Investigan a dos diplomáticos chilenos por tráfico de inmigrantes

Dos diplomáticos chilenos, Frank Sinclair Manley y Gustavo Cantuarias Concha, son investigados por la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, de Santiago, por el ingreso ilegal de extranjeros al país y podrían ser imputados el próximo 11 de enero, dijeron hoy fuentes del caso.
Para ese día el Octavo Juzgado de Garantía fijó una audiencia de formalización de cargos por el delito de tráfico de inmigrantes indios y nepaleses contra ambos diplomáticos, que ya fueron notificados, precisaron las fuentes.
En la actualidad, Sinclair es cónsul general de Chile en Córdoba (Argentina) y Cantuarias se desempeña como cónsul general en Dublín, la capital de Irlanda, y ambos, de ser hallados culpables, podrían recibir una pena de hasta cinco años de prisión.
Según medios locales, el caso ha sido investigado durante dos años por el fiscal Carlos Ramírez, que ha constatado el ingreso irregular de 228 ciudadanos de la India y Nepal entre 2015 y 2017.
De esa cantidad, al menos 160 aún viven en Chile, mientras un número no determinado después de llegar a Chile siguieron viaje a Estados Unidos.
Según señala el diario La Tercera, la investigación ha determinado que Cantuarias emitió visados de estudiantes, que permiten una estancia de hasta un año en Chile, a los extranjeros, cuyos documentos y certificados eran otorgados en Nueva Delhi por el Multicultural Institute of Education Limitada (MCI).
Se trata, según el periódico, de una sociedad creada en noviembre de 2014 por Sinclair, Christian Chahuán Sabag y Jitendra Khatwani Takord, estos últimos también expuestos a ser imputados como miembros de la organización ilícita, además de una quinta persona, Josefina Sinclair Alcalde, hija del cónsul.
Frank Sinclair es hijo del general Santiago Sinclair Oyaneder, quien fue miembro de la junta militar de la dictadura de Augusto Pinochet y senador designado en los primeros años tras la recuperación de la democracia.
Según la investigación, los diplomáticos y demás implicados podrían haberse embolsado unos 900 millones de pesos, ya que cada inmigrante les pagaba entre 6.000 y 8.000 dólares.

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