Gobierno aprovecha segundo aire y despliega ofensiva en terreno para un rápido despacho de la reforma de pensiones

La aprobación en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados de las indicaciones de la reforma previsional le dieron un segundo aire al Gobierno, que salió a terreno para defender los que -a su juicio- son los beneficios del proyecto.
Hasta la comuna de San Miguel se trasladaron los ministros Nicolás Monckeberg (Trabajo), Isabel Plá (Mujer) y Gonzalo Blumel (Segpres) para una actividad con adultos mayores en la Casa de la Mujer de la comuna. El mensaje en terreno del Gobierno apuntó a una rápida tramitación de la Reforma Previsional en los pasos que quedan en el Congreso, con el fin de que sea despachada en noviembre próximo, se convierta en ley y permita un alza real de las pensiones a partir del 1 de enero.
“El aumento de las pensiones se empieza a materializar 60 días después de publicada la ley, por lo tanto, si nosotros queremos partir en enero del próximo año con mejores pensiones, tenemos que despachar esta ley al menos 60 días antes”, recalcó el ministro Blumel.
En las Comisión de Trabajo, el proyecto fue destrabado gracias a los votos de los diputados Gabriel Silber (DC) y Gastón Saavedra (PS), y la apuesta del Ejecutivo es conseguir los votos de la oposición que necesitan en las futuras instancias. “Tenemos la mejor voluntad de diálogo con todos los sectores que quieran mejorar las pensiones”, señaló Monckeberg.
La aprobación de esta reforma -clave para el Gobierno de Piñera, junto con la tributaria- resulta vital para el Ejecutivo. De hecho, según un análisis de la consultora Gemines publicado ayer por El Mostrador, si el Gobierno a fin de año logra aprobar uno o ambas reformas “quedará una sensación de relativo éxito ante la opinión pública, a pesar que las concesiones que se realicen desdibujen parte relevante de los proyectos originales”.
El debate por la solidaridad
De acuerdo a lo informado por el Gobierno, el proyecto mejorará las jubilaciones a 1,5 millones de los pensionados de Chile en su primer año —entre ellos a 135 mil personas que están en calidad de postrados— y elevará la Pensión Básica Solidaria que hoy tiene casi 600 mil beneficiarios, y a otro millón de beneficiarios del Aporte Previsional Solidario (APS). Además, creará un segundo pilar solidario para la clase media que “también beneficiará a cientos de miles de chilenos”.
Sin embargo, superado el escollo del ente público, ahora la discusión se instalará en el componente solidario del sistema. De acuerdo al diputado PPD Tucapel Jiménez, integrante de la Comisión de Trabajo pero que se abstuvo en la instancia, el proyecto del Gobierno “sigue manteniendo el 4 % más el 0,2 %, que es el componente solidario que le puso el Gobierno”.
“Esa cifra tiene que ser mayor. Hemos sido claros desde un comienzo y pedimos que tiene que tener solidaridad y no viene el componente solidario. La propuesta del PPD es que sea 1,5 % más de solidaridad. Con ese 0,2 % no alcanza para nada””, dijo el parlamentario a Radio ADN.
El reclamo de las AFP
Sin embargo, pese al optimismo del Gobierno, el curso que ha tomado la reforma sigue dejando heridos en el camino, como la Asociación de AFPs.
Fernando Larraín, gerente de la entidad, insistió en que el ente público de la reforma de pensiones ahora bautizado como Consejo de Administrador de los Seguros Sociales (CASS) “no tiene ninguna razón técnica si no política. Estamos creando un sistema más complejo”.
Entrevistado en Radio Duna, el ejecutivo insistió en que los cambios al sistema tendrán “un mayor costo para los afiliados, porque bajo una lógica de no entregar mayores fondos a las AFP, lo que va a terminar pasando es que las personas van a tener que pegar una comisión a las AFP y además a quienes administren este fondo que no es el ente público”.

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