Giran orden de aprehensión contra Mario Marín y Kamel Nacif

Por el presunto delito de tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho, el primer Tribunal Unitario con residencia en Quintana Roo liberó una orden de aprehensión en contra del exgobernador de Puebla, Mario Marín; del empresario, José Kamel Nacif; del exsubsecretario de Seguridad Pública de Puebla, Hugo Adolfo Karam Beltrán, y de otras personas más.
El pasado 11 de abril la titular del Tribunal, la magistrada María Elena Suárez, revocó un acuerdo del Juzgado Segundo de Distrito de la entidad, el cual negó librar el mandamiento judicial.
Ante ello, ordenó al Ministerio Público Federal iniciar la búsqueda de los imputados, mientras que el juez tendrá que efectuar los trámites correspondientes para suspender los derechos políticos de los inculpados.
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La orden de aprehensión forma parte de la causa penal número 26/2018, en la cual se le imputa al exgobernador poblano y a Kamel Nacif el delito de tortura en contra de Lydia Cacho, detenida en el año 2005, tras publicar el libro “Los Demonios del Edén”.
En 2005, la periodista Lydia Cacho publicó el libro Los demonios del Edén, el poder que protege a la pornografía infantil, en el cual puso al descubierto la protección que Mario Marín recibía de políticos y empresarios, como Jean Succar Kuri.
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Lydia Cacho Ribero fue detenida el 16 de diciembre de 2005, en Cancún, Quintana Roo, por elementos de la Policía Judicial de Puebla, acusada de los delitos de difamación y calumnia. Sin embargo, Cacho abandonó la cárcel bajo caución y pudo enfrentar el proceso en libertad. El 17 de enero de 2006 la periodista fue exonerada de los delitos.
Sin embargo, a Mario Marín se le complicaron las cosas el 14 de febrero de 2006 con la difusión de unas grabaciones telefónicas entre él y el empresario Kamel Nacif, “El rey de la mezclilla”, en la que el entonces gobernador afirmó que ya le había puesto un “pinchi coscorrón” a Cacho “porque en Puebla se respeta la ley”.
Ese mismo año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó de la investigación las redes de pederastia y pornografía infantil, con el propósito de concentrarse en la presunta responsabilidad política del mandatario poblano. La Corte estuvo en su favor, ya que también determinó que nunca se violaron los derechos humanos de la periodista.
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Con información de Notimex
 
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