En vísperas del cambio de poderes, acusan al alcalde saliente de estar coludido con el cartel de “Los Viagras”.
Buenavista, Michoacán.- Un grupo de 200 personas se encuentran viviendo en la explanada municipal de Buenavista Tomatlán, desde hace 15 días, en la vía pública, a la intemperie.
Hombres, mujeres, ancianos y niños, comen, duermen y se asean en la calle, mientras policías estatales los resguardan y vigilan.
Los vecinos los alimentan. Les llevan huevos, aceite, tortillas, azúcar, frijoles, sopa y les han prestado un refrigerador que han instalado en el centro del escenario de la explanada municipal, para servicio de todos.
Son campesinos, ex autodefensas, ex policías rurales que participaron en el movimiento de 2014 para enfrentar al cartel de “Los Caballeros Templarios” y que el año pasado fueron perseguidos, amenazados y expulsados violentamente de sus casas y sus terrenos, por el cartel de “Los Viagras”, según denuncian.
María es vecina de una céntrica colonia de la cabecera municipal y regresó a su casa después de un año y 11 días, en el que tuvo que huir intempestivamente. Luego de 376 días de abandonada, encontró el hogar donde crecieron sus hijos y corrieron sus nietos inhabitable, sucio, con un penetrante olor a muerto, que se pega en las paredes y en las cosas destrozadas; sus plantas están secas y no encontró ni los cables de luz , ni la herrería de puertas y ventanas.
En el quicio de donde había una puerta recarga sus 76 años de vida y recuerda el día que se fue y dejó todo atrás: “Nos dieron 24 horas para salirnos de aquí y dijeron que sino, nos atuviéramos a las consecuencias; ¿quien va querer algo malo para sus hijos?”, solloza.
María es madre de ocho hijos, todos “ya grandes”, las mujeres se casaron y se fueron y los hombres mayores se fueron al norte, de mojados; solo tres de los hijos más chicos aún viven con ella.
A los jóvenes de no más de 25 años, Los Viagras los persiguieron, los acorralaron, los presionaron de todos las formas posibles para unirse a sus filas, para formar parte de sus hordas armadas y ser parte de sus batallones de la droga sintética que cocinan en el cerro o para ser halcones y disputar el territorio al Cartel de Jalisco, o para “toparse” (enfrentarse) a los militares y los marinos que se encierran en sus cuarteles y patrullan de vez en cuando las brechas.
Los muchachos se negaron por miedo, por sus familias, porque aseguran que no quieren que sus padres, hijos o hermanos vayan a recoger sus cuerpos llenos de agujeros de balas o abandonados como animales putrefactos que tiran en las barrancas.
Se dedican al corte de limón y ganan entre 90 y 180 pesos al día cuando los caciques de los carteles, les dejan trabajar en las parcelas y las empacadoras, que a veces no son ni tres días a la semana.
“Los Viagras” ofrecen por ser parte de sus ejércitos, la tentadora cantidad de 20 mil pesos a la semana, sueldo que competirá con la suma de tres mil 600 pesos que pretende pagar el nuevo gobierno federal a los ninis que encuentre en el país, a partir del 1 de diciembre.
María, como decenas de mujeres y familias fueron arrancadas de sus casas que después fueron saqueadas, quemadas y vandalizadas, sin que nadie interviniera.
En el colmo de los males, cuenta que a los pocos días de que los desalojaron a la fuerza, se metieron -ellos, los “malandros”- a vivir a sus hogares, donde abrieron todos los cajones y destruyeron y robaron hasta el último objeto que encontraron.
A unos metros de la casa de María, en la colonia Lázaro Cárdenas de Buenavista, vivía también su cuñada Elvira, con quien tuvo que huir aquella noche de 16 de agosto de 2017, a bordo de una camioneta junto con 40 personas más, entre ellas varios niños, anciones y mujeres embarazadas; todos iban acostados en la caja trasera del vehículo callados y tapados con lonas y cobijas, simulando bultos de limón e instrumentos del campo.
Algunos se refugiaron en los municipios vecinos de Tepalcatepec, Los Reyes y Uruapan y otros, los que pudieron, huyeron después a otros estados con familiares o amigos.
Al paso de los meses y cuando tenían noticias cada vez más devastadoras de sus propiedades y su pueblo, que aseguran quedó en manos de “Los Viagras” desde el 2016, algunos intentaron pedir asilo político en los Estados Unidos, pero la ley Trump no los dejó siquiera acercarse a la frontera.
De nada valió que algunos de los hijos de los desplazados incluso tuvieran residencia legal para trabajar en los campos, de nada sirvió argumentar que la violencia de sus lugares de origen los asfixiaba y los mataba.
La casa de Elvira, hoy es un hueco oscuro y enmohecido, son cuartos vacíos que huelen a soledad y humo.
Como la de sus familiares y vecinos, hoy la casa de María esta destruida, desvalijada, sin cables ni medidores de luz; ahí no se llevaron las puertas por alguna extraña razón, pero lo que quedó conserva abolladuras que denotan desesperación por abrir las cerraduras. Un tinaco de asbesto presenta un gigantesco hoyo como como señal de la devastación.
De acuerdo a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) entre 2013 y 2015, hubo 791 personas desplazadas por la violencia en Michoacán.
Pero de 2009 a enero de 2017, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) contabilizó en el país 310 mil 527 desplazados forzados por la violencia, y de esos, al menos 10 mil pertenecen a Michoacán.
A un año de distancia los desplazados de Buenavista Tomatlán decidieron volver a sus hogares animados también por la noticia de que el presidente municipal, Lorenzo Barajas Heredia, a quien acusan de abandonarlos a su suerte, pronto se ira al concluir su mandato de tres años y luego de haber perdido la reelección el pasado 1 de julio.
“No nos vamos a mover de aquí hasta que el nuevo presidente municipal que llegue nos garantice con la policía que vamos a poder entrar a nuestras casas, que vamos a vivir con tranquilidad”, dice Elvira, quien asegura que la venganza de “Los Viagras” contra su familia, fue porque sus hijos fueron autodefensas, y porque ella cocinaba y les llevaba comida a las barricadas.
En la puerta de la oficina del secretario del ayuntamiento interino, Arturo Andrade, aún cuelga un moño negro en señal del luto que se guarda a su antecesor, Javier Ureña, quien fue acribillado a balazos el 24 de junio, en un camino rural del municipio.
Para Arturo Andrade, el ayuntamiento no le es un territorio desconocido pues ha sido siempre un personaje fiel al alcalde saliente Lorenzo Barajas, pero hoy admite que la silla en que despacha, “es una silla caliente”, que le “urge entregar”.
Para el funcionario interino, el tema de los desplazados que viven en la explanada es el menor de los problemas.
Hoy lo más preocupante para él y los burócratas del trienio 2015-2018 del ayuntamiento de Buenavista, es que no saben a quién le van a entregar las llaves de la presidencia municipal porque el alcalde electo, Eliseo Delgado Sánchez, también fue asesinado el pasado 20 de julio, frente a todos, con luz de día y a unos pasados del palacio municipal, mientras comía.
“Estamos en mucha tensión, pero con los desplazados no podemos hacer nada. Ahí están, están en su casa…no podemos quitarlos porque son vecinos de aquí y el gobierno se ofreció a cuidarlos y pues los apoyamos como podemos”, dice el secretario interino, quien admite que los 30 policías municipales que tienen no son suficientes -ni lo han sido nunca- para hacerse cargo de la seguridad de un territorio desgarrado por la lucha de los carteles.
Acepta en este contexto que será el próximo gobierno quien resuelva el tema de los desplazados recién llegados, y serán ellos también quienes y les garantice que pueden entrar a sus casa con tranquilidad, para tratar de vivir con lo que les dejaron.
Los desplazados por su parte, esperan el día después del 1 de septiembre para poder conocer al nuevo alcalde o encargado de despacho, porque se aferran a la esperanza de poder retomar sus vidas y reconstruirse a partir de los pedazos.
