La historia del quiebre entre los fiscales Sergio Moya y Emiliano Arias

En el conflicto que se abrió con la denuncia del fiscal Sergio Moya contra su jefe, Emiliano Arias, fiscal regional de O’Higgins sigue sin respuesta la pregunta más simple: ¿cuál fue la motivación de Moya para levantar una acusación de este tipo? Más todavía, la interrogante es por qué lo hizo por la prensa antes que por los canales internos, exponiendo totalmente a la institución donde trabaja hace casi 20 años a una serie de cuestionamientos.
“Nunca fueron amigos” afirman al interior de la Fiscalía, para dejar en claro que el motivo de la disputa no es un asunto estrictamente personal. Aunque sí –reconocen- hay un problema de egos y de protagonismo evidente. Sergio Moya Domke (44), nacido en Santiago, pero criado en Victoria, llegó a trabajar a la fiscalía de Rancagua en 2010. Antes, pasó una década desde que llegó a trabajar al Ministerio Público en 2000 como abogado asistente en Traiguén, en la zona del conflicto mapuche. Precisamente su éxito consiguiendo condenas en estas causas por violencia rural, hizo que al momento de pedir traslado a Rancagua fuera uno de los fiscales mejor evaluados en la región.
Abogado de la Universidad de Concepción, Moya se transformó en el brazo derecho de Luis Toledo, nombrado en agosto de 2010 en el puesto que hoy ocupa Emiliano Arias. Para quienes intentan explicar el origen de la denuncia, en este hecho está el origen del conflicto. “Moya era en la práctica el fiscal regional de facto. Toledo, al igual que otros fiscales, delegaba muchas responsabilidades en él y cuando se va, Moya espera que lo nombren. Pero eso no ocurre”, cuenta un abogado que trabajó con ambos.
El fin de la paz
En febrero de 2016, Moya recibe una expresión de confianza al ser asignado en una de las aristas del caso Caval. Arias por su parte, lo pasa mal. A comienzos de ese mes, el Fiscal Nacional Jorge Abbott lo aparta del caso SQM. Pero en mayo lo nombra Fiscal Regional de O’Higgins. Moya, en tanto, se conforma con el puesto de jefe en la Unidad de Alta Complejidad.
Aunque ambos fiscales se conocían, y coincidieron, según contó una crónica de Radio Pauta, en un curso en Estados Unidos con el FBI y en Colombia, investigando la presunta relación de las FARC con los mapuche, su relación siempre fue de competencia. Por mucho que Moya en una entrevista con El Mercurio haya afirmado que él mismo propuso a Arias postular al cargo de fiscal regional.
Conocedores del trabajo entre ambos afirman que “lograron establecer una buena relación en base a que ninguno acaparaba el protagonismo en las causas de mayor notoriedad. Pero siempre se mantuvo la tensión entre ambos”.
Una prueba del delicado equilibrio se vio en noviembre del año pasado cuando fueron encontradas una serie de piezas de arte en la casa del empresario Raúl Schüler. Ambos aparecieron el día de la incautación haciendo declaraciones. Pero en la investigación por abusos en la Iglesia católica, el protagonismo lo ha tenido Arias, aunque Moya ha participado de interrogatorios y ordenado un allanamiento al obispado de Chillán.
La paz entre los fiscales se acabó hace un mes, cuando el 25 de marzo Emiliano Arias abre un sumario administrativo contra Moya. En el marco de la investigación por el montaje contra comuneros mapuche, conocido como la operación Huracán, se estableció que en enero de 2018 el fiscal Moya se reunió en forma particular con el mayor de Carabineros Patricio Marín, y los generales Gonzalo Blu y Bruno Villalobos. El fiscal conocía a Marín y a Villalobos desde que ambos eran agentes operativos en la zona de la Araucanía y Moya se desempeñaba en el Ministerio Público. En esta ocasión les habría entregado una asesoría para enfrentar la crisis.
Un abogado de la fiscalía afirma que al abrirse este sumario, “Moya teme por su fuente laboral y esta denuncia es el mejor paragua para protegerse de la propia investigación en su contra”, ya no tiene que mantener las formas ante su jefe y resuelve denunciarlo.
Según la acusación de Moya, el fiscal Arias es responsable de “obstrucción a la justicia” en el caso que se investiga contra Emilio Elgueta, ministro de la corte de Rancagua. Además, Arias habría tratado de influir para terminar rápidamente la investigación contra Herman Chadwick Larraín, sobrino de Piñera imputado en el caso Caval, lo que constituye “tráfico de influencias”. Además, se le imputa haber ocultado información en el caso por malversación que involucra al alcalde UDI Eduardo Soto en el Teatro Regional de Rancagua. Por último, según la denuncia, Arias filtró información de una causa a otras personas en Puerto Montt, según detectó una pericia de Carabineros.
Protegido de Abbott
Sergio Moya comenzó a fraguar la denuncia contra Arias poco después de ser notificado de la investigación en su contra. Fuentes del Ministerio Público afirman que el fiscal se reunió con Jorge Abbott para informarle de estos antecedentes al menos en dos ocasiones, la última de ellas el 9 de abril, 10 días antes de que hiciera pública la denuncia por la prensa.
En esas reuniones, el Fiscal Nacional habría garantizado a Moya la tranquilidad necesaria para hacer su denuncia, que conservaría su puesto y que continuaría, en Santiago, investigando la causa de corrupción contra los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua.
Algo de esta versión confirmó el propio Arias en un escrito que presentó el martes al consejo de fiscales que fue convocado para abordar la denuncia en su contra. En el texto, se afirma que Abbott habría ofrecido a Moya “irse a la fiscalía que quisiera”, un comentario que Moya incluso hizo en público al finalizar un seminario de Ciberseguridad.
Para Jorge Abbott, la denuncia es la oportunidad para lograr la salida de Arias con quien históricamente ha tenido una relación muy ruidosa con la apertura de sumarios y disputas que han llegado a tribunales.

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