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ONG alertan sobre posibles muertes en la caravana migrante por las condiciones que enfrentan


Frente al deterioro en las condiciones físicas, emocionales y de salud de la caravana migrante, compuesta sobre todo por niñas, niños y adolescentes –se calcula que vienen hasta 2 mil 500 menores– y por jóvenes y adultos mayores, organizaciones de la sociedad civil solicitaron al Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, la intervención urgente del gobierno federal, a través del Sistema Nacional de Protección Civil (SNPC) para atender la emergencia humanitaria que enfrentan las más de 7 mil personas del éxodo centroamericano.
Ana Saiz, directora general de Sin Fronteras, explicó en entrevista con Animal Político que la mayoría de los niños presentan ronchas – aunque no se ha determinado la causa–, diarrea, enfermedades respiratorias y deshidratación. Además, hay personas con enfermedades crónicas como diabetes o hipertensión, que necesitan tratamiento urgente. “Estamos ya en una emergencia. Se requiere la intervención federal como si fuera un desastre natural porque puede haber pérdida de vidas. Se debe apegar la respuesta a la Ley de Protección Civil”.
Hasta ahora ha sido la sociedad civil, las comunidades y los gobiernos estatales y municipales quienes han dado ayuda humanitaria a los integrantes de la caravana. También el gobierno de la CDMX, a través de la iniciativa Puente Humanitario. “Pero estamos preocupados porque los esfuerzos de la sociedad civil y los gobiernos locales están ya rebasados por la emergencia”, afirma Saiz.
Las personas que vienen en la caravana, dice, son ya de por si las personas más vulnerables en países que están viviendo una crisis de violencia y pobreza. Están huyendo. Y en esta ruta enfrentan persecución, rechazo, racismo. Tienen ya un gran desgaste por todo lo que han vivido en el camino. Su condición es ahora más vulnerable.
“Lo que han visto nuestros equipos en terreno es que la gente en este éxodo no tiene acceso suficiente ni adecuado a alimentos, no hay suficiente agua segura. Se requiere atención psicosocial para contención de crisis. Atención para mujeres embarazadas, espacios para lactar”, dice Rocío Stevens, directora de Movilización Pública de Oxfam México. También hace falta apoyo médico especializado como ginecólogos y pediatras.
La asistencia por parte del gobierno federal se ha condicionado a que los migrantes entren a la Feria Mesoamericana, extensión de la Estación Migratoria Siglo XXI de Tapachula. Si a una madre se le enferma su hijo tiene que renunciar a su libertad y entrar a la Feria Mesoamericana, donde la detienen, para que el menor tenga apoyo médico, denuncian las organizaciones.
Frente a todo esto, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), el Instituto de Estudios y Divulgación sobre la Migración (INEDIM), el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), Oxfam México y Sin Fronteras solicitan la intervención urgente del Comité Nacional de Emergencias para salvaguardar los derechos humanos de las personas centroamericanas desplazadas.
Con fundamento en el artículo primero de la Constitución Mexicana y el artículo 15 de la Ley General de Protección Civil, que establece la protección de las personas ante cualquier riesgo natural y antropogénico y de las consecuencias que pudieran resultar de estos, “solicitamos una respuesta humanitaria coordinada de las entidades integrantes del SNPC, el Comité y demás autoridades coadyuvantes, de los tres niveles de gobierno, y el fortalecimiento estructural de redes de protección, especialmente en los lugares donde se configure la ruta del éxodo centroamericano”, señalaron las organizaciones.
Independiente de la situación migratoria de las personas, es responsabilidad del Estado mexicano brindarles asistencia humanitaria, hacer frente a la emergencia sin discriminación e informarles sobre sus derechos, como el de solicitar asilo, advirtieron.
Las organizaciones intentaron ya entregar el documento con la solicitud por escrito al Secretario de Gobernación, en su carácter del secretario del SNPC, “pero nos dijeron que no se puede entregar a menos que la entregue una autoridad municipal o estatal, como si en caso de una emergencia, una persona tuviera que ir corriendo por el alcalde para que la asistan”, denunció la directora de Sin Fronteras.



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