El año 2016 el Sindicato de Peones de Taxis hizo una presentación que finalmente derivó en una medida cautelar contra el gobierno de Buenos Aires, esto cuando comenzó a operar Uber en la ciudad.Al respecto el titular del juzgado Nº 15 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la capital argentina, Víctor Trionfetti, resolvió ampliar aquella medida cautelar y dispuso un plazo de 20 días para que el Jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Felipe Miguel, informe de manera detallada “cuáles han sido las medidas concretas adoptadas por la Administración destinadas a hacer efectiva la medida cautelar” de 2016 que ya había pedido el cese de la actividad de la empresa Uber y servicios similiares. Además se pidió precisar “cuáles fueron las directivas, planes, protocolos, actuaciones, proyectos y toda otra actividad de gestión en el ejercicio del poder de policía, en coordinación con las distintas áreas del gobierno central y las comunas para garantizar el cumplimiento de la manda judicial”.En definitiva el fallo judicial obliga al Gobierno porteño a “adoptar de modo inmediato las medidas necesarias para suspender cualquier actividad que desarrollen estas empresas en materia de transporte de pasajeros en el ámbito de la CABA”.
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