translated from Spanish: Reforma de Pensiones: de cómo salvar al sistema de AFP

Piñera sostuvo que cuatro son los objetivos de la reforma previsional: (i) aumentar las pensiones básicas solidarias; (ii) crear una bonificación especial para mujeres y clase media; (iii) aumentar la tasa de cotización con cargo al empleador e introducir un conjunto de cambios para tener un sistema de pensiones más transparente, competitivo y estricto.
Si se tiene en cuenta el debate que el país viene sosteniendo hace casi una década, es claro que estos no son sus objetivos fundamentales. Esas medidas conforman el envoltorio que busca asegurar el logro del real objetivo de la propuesta gubernamental: legitimar y preservar en el tiempo un sistema de pensiones cuyo objetivo no es entregar buenas pensiones sino que poner bajo el control de un pequeño grupo de inversionistas los ahorros de los trabajadores.
Las razones de ello son claras: los dueños de las AFP extraen grandes utilidades. Al mismo tiempo, las grandes empresas utilizan los recursos de los trabajadores para financiar a bajo costo la operación de sus empresas. El propio Presidente de la República ha recibido los beneficios de este sistema a través de sus compañías: LAN en la época en que era uno de sus principales accionistas, es solo un ejemplo de ello.
Incluso esos ahorros son utilizados por los bancos y las empresas del retail para prestar dinero a altas tasas de interés a los ahorristas (en particular cuando se compran bienes y servicios con tarjetas de crédito), a cambio de altas utilidades y para asegurar a las grandes empresas recursos de inversión a bajo costo. Este ha sido uno de los elementos fundamentales (junto con un sistema tributario generoso para las rentas del capital) que explican el crecimiento de las utilidades de las grandes compañías del país.
No es fácil para Piñera legitimar a las AFP. La ciudadanía las conoce desde hace casi 40 años. Es irrefutable que han obtenidos utilidades extraordinarias, que han cobrado comisiones muy por encima de lo requerido para administrar los fondos y las cuentas individuales ( por qué, si no, la AFP Modelo, que cobra la mitad de la comisión promedio que cobran las otras AFP, ha obtenido rentabilidades promedio de más de 100% anual en el período 2014-2017) y pagan pensiones bajísimas.
Para lograr el objetivo, el proyecto trata conjuntamente dos cosas que tienen poco que ver: el Pilar Solidario y el sistema AFP.  Los cambios al primero, en particular los aumentos de las pensiones solidarias y del aporte previsional solidario, buscan invisibilizar que las AFP, mantendrán sin cambio su control sobre el ahorro de los trabajadores. Por ello, es que si le interesa al Gobierno mejorar y pronto el Pilar Solidario, debe separar en dos el proyecto de reforma.
En lo que se refiere al sistema de AFP, el proyecto anunciado introduce una contribución patronal (cuestión que recoge la iniciativa de la administración anterior, cambiando eso sí su monto y destino) de 4,2%, de la cual 4 puntos irían a las cuentas individuales y un 0,2% a un seguro. La contribución patronal se demoraría 8 años en concretarse, lo que debilita sustancialmente el efecto que ello puede tener en aumentar las pensiones.
Propone también que el 4% de la contribución patronal sea administrado por las propias AFP o por empresas como las compañías de seguro, las cajas de compensación y las Administradoras Generales de Fondo, en el contexto de las cuales podría ingresar un ente estatal, la AGF del Banco del Estado. A esto se limita la libertad de elección que les ofrece a los chilenos. La obsesión por proteger a las AFP se traduce en que ni siquiera se plantea la posibilidad de que otras entidades puedan administrar el 10% que aportan los propios afiliados. Ello, pues implicaría una fuga masiva de cotizantes desde las AFP, que afectaría seriamente la rentabilidad que generan para los dueños de las administradoras.
El 0,2% restante financiaría un seguro y subsidio de dependencia, para pensionados que no puedan ser autovalentes. El proyecto busca extender un seguro para financiar lagunas previsionales. El mismo insiste en fortalecer la competencia como medio de mejorar el sistema. En un mercado con tales asimetrías de información, ello logra solo mejoramientos marginales, como ha quedado demostrado con el bajo impacto que tuvieron las medidas al respecto introducidas en la reforma del 2008
La punta de lanza del proyecto sobre la cual se basa la posibilidad de aprobar la iniciativa a pesar de no contar con mayoría en el Congreso, es el aumento de 40% del 40% del aporte fiscal al pilar solidario que se concretaría en un período de 4 años. Ello incluye aumentos en las pensiones de los jubilados(as) con pensiones menores y extensión gradual de los beneficios del Aporte Previsional Solidario (APS) a las pensiones que hoy alcanzan un poco más de 300 mil pesos. Mantener esta parte del proyecto, junto con lo que corresponde a los cambios en el sistema de AFP, puede demorar la principal medida que mejora las pensiones de los más pobres y las clases medias.
Con razón el proyecto no aumenta la edad de la jubilación (pues es una medida que requiere ver las posibilidades del mercado laboral de ofrecer efectivamente posibilidades de empleo y analizar el tipo de trabajos en que eso es posible), se limita a ofrecer incentivos para que los adultos mayores permanezcan en el mercado laboral.
Específicamente, ofrece a las mujeres que alcancen a cotizar 16 años o más y a los hombre 20 años o más, un subsidio de cerca de 5 mil pesos mensuales en cada uno de los años que coticen por encima de esas dos cantidades de años. A las personas que sigan trabajando después de la edad legal de jubilación, las AFP podrían cobrarles una comisión menor. Si se consideran los costos operativos de cualquier cuenta individual, no queda claro por qué entonces el proyecto no determina una reducción general de esas comisiones.
La política de la reforma de las pensiones
Es sabido que una de las grandes dificultades que enfrentó la administración de Michelle Bachelet fue que primaron en el Gobierno y en la Nueva Mayoría diferencias insalvables respecto de las principales reformas que impulsó. En tal sentido, las posibilidades de que las izquierdas y la centroizquierda accedan al Gobierno en la próxima elección presidencial se juega en buena medida en la capacidad de generar una alternativa común frente a las (contra)reformas de la actual administración, en particular la reforma previsional, tributaria, laboral y de las Isapres. Se juega también en la capacidad de levantar un proyecto capaz de dar cuenta de los desafíos de la globalización, la revolución tecnológica y el cambio climático.
Entre las grandes ventajas con que cuenta el Gobierno para avanzar en su esfuerzos, destaca la división que afecta a la oposición. Pese a que la gran mayoría de la oposición es crítica del sistema de AFP y propone reformas sustantivas, la falta de unidad de criterios posibilita que el Gobierno saque dividendos políticos con sus propuestas y logre introducir cambios indispensables, dejando sin modificaciones sustantivas el sistema de AFP. Más aún, hay propuestas como la de Rodrigo Valdés (que parece compartida por la derecha demócrata cristiana) que en poco y nada se diferencia de las proposiciones de la administración de Piñera
También el sentido común (quizás como en ningún tema, es cierto en previsión que el “sentido común  es el menos común de los sentidos”) predominante en el país ayuda a la administración. No cabe duda que la mejor forma de hacer frente a las incertidumbres y los riesgos que amenazan la seguridad de las personas es la seguridad social y la solidaridad.
Sin embargo, estas políticas chocan contra el sentido común generado por casi 40 años de políticas sociales privatizadas, en que el lema es “cada uno se rasca con sus propias uñas”, pese a las malas pensiones que generan las AFP. Es así como encuestas han mostrado que, frente a la alternativa de que las contribuciones vayan a la cuenta individual o a un fondo colectivo, la gente ha preferido mayoritariamente lo primero, pese a que un fondo de ese tipo favorecería al 80% de los chilenos(as). Ocurre algo similar con la pena de muerte: desde un punto de vista ético y moral está descartada, pero probablemente la pena de muerte ganaría en un plebiscito.
Desde el punto de vista fiscal, la propuesta gubernamental tiene un costo de US$ 3 mil millones (mayor gasto en el Pilar solidario y la cotización adicional como empleador que debería pagar por los funcionarios públicos), lo cual sumado a la (contra)reforma tributaria, que cada vez aparece menos neutral desde el punto de vista de la recaudación, es probable que dificulte la reducción del déficit fiscal, hasta ahora presentada como el gran objetivo en ese campo.
Algunos criterios para avanzar en un acuerdo de la oposición
El dilema principal que enfrenta la sociedad chilena es si queremos o no que el sistema de AFP sea el eje fundamental del sistema de pensiones en Chile o que exista un pilar público que sea el eje de las pensiones para los grupos vulnerables y los sectores medios. Es clara la necesidad de optar por la segunda opción.
Es crucial, también, asegurar que los afiliados tengan algo que decir en el sistema de pensiones y seguridad social. Del mismo modo, se debe terminar con todos los mecanismos que discriminan a la mujer.
Este es un tema que requerirá largos debates, por tanto la oposición debe proponer separar todo lo relativo a los mayores beneficios del Pilar Solidario, que son de más fácil despacho de las medidas relativas al sistema de AFP. De esa forma, los beneficios para los más pobres y la clase media vía mejoramiento del Pilar Solidario podrán entrar antes en vigencia.
El rol de las AFP se debe limitar a administrar los ahorros voluntarios en competencia con otras instituciones financieras.
Se requiere establecer una contribución patronal de al menos 5% de los ingresos imponibles, que ayude a financiar las pensiones de los grupos populares y medios.
Es necesario avanzar en extender la vida laboral (ello es fundamental desde el punto de vista de la realización personal en la vejez), pero bajo dos condiciones: la primera, que el mercado laboral genere, efectivamente, condiciones para la incorporación de los adultos mayores a trabajos dignos y que sea voluntario. Cabe distinguir, sin embargo, entre trabajos pesados, que imposibilitan que los mayores puedan seguir realizándolos, de los otros trabajos. En esos casos es fundamental que el Estado sustituya con su aporte lo que una vida laboral más larga podría generar.

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