La justicia peruana dictaminó que el dictador peruano, Alberto Fujimori, vuelva a ser detenido de manera inmediata y se anule así el indulto que le había concedido por ‘razones humanitarias’ el ex presidente -destituido por juicio político- Pedro Pablo Kuczynski.
Fujimori fue condenado a 25 años de cárcel en 2009 por crímenes de lesa humanidad conocidos como Masacre de La Cantuta y Barrios Altos, que cuentan con resoluciones de la CIDH vinculantes para el Estado peruano.
En vísperas de la navidad de 2017, Kuczynski le otorgó al lóngevo ex presidente el beneficio del perdón con el objetivo de obtener los votos fujimoristas en la votación por su impeachment, que finalmente lo desplazó de la presidencia.
A diferencia de Argentina, donde los seguidores de la última dictadura militar no tienen peso en la política nacional, el partido Fuerza Popular peruano posee 62 legisladores sobre 130 en el Parlamento unicameral de la nación inca.
En el fallo, la Corte Suprema de Perú asegura que se debe cumplir el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y no debe haber normas nacionales que lo impidan.
La decisión judicial provoca un terremoto político en el país latinoamericano y sube la tensión entre el fujimorismo y sus 62 legisladores y el poder Ejecutivo, que luego del impeachment a Kuczynski quedó en manos de Martín Vizcarra.
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