A 10 años de la ratificación de los Derechos de las Personas con Discapacidad

Hace una década, nuestro país aceptó como ley nacional la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, hecho que en sí mismo constituye un avance en materia de inclusión social. Chile acepta y vuelve norma el cambio de enfoque respecto de la discapacidad como condición humana.
Este hito cambia los lentes con que vemos a las personas con discapacidad y la gramática con la cual hablamos de esta condición: el enfoque predominante se vinculaba a una visión médica, concibiéndola como un diagnóstico asociado a una enfermedad, lo cual se evidencia en la normativa referente a Personas con Discapacidad Cognitiva del año 1987, la Ley N° 18.600 que “Establece Normas Sobre Deficientes Mentales”.
Cuando se promulga la Ley N°20.422 en 2010, se comienza a hablar de igualdad de condiciones e inclusión social, comprendiendo la discapacidad a partir de la interacción entre la condición de la persona y las barreras del entorno, que traen como consecuencia brechas de participación en cada uno de los ámbitos del desarrollo humano. Desde ahí, los avances han sido significativos, lo que no implica que aún tengamos desafíos para el futuro.
En este aniversario, me gustaría destacar algunos de estos avances, tales como la creación del Servicio Nacional de la Discapacidad, en reemplazo del anterior Fonadis, pasando de un Fondo Nacional a un organismo de mayor envergadura y capacidad; la promulgación de la Ley N°21.015, que abre las puertas del mercado laboral para las personas con discapacidad, desde el entendimiento de la inclusión laboral como una estrategia que agrega valor a las empresas y no sólo como una iniciativa aislada de responsabilidad social; la incorporación de la lengua de señas en algunos noticiarios centrales y programas de televisión y personas con discapacidad egresadas de carreras técnico/profesionales.
Estos hechos evidencian que estamos en un proceso de cambio cultural, que las normas se han convertido en aceleradoras de estas transformaciones y que la sociedad civil, en un trabajo colaborativo con el gobierno y el sector privado, han aportado al desarrollo y sostenibilidad de las mismas.
Aún tenemos desafíos importantes en materia de salud, educación y participación social, los que deberían ir acompañados por un órgano con mayor autonomía y recursos en el sector público. Por esto, hoy la invitación es a actuar de forma articulada, a concebir modelos de inclusión social que pongan al centro a las personas con discapacidad, para generar condiciones de igualdad que les permitan transitar a una vida independiente mediante el ejercicio de sus derechos, establecidos en la Convención de Naciones Unidas ratificada por nuestro país hace 10 años.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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