De acuerdo con información de La Tercera, el gobierno manifestó ante la Comisión Interamericana de DD.HH. (CIDH), que no hay obligación por parte del Estado de impulsar, ni lograr la aprobación del matrimonio igualitario.
Ello, luego de una cita en EE.UU. a la que asistieron la Subsecretaría de DD.HH. y la Cancillería, en la que también participaron representantes del Movimiento de Liberación Homosexual (Movilh), organismo que demandó al Estado por la denegación del matrimonio para parejas del mismo sexo.
Dicha ofensiva legal fue paralizada, cuando se logró un acuerdo de solución amistosa con el gobierno de Michelle Bachelet que incluyó, respecto del matrimonio igualitario, tres puntos: el compromiso de abrir un proceso de discusión en torno al matrimonio igualitario; el envío de un proyecto en el primer semestre de 2017 y, adoptar las medidas necesarias para impulsar la iniciativa como un asunto de interés legítimo en la sociedad.
De acuerdo con la posición del gobierno, esos tres puntos se encuentran cumplidos y que el Estado no está obligado ni a impulsar ni a lograr la aprobación de la iniciativa en el Congreso.
Además el Ejecutivo indicó que el gobierno no puede con el acuerdo comprometer a que el Congreso apruebe la iniciativa y que, el gobierno de Bachelet tampoco podría haber comprometido a su sucesor a la promoción activa y el logro de la aprobación del proyecto en el Congreso.
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