El problema no es el Poder Judicial ni la Contraloría

Hoy, el Gobierno ha generado una caricatura del Poder Judicial y la Contraloría General de la República, centrando sus análisis y examen solo en cuestionar y criticar su legitimidad y labor, tratando de generar un “Gran Acuerdo Nacional” para reformarlos. Si bien no es posible negar, que los casos de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Nombramiento de Jueces, Subcontralora, Prohibición de abogados profesores de Universidades Públicas a tener causa contra el Estado, han mermado la reputación de ambas instituciones, dichos análisis carecen de sinceridad, objetividad y profundidad, cuando no somos capaces de poder identificar que esencialmente ambos poderes del Estado han sido los únicos, sí, los únicos, que han tomado los verdaderos fierros calientes sociales y han otorgado soluciones que el Ejecutivo ha sido incapaz de proveer.
La afirmación no es ligera, la agenda pública y otras autoridades se llenan la boca con afirmaciones frívolas de instituciones y sus necesarias reformas, pero dichas autoridades son realmente incapaces de generar soluciones efectivas y reales a la ciudadanía, reduciendo su aporte social a la retórica crítica de otros. En efecto, esta agenda invisibiliza dónde está radicado realmente el ejercicio irracional del Poder.
Veamos, con datos objetivos, qué es lo que ha hecho la Corte Suprema en estos últimos años, en relación a la satisfacción del bienestar social de las personas. Así, en el “Mercado de la Salud” y uno de sus principales actores, las Isapres, han sufrido un grave revés en su política de “mercantilizar” el derecho a la salud, en tanto, la Corte Suprema ha generado una postura de solidaridad en las prestaciones de salud, cuestión que es un quiebre a los enclaves de la Constitución de 1980. La Corte Suprema en casos sobre “Negativa de admisión a tres Isapres”, “Alza de plan por nacimiento de hijo”, “Alza de plan de salud” y “Acceso a tratamientos médicos” ha permitido a miles de chilenos no ser víctimas del abuso del mercado de la salud.
Luego, otro de los grandes temas actuales son los “Fraudes Bancarios o Informáticos”, donde el Gobierno y el Congreso llevan años debatiendo en determinar si puede establecer, vía ley, la responsabilidad de los Bancos ante los montos sustraídos por fraudes informáticos. Esto ya fue zanjado por la Corte Suprema, al señalar que es responsabilidad de los Bancos custodiar los fondos y datos de sus clientes.
Finalmente, en “Medio Ambiente” nuevamente la Corte Suprema ha tenido que subsanar las incapacidades de otras autoridades. Mientras el Gobierno y el Congreso realizan análisis (más bien, puntos de prensa) sobre las medidas adecuadas para el desastre natural de Quintero y Puchuncaví, o las reformas que refiere el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, para que ingresen las actividades económicas que tienen reales efectos ambientales, o la Ley de Delitos Ambientales, la única autoridad que no tomó palco y adoptó decisiones fue la Corte Suprema, que nuevamente ha fijado estrictas medidas para custodiar el derecho de los ciudadanos de las ciudades de Quintero, Puchuncaví y una interpretación proambiental, que ha ocasionado que diversas actividades económicas sean evaluadas adecuadamente para reducir los riesgos ambientales y de salud.
Respecto a la Contraloría General de la República pasa algo similar. Cómo omitir el día que el ex intendente Orrego se “sonrojó” y señaló que en Chile existían “Guetos Verticales” en la Comuna de Estación Central. Hecha la cuña y el fenómeno comunicacional, no pasó nada más, Congreso y Gobierno habían cumplido su rol, capitalizar el dolor en las redes sociales. De este modo, tuvo que venir la Contraloría General de la República e identificar que los permisos de edificación de los guetos verticales de Estación Central se habían otorgado con graves infracciones a la Ley General de Urbanismo. Desde ese día el Contralor y los funcionarios de la institución son víctimas del hostigamiento de las inmobiliarias y constructoras.
Asimismo, durante años el Gobierno y el Congreso han hecho llamados a mejorar las “condiciones laborales de estabilidad y derechos de los funcionarios públicos”, donde los funcionarios de contrata y honorarios están sujetos a los vaivenes de los gobiernos de turno. Nuevamente,  ¿hubo algún proyecto serio sobre reforma del Estado? No, y la Contraloría General de la República tuvo que generar, por un lado, la teoría de la confianza legítima para otorgar estabilidad laboral y por el otro, homologar los derechos de maternidad de las funcionarias a honorarios con aquellos fijados por el Código del Trabajo y los Tratados Internacionales.
Para concluir, también hoy autoridades del Ejecutivo y del Congreso comentan su preocupación por el “mercado farmacéutico y de medicamentos”, y la necesidad que distintas instituciones estén sujetas a un mayor control. Aquí nuevamente, la Contraloría fue actor principal, en primer lugar, disponiendo la legalidad de las Farmacias Populares, en segundo lugar, dotando al Instituto de Salud Pública de potestades para recabar de los proveedores de productos farmacéuticos la información comercial y financiera que sea necesaria para cumplir con las funciones que fija la ley, y finalmente, declarar legal la importación y distribución directa que hizo la Central Nacional de Abastecimiento del producto Darunavir 600 mg. comprimidos, de Hetero Labs Limited, India, destinado a los beneficiarios del Programa Nacional de Prevención y Control del VIH/SIDA e ITS, en tanto, el medicamento que se vendía en Chile era 6 veces mayor.
De este modo, concluimos que los problemas estructurales que aquejan a nuestra institucionalidad y que están condenando a nuestro país a una suerte de inmovilismo social, no radican en el Poder Judicial ni en la Contraloría. Estas instituciones al final de día, han sido solo los mensajeros de aquella debacle institucional, que el Ejecutivo, – el primer llamado a realizar una gran reforma (en serio) del Estado- ha sido incapaz de asir.

Source link