una acusación constitucional por parte de partidos de oposición en contra de tres integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema, desde el organismo judicial señalaron que esta acción pone en riesgo la “autonomía indispensable” para el desempeño de los jueces. 
“Ejerciendo sus potestades jurisdiccionales, los ministros de la Segunda Sala Penal de esta Corte Suprema resolvieron acoger recursos de amparo interpuestos en favor de diferentes condenados; hecho que ha originado la eventual interposición de una acusación constitucional en su contra, por el diferente entendimiento que los parlamentarios patrocinantes tendrían en torno a la forma como se aplicó  el derecho en el caso”, señalaron en un comunicado.
En la declaración de 5 puntos, el máximo tribunal defendió su cuestionada nueva doctrina de liberar a presos condenados por delitos de lesa humanidad. Vale recordar que la semana pasada, la Segunda Sala de la Corte Suprema otorgó la libertad condicional a 7 presos de Punta Peuco condenados por violaciones de los derechos humanos, medida que ha generado serios cuestionamientos. 
En sus resoluciones, los magistrados establecieron que los amparados cumplen con los requisitos legales para acceder a la libertad condicional y que no existe impedimento en la legislación internacional para denegar dicho derecho a los condenados por crímenes de lesa humanidad.
Ante ello, “el cuestionamiento de las argumentaciones de una resolución judicial implica la revisión de la misma por un organismo extraño y por vías diferentes de la jurisdiccional, circunstancia totalmente reñida con el ordenamiento constitucional y que genera una grave afectación de la autonomía de los magistrados, y por lo mismo de la efectiva vigencia de la garantía de los ciudadanos de contar con un  juez independiente e imparcial”, dice uno de los puntos del comunicado. 
“Lo que está en riesgo con este proceder no son los cargos de los jueces de la Corte Suprema, sino la autonomía indispensable para su desempeño y, por ende, la vigencia del Estado de Derecho y el respeto de las competencias y facultades propias de las autoridades, conforme a la Carta Fundamental”, agregan. 
El comunicado de la Corte Suprema va en la misma línea de las declaraciones de su presidente, Haroldo Brito, quien señaló que la tramitación de la acusación constitucional “va a generar condiciones más complicadas, más extremas de funcionamiento, pero no hay más que trabajar en esas condiciones (…) son las circunstancias que hay que vivir nada más”. 

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