Personas con discapacidad piden que no desaparezca CONADIS

El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis) está debilitado y corre el riesgo de desaparecer.
A tres meses de iniciado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no ha sido nombrado un titular para el Consejo, que es el órgano oficialmente encargado de la atención a este grupo de población, como mandata la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por México en 2008.
Además del titular, también están vacantes otras 14 de sus 47 plazas: cuatro puestos directivos, dos subdirecciones, una secretaría técnica y dos enlaces, de acuerdo con el directorio publicado en el sitio de Transparencia de Conadis.

El Consejo corre riesgo de desaparecer por la política de la nueva administración de retirar recursos a organizaciones sociales, así como a instituciones oficiales que, a su juicio, no cumplían con su encomienda.
“En todas las dependencias, en todas las secretarías existen estas oficinas. Era una manera de simular que se atendían los problemas de los grupos vulnerables, de la gente necesitada, pero era pura simulación. Era para tener un programa en beneficio de muy pocas personas y con mucho gasto administrativo”, dijo el mandatario el pasado 18 de febrero.
Sin embargo, la función del Conadis es “establecer la política pública para las personas con discapacidad, así como promover sus derechos humanos, su plena inclusión y participación en todos los ámbitos de la vida” para 7.6 millones de personas, es decir el 6.4% de la población del país, según cifras del Instituto Nacional de Estadística (Inegi) al año 2014.
Las organizaciones y colectivos de personas con discapacidad coinciden en que la función básica del Consejo es transversalizar el tema de la discapacidad, es decir, posicionarlo en las políticas de todos los órdenes de gobierno, para que esta arista sea contemplada en todos los programas, leyes y decisiones que se tomen.
“Tenían la función de concientizar a funcionarios públicos y aconsejar sobre políticas públicas, pero a final de cuentas, incluso las recomendaciones de Derechos Humanos son llamados a misa”, sentenció Margarita Garfias, madre de un niño con parálisis cerebral y representante del colectivo ‘La discapacidad nos une’.
Para la activista, Conadis es un consejo pequeño de manos atadas, que no puede exigirle a su institución de origen (la secretaría del Bienestar, antes Sedesol) y cuyo principal insumo era la información sobre las personas con discapacidad para elaborar informes, algunos conjuntos con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); sin embargo, es una tarea que nadie más hace.
“Era una labor sobre todo de escritorio. Pero a pesar de estar limitados, ¡pues estaban ahí! Detrás de los funcionarios, cuando se hacían leyes que afectaban directamente a personas con discapacidad se les citaba a ellos para pedir su opinión, bien que mal ahí estaban. Porque muchas veces es muy difícil que como gobierno tengan esta vinculación con las organizaciones civiles y mucho más con la ciudadanía”, explicó Garfias en entrevista.
Animal Político solicitó a la secretaría del Bienestar una postura sobre este tema pero no obtuvo respuesta.
Recursos para becas, no para atención
Estas limitadas pero indispensables funciones de  Conadis podrían desaparecer si el presidente López Obrador cumple lo dicho en su conferencia matutina del pasado 18 de febrero, cuando dijo que esos organismos son una simulación y son innecesarios.
“Ahí en lo que era la Sedesol, por ejemplo, hay un instituto para la atención a Personas con Discapacidad. La verdad un aparato administrativo con muy pocos fondos. Ahora las personas con discapacidad están recibiendo 14 mil millones de pesos. Entonces, ¿para qué el organismo?”, cuestionó.
No obstante, los recursos a los que se refería el mandatario son mucho menores y contemplan pensiones, no servicios ni atención con un enfoque de derechos. El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019 asignó dos mil 500 millones de pesos a la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, mientras que el Programa para la Atención a Personas con Discapacidad recibirá 25 millones, 18 menos que en el PEF 2018.
Los activistas por los derechos de las personas con discapacidad han señalado el desconocimiento del presidente de las necesidades de este sector: primero por llamar “instituto” al Conadis (que es un Consejo) y principalmente por considerar que un apoyo de mil 274 pesos mensuales en efectivo puede reemplazar la atención integral que requieren estas personas.
“Con mil 274 pesos no pongo una rampa afuera de mi casa para que pueda subir y bajar la silla de mi hijo”, expresó Margarita Garfias. “No queremos pensiones para nadie, queremos que los padres del niño indígena que tiene discapacidad tengan trabajo y que con su ingreso decidan qué hacer. Eso es lo que necesitan, en lo que pedimos”, agregó la activista Libertad Hernández, fundadora y directora del proyecto Dis-capacidad.com, que concentra y difunde la información relativa al tema.
Alerta en las organizaciones
La Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) manifestó su preocupación por los derechos de las personas con discapacidad, ante los criterios del nuevo gobierno de entregar becas y desaparecer instituciones.
En un comunicado publicado este martes, los integrantes de la Asamblea recordaron que la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad contempla la estructura del Conadis como “la agencia gubernamental que promueve la inclusión” y la materialización de los planes de gobierno en esta materia.
“Si bien el programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad es una medida de apoyo inmediato y directo para solventar algunas necesidades básicas de personas con discapacidad, no todos los derechos pueden ser cubiertos con transferencias”, puntualizó la Asamblea, y llamó al gobierno federal a nombrar a un titular de Conadis y fortalecer sus capacidades.
Para la Organización de Estados Americanos (OEA), el Conadis es “la entidad que regenta el tema de discapacidad”, por lo que había manifestado su preocupación sobre estos huecos administrativos mucho antes del actual debate sobre su permanencia.
En su revisión al más reciente informe del gobierno mexicano sobre su cumplimiento de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, el organismo señala la “débil estructura administrativa” del Conadis.
“Al analizar el recurso humano que lo compone estos no sobrepasan los 50 servidores públicos. El recurso humano es trascendental para el trabajo que demanda la temática de discapacidad, que va desde la conformación de una estructura administrativa fortalecida hasta el monitoreo y seguimiento de las políticas públicas y de allí, los planes, programas o proyectos que se generen no solo para la población con discapacidad, sino también para sus familias”, puntualiza el reporte.
Por su parte, el abogado Carlos Ríos, investigador de la organización internacional Human Rights Watch advirtió en una nota publicada el 20 de febrero sobre las consecuencias de la eventual desaparición del Conadis.
“El presidente no indicó con qué reemplazaría al Consejo en ese caso. La comunidad de personas con discapacidad considera que el Consejo necesita mejorar, requiere mayor presupuesto e involucrarse más en el establecimiento del tema como prioridad del gobierno; además de que necesita tener el poder de evaluar y monitorear las políticas sobre discapacidad. Pero su abolición será una evidente regresión que limitará la protección de los derechos de estas personas”, puntualizó el experto.
El más reciente intento de este grupo de población por conservar el Conadis es un amparo presentado por el Centro Contra la Discriminación (Cecodi) el pasado 1 de marzo, que de ser concedido, obligaría al presidente López Obrador a designar un o una titular del Consejo.

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