¿Existe una política de Estado en materia internacional?

Tres excancilleres han criticado en forma reiterada y en un tono poco usual para un área caracterizada por las formas, el supuesto término de una política de Estado en materia de relaciones exteriores. Han apuntado sus cuestionamientos contra la política del gobierno respecto de la crisis venezolana y en forma más reciente, por la creación de una instancia subregional sudamericana -PROSUR que hoy se reúne en Santiago- para hacerse cargo de los objetivos de integración abandonados por, la hoy agonizante, UNASUR.
Reclaman que las decisiones de política exterior del gobierno serían “improvisadas” e “inconsultas”, que “contravienen la autonomía”, que atentan contra “la integridad de la región” y el “principio de no intervención en asuntos de otros Estados”.  Arguyen, por último, que esta nueva política se opone al “principio del multilateralismo”.
Desde un punto de vista constitucional, el reclamo por “decisiones inconsultas” en materia de política exterior no tiene sustento alguno. La conducción de la política exterior, conforme al artículo 24 de la Constitución y a nuestra tradición republicana, es una facultad exclusiva del Presidente de la República, la que han ejercido los diversos Jefes de Estado de buena fe, teniendo presente los intereses nacionales.
Sin perjuicio de ello, es práctica habitual que el Mandatario, antes de adoptar decisiones cruciales, informe a distintos sectores y busque un consenso para fijar una política “de Estado”. Con frecuencia esto se aplica a los temas que implican asuntos de la soberanía territorial o marítima, de arbitraje internacional o de significativa trascendencia. Si bien esta usanza es conveniente, los hechos consumados y la asimetría de la información hacen que las más de las veces los dirigentes y parlamentarios de oposición se “sumen” a lo resuelto, critiquen, si fuere el caso de manera privada, pero manifiesten unidad hacia afuera.

El actual gobierno ha continuado aplicando esa práctica de consultar a la oposición en los casos en que es pertinente hacerlo, aunque en el pasado hubo situaciones en que ello, sencillamente, no tuvo lugar y la oposición fue ignorada. La política del “Diálogo sin Exclusiones” con Bolivia, que sirvió de base para que se comenzara a gestar lo que terminó en una demanda contra Chile en la Corte Internacional de Justicia y la política de “La Agenda de los 13 Puntos”, que incluyó formalmente el tema marítimo en la agenda bilateral con Bolivia, son ejemplo de ello.
¿Cuándo y con quien se dialogó la decisión de negociar la entrega de un enclave a Bolivia (Tiliviche) durante el primer mandato de la Presidenta Michelle Bachelet? ¿Fue acaso “consultada” la decisión de presentar la demanda contra Bolivia sobre el Silala durante el gobierno pasado?
El tema que gatilló la acción colectiva de los excancilleres fue la decisión de reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela y poco después, el viaje del Presidente Sebastián Piñera a la localidad fronteriza de Cúcuta, en Colombia, apoyando el ingreso de ayuda humanitaria para la población venezolana.
Un excanciller declaró que él no habría reconocido a Guaidó como presidente encargado, una decisión que habría alejado a Chile de la mayoría abrumadora del hemisferio y de la Unión Europea. Puede haber diversas opiniones, pero las acciones del gobierno respecto de Venezuela se basaron en dos principios fundamentales y prioritarios de la política exterior chilena y que dicen compartir gobierno y oposición: “la promoción y defensa de la democracia” y “la plena vigencia de los Derechos Humanos”.
La política hacia Venezuela, si bien puede verse como improvisada en las acciones tácticas, tiene su origen en el programa del gobierno actual, que planteó un cambio en relación a la defensa de esos principios básicos en conformidad con los compromisos multilaterales del Sistema Interamericano. Esto contrasta con la dubitativa relación, de cierta tolerancia, que tuvieron los gobiernos de la región con el gobierno de Maduro.
El análisis empírico de la gestión de política exterior de los excancilleres plantea las siguientes interrogantes: ¿Debe reconocerse como legítimo un gobierno que, si bien detenta el control interno por medio de la represión, violenta las normas democráticas, destruye la división de poderes, coopta el Poder Judicial, expulsa por el hambre del país a millones de personas y destruye las estructuras sociales? o, ¿es preferible construir una alternativa sobre la base de la última autoridad democráticamente legítima que sobrevive a nivel nacional?
Así las cosas, los excancilleres han optado por una mirada más tradicional de las relaciones internacionales, atribuyendo de manera indirecta a la soberanía -ejercida incluso por una autoridad usurpadora- un poder que restringe o impide que la comunidad de naciones vele por el respeto de los derechos humanos, materia que ya a fines del siglo pasado entró en cuestionamientos. Lo que ha hecho el gobierno es que se ha aventurado por considerar los derechos humanos como base o fundamento de la legitimidad del poder y, los ha aplicado como parámetro para el desconocimiento del gobierno de Nicolás Maduro.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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