El gobierno ya definió algunos de los ejes del proyecto denominado Ley Antiamedrentamientos, y que nació a raíz de un polémico “narcofuneral” en la comuna de Conchalí, informó La Tercera.
Entre otras de las medidas, el proyecto buscará regular el lanzamiento de fuegos artificiales y el control de armas.
En el caso de los fuegos de artificio, la iniciativa tipificará la “posesión, utilización, tenencia o porte de fuegos artificiales, artículos pirotécnicos u otros artefactos similares”.
En esa línea, establece el pago de una multa de entre 10 y 50 UTM ($ 480 mil y $ 2,4 millones), pero considera agravantes, que aumentarían las penas a entre tres años y un día y cinco años y un día.
Dichas condiciones serían perturbar la tranquilidad pública, poner en peligro la seguridad de terceros e infundir temor en la población.
Para las armas, la iniciativa propondría, según la publicación, el sancionar los disparos al aire y desde un espacio público hacia un lugar privado.
Disparos en lugares donde se ponga en riesgos a terceros, serían sancionados con penas de entre cuatro a cinco años y un día. En caso del uso de material de uso bélico, se proponen sanciones que partan en siete años y medio y lleguen a los 10 años.
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