Indagatoria de Mario Carroza reveló que 27 armas de Pinochet están extraviadas

Una investigación secreta del ministro Mario Carroza reveló que ex uniformados que participaron en dictadura y que ya están fallecidos, entre ellos Augusto Pinochet, además de otros condenados por delitos de lesa humanidad, figuran aún con armas registradas a su nombre.Pinochet por ejemplo, inscribió 18 pistolas, 8 revólveres y un fusil como coleccionista; de éstas, 27 están extraviadas y una no está inscrita. Otro caso ocurre con el ex jefe de la Dina Manuel Contreras que murió en 2015, quien posee cinco armas registradas de las cuales cuatro están en regla y una pistola no se encuentra inscirta. El ex director de la CNI, Humberto Gordon, fallecido en 2000, posee un revólver y una pistola para defensa personal, además de un rifle para tiro deportivo, dos escopetas y una carabina Rossi, destinadas a la caza. El general Sergio Arellano Stark (muerto en 2016) figura con tres pistolas y un revólver, bajo la figura de defensa personal.De acuerdo a una revisión de la Brigada de Inteligencia Policial de la PDI, de 34 ex uniformados que murieron (incluyendo a Pinochet) aparece un total de 139 armas registradas y de éstas, 97 aún están inscritas a nombre de los fallecidos sin ser regularizadas.Según detalló Radio BioBio, que tuvo acceso al informe, lo mismo ocurre en los condenados por delitos de violación a los derechos humanos.Actualmente en el centro penitenciario Colina Dos, de 24 reos figuran un total de 46 armas registradas; en Punta Peuco de los 120 reos, 68 personas tienen armas inscritas y suman un total de 211. Entre ambos recintos suman 257 armas en manos de 144 personas. La legislación actual detalla que condenados por un crimen o sancionados por violencia intrafamiliar, no pueden acceder a un arma. Sin embargo, aunque el registro debería estar actualizado en la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), no lo está.Y si una persona fallece y posee un arma inscrita a su nombre, sus herederos deben reinscribirla o venderla en 90 días. De lo contrario, deben ponerla a disposición de la autoridad militar para su destrucción o se arriesgan a multas que van desde las 5 a 10 UTM, además de la denuncia a la justicia.

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