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Tribunal rechaza aplazar el primer juicio por corrupción contra expresidenta Cristina Fernández


Un tribunal argentino rechazó este lunes aplazar el inicio del primer juicio por corrupción que afecta a la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), que comenzará el próximo 26 de febrero y que la actual senadora pidió postergar al asegurar que no ha finalizado una investigación suplementaria.
Según confirmaron a EFE fuentes de la defensa de la viuda del también expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), el Tribunal Oral Federal 2 (TOF) rechazó el pedido al considerar que las pericias, que todavía quedan por hacer, no son indispensables para que comience el juicio, ya que podrán ser incluidas mientras se desarrolla el mismo.
En la causa, se investigan presuntas irregularidades que tuvieron lugar durante su mandato presidencial en la adjudicación de obras públicas viales al Grupo Austral, propiedad del empresario Lázaro Báez en la sureña provincia de Santa Cruz, tierra natal de Kirchner.
Además de la exmandataria –que por ser actualmente senadora cuenta con fueros que impiden su eventual arresto–, en el banquillo deberán sentarse los ya detenidos, el exministro de Planificación, Julio de Vido, el exsecretario de Obras Públicas, José López y el exsubsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Santiago Kirchner, primo de Néstor Kirchner.
El resto de causas que pesan sobre Cristina Fernández
Al elevar el caso a juicio, el juez Julián Ercolini indicó que Fernández, en su carácter de presidenta, “habría perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado nacional que estaban bajo la órbita de su responsabilidad”.
El juez cree que las maniobras investigadas habrían tenido el “objeto de procurarle al empresario Lázaro Antonio Báez un lucro indebido, en perjuicio de las arcas del Estado nacional”.
No obstante, la expresidenta está procesada en otras causas en las que es acusada de alquilar a empresarios algunas de sus propiedades inmobiliarias a altos precios para recibir, supuestamente, retornos de dinero público.
Fernández había pedido que se suspendiera el inicio del juicio, fijado para el día 26, debido a que sigue abierto un proceso de instrucción suplementaria, pero el TOF 2, encargado de la vista, entendió que los resultados de esas pericias no serán necesarios antes de mitad de año.
Con la decisión del Tribunal, que ya había contado con el rechazo del fiscal de juicio Diego Luciani, Cristina Kirchner –en pleno año de elección presidencial y con la posibilidad de disputarle a Mauricio Macri la presidencia de Argentina–, se verá enfrascada en un juicio que, según consigna Clarín, podría demorar más de un año.
Rechazo del cambio de jurisdicción
El TOF 2, además, rechazó el pedido de la expresidenta para que el Tribunal se declare incompetente frente a la causa de corrupción y que “remita el expediente al Juzgado de Instrucción 3 de Río Gallegos”, al considerar que los hechos investigados se cometieron en otra jurisdicción: la provincia de Santa Cruz.
Allí gobierna ahora la cuñada de Cristina Fernández, Alicia Kirchner. Antes, durante varios años lo hizo su marido.
La decisión “es una arbitrariedad absoluta”
Fuentes de la defensa de Fernández dijeron a EFE que la decisión es “una arbitrariedad absoluta” al considerar que es la primera vez que el TOF 2 inicia un juicio “sin que se encuentre terminada la instrucción suplementaria”.
“Esto a nuestro criterio demuestra persecución judicial. Y por sobre todas las cosas, un tribunal parcial e inquisidor que no respeta el debido proceso y las garantías de defensa en juicio. Esto podría costar en otra instancia en una nulidad absoluta. Es incomprensible”, aseveraron.
El hecho de que la vista comience sin las pericias concluidas “afecta a la defensa, por cuanto la estrategia defensiva depende del resultado de esa pericia”, añadieron.
“Iniciarla sin ella es derrumbar por completo el Estado de Derecho”, declararon.
Entre los varios procesos contra Fernández, para cuatro de ellos ya fue citada a juicio oral, pero tan solo el de la causa por corrupción en la obra pública tiene su fecha fijada.



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