Shakira envuelta en escándalo por supuesto fraude de 14 mde

Fotografía/Twitter @M1Jhonb
España.- La investigación abierta por la Fiscalía contra la cantante Shakira puede acabar en una querella contra la cantante. Hace casi un año la Agencia Tributaria denunció ante el Ministerio Público a la cantante por un presunto delito fiscal que habría cometido entre 2011 y 2014 al considerar que durante estos años debía tributar en España por tener la residencia fijada, aunque la mayoría de sus ingresos se generaban en otras partes del mundo.
Por su parte, la agencia de comunicación de la cantante aluden que siempre ha cumplido con sus obligaciones tributarias y no debe ninguna cantidad a Hacienda ya que “tan pronto como conoció el importe que según la Agencia Tributaria Española debía abonar, procedió a pagarlo en su totalidad y, por tanto, actualmente no existe ninguna deuda”. En concreto Hacienda remarcó que Shakira dejó de tributar durante cuatro años el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) por sus ingresos generados en todo el mundo y no sólo los ingresos obtenidos en España por lo que debería unos 14 millones de euros.
También remarcaron que desde 2012 y hasta hace poco el bufete PricewaterhouseCoopers (PwC) defendió sus intereses. Además, desde la oficina de Shakira se añadió que “ha cumplido con todas sus obligaciones tributarias y siempre ha actuado siguiendo el criterio y las recomendaciones precisas de Pricewaterhouse”. También recuerda que es una ciudadana extranjera en España cuyos ingresos proceden en su práctica totalidad (96%) de fuera del país y que tiene “una actividad profesional muy intensa y fuera de España y, por tanto, su estructura familiar es muy diferente a los modelos convencionales”. “Hasta 2015 Shakira nunca pasó más de 183 días en España, lo cual está comprobado, e incluso pasaba largas temporadas con sus hijos en otros países y singularmente en Estados Unidos, de donde procede la mayor parte de sus compromisos laborales” señalan los abogados y añaden que el pago de la deuda estimada por la Agencia Tributaria “es una muestra de su disposición a solucionar la discrepancia, y se ha realizado pese a la existencia de criterios técnicos contrarios a su consideración como residente fiscal en España antes de 2015”.
Fuente: El Mundo

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