La raíz del conflicto del pueblo mapuche y el Estado de Chile

nieto de un reconocido Lonko de su comunidad, suma un nuevo mártir a su causa, demuestra el descontrol y los excesos represivos de la fuerza policial destacada en la región, y el fracaso de la virtual militarización de la Araucanía, que los últimos Gobiernos han desplegado para garantizar el “orden público”. La ineficaz y exagerada presencia de fuerzas militarizadas de Carabineros fue reforzada por el Presidente Piñera, a poco de asumir el mando, cuando personalmente encabezó una presentación del Comando Jungla, cuya existencia ahora la autoridad niega.
Se va imponiendo, incluso en ciertas esferas del Gobierno, la afirmación de que los conflictos que vive la Araucanía son principalmente de carácter político y no policial, y que, por tanto, su resolución requiere establecer el diálogo entre las partes involucradas. Para un Gobierno de Derecha esta aproximación constituye un avance. Sin embargo, su visión del problema reproduce una persistente incomprensión de las elites chilenas, incluidas algunas de izquierda y progresistas, sobre la naturaleza de las reivindicaciones históricas del pueblo mapuche. El llamado Plan Araucanía reitera la idea de que el problema determinante de las comunidades mapuches es la pobreza rural, y lo que se requiere, entonces, es un programa de desarrollo productivo de la región con apoyo público y privado. Sobre las reivindicaciones culturales, territoriales y políticas planteadas, una y otra vez desde hace treinta años, no hay ninguna propuesta concreta. Y cuando el nuevo Intendente, después de los últimos dramáticos acontecimientos, plantea un cuarto pilar de dicho Plan (sic) propone importar gas de Argentina para resolver la contaminación que abruma a Temuco. Con tales visiones es difícil conducir un diálogo fecundo. Retomar la vía del diálogo tiene como condición indispensable que el Estado de Chile, para estos efectos el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional, sean capaces de concordar una política para enfrentar la cuestión mapuche -e indígena en general- que permita negociar y acordar un nuevo Pacto con los pueblos originarios.

El actual conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado de Chile tiene su origen en 1866, año en que por ley se determinó que todos los territorios al sur del Biobío pasaban a ser de propiedad fiscal. Dicha disposición contravenía más de tres siglos de política colonial y republicana, que a través de sucesivos Parlamentos, estableció la soberanía colonial y republicana sobre los territorios indígenas, a cambio del reconocimiento a las comunidades mapuches de la completa autonomía territorial y de autogobierno local. El último Parlamento fue celebrado en Tapihue en 1825 en el que se firmó un Tratado de Paz entre la joven República y el Lonko Francisco Marihuán, donde se señala de manera explícita que “el Biobío es la línea divisoria entre estos dos nuevos aliados hermanos”.
Desde 1866 comienza la penetración del Estado sobre el territorio mapuche, con un fuerte apoyo del Ejército. La finalidad declarada es incorporar esos vastos territorios a la economía agrícola nacional, promover la inmigración europea y civilizar a un pueblo que vivía en la barbarie. La resistencia indígena no fue capaz de enfrentar a un Ejército moderno y la última sublevación fue derrotada en Temuco en 1881.
Se inaugura el proceso llamado de Radicación que entre 1883 y 1930, significó la concesión de Mercedes de Tierras a Lonkos y sus comunidades, especialmente entre los ríos Biobío y Toltén, sobre una mínima parte de las superficies que habían poseído ancestralmente. De unos 5 millones de hectáreas las comunidades fueros reducidas a unas 500 mil, con lo que destruyó una próspera economía ganadera que se había desarrollado desde el siglo XVIII. Allí comienza el origen de la pobreza indígena. Los ímprobos esfuerzos “civilizatorios” y la política de asimilación del pueblo mapuche a una mítica uniformidad étnica y cultural de la nación chilena han fracasado estrepitosamente. Después de 137 años de la culminación de la ocupación militar, el Pueblo Mapuche mantiene, e incluso refuerza su identidad, no solo en los territorios ancestrales, sino en todas las ciudades de Chile, donde viven y trabaja la mayoría. Si el Estado no recoge, procesa y negocia sus demandas de reparación y reconocimiento, no habrá paz, convivencia civil y progreso en la Araucanía.

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