Exoneran a sacerdote por presuntos abusos

La Procuraduría General de Justicia del Estado Guanajuato (PGJEG) exoneró al sacerdote Pedro Gutiérrez Farías por los presuntos abusos cometidos contra un grupo de niños que se encontraban bajo su tutela en los albergues conocidos como “Ciudad de los Niños”.
De las cinco causas penales iniciadas por los presuntos abusos cometidos contra más de cien niños que vivían en los albergues dirigidos por Gutiérrez Farías, la Procuraduría no vinculó a proceso penal al sacerdote por ninguno de estos delitos.
La PGJEG tampoco fincó responsabilidades a servidores públicos de instancias oficiales como los sistemas DIF estatal y municipal y Registro Civil, aun cuando los supuestos abusos fueron cometidos en complicidad con funcionarios de dichas dependencias de gobierno.
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La denuncia original fue presentada de manera anónima por golpes y abuso sexual, presuntamente cometidos contra una menor de la que se solicitaba su reubicación, por lo que el sacerdote solicitó un amparo para evitar que la niña saliera del albergue.
La juez que revisó la petición de amparo del sacerdote, sin embargo, declaró improcedente la medida e hizo una serie de observaciones para que, además de proteger a la menor, se atendiera a otros cien chicos, pues no era “benéfico para los menores permanecer viviendo en los centros de asistencia social a cargo de la asociación civil Ciudad de los Niños Salamanca”. También hizo serios señalamientos a autoridades como el DIF por sus omisiones.
Además del sacerdote fueron denunciados tres de sus colaboradores, entre éstos la monja Xóchitl Tapia Carbajal, así como Leandro Martín Bermúdez Armenta y Aurelio Gutiérrez Anguiano, de acuerdo con información oficial del caso.
De los cuatro denunciados Xóchitl Tapia Carbajal enfrenta un proceso penal por el delito de violencia familiar, por la presunta agresión cometida contra la menor de iniciales M.G. C.U, en tanto Aurelio Gutiérrez, acusado de abuso sexual, logró un acuerdo reparatorio con su víctima.
Leandro Martín Bermúdez, maestro de música, enfrenta por su parte una orden de aprehensión pendiente de cumplimentar por el delito de privación ilegal de la libertad, de acuerdo con información consultada en los juzgados donde se desahogan los juicios. Contra esta persona, además, existía una denuncia por violación que fue desechada.
¿Impunidad clerical?
Para Juan Martín Pérez García, Director Ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), es evidente que desde que se dio a conocer el caso “el gobierno de Guanajuato no sólo ha sido complaciente con el padre Pedro Gutiérrez”, sino que se ha negado sistemáticamente a la intervención de las organizaciones de la sociedad civil.
“Hay que recordar que el propio gobernador Márquez es el que promueve castigo corporal a niños y niñas, también salió a defender al sacerdote Pedro Gutiérrez diciendo que es una buena persona y no hubo denuncia, el secretario de gobierno también lo hizo y el propio procurador Zamarripa”.
Pérez García acusó al procurador de Guanajuato de no cumplir con su obligación legal de proteger a niñas y niños particularmente víctimas de delitos, sobre todo porque tienen conocimiento de que algunas de las víctimas del albergue “fueron amenazadas de muerte si mantenían las denuncias en contra del sacerdote Pedro Gutiérrez”.
“Nuestro llamado de exigencia es que no se permita la impunidad al fuero clerical, sabemos que en este país como en otros países del mundo no se permita la impunidad que tienen los sacerdotes es enorme. Hacemos un llamado al Papa Francisco, así como está diciendo a nivel global y está pidiendo perdón en varios países del mundo voltee a mirar a México y de se cuenta que acá hay varios temas pendientes, este es solo uno de los casos Pedro Gutiérrez con más de dos décadas de denuncias y, aun así la iglesia católica sigue protegiéndolo, el gobierno sigue protegiéndolo y nos parece increíble que la Procuraduría General de la República a más de un año de denuncias siga sin concretar las investigaciones”.
Con información de Zona Franca 

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