66 menores llevan un mes en desplazamiento forzado

Seis hombres armados entraron en una camioneta a la comunidad tsotsil de San Pedro Hidalgo el pasado 25 de junio y perpetraron el primer ataque del día que dejó una persona herida y pánico entre la población, que es principalmente de niños. La segunda y definitiva incursión fue más intensa y los pobladores salieron huyendo en busca de refugio.
La agresión alcanzó también a la comunidad vecina de San Pedro La Grandeza, pero sus habitantes quedaron “encerrados” puesto que tomar el único camino de salida suponía un riesgo inminente de emboscada. Por eso decidieron huir hacia el monte y esperar el siguiente amanecer para buscar un refugio con techo y comida.
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En las comunidades quedaron abandonadas las cosas, terrenos y todas las pertenencias de las familias. También estaban regados por las calles los casquillos percutidos de municiones de alto poder que fueron usados en el ataque.
Al próximo día encontraron refugio en Jotolch’en, la tercer comunidad del ejido que lleva el mismo nombre donde ya se encontraban los demás pobladores que habían logrado escapar más temprano. El recuento de personas desplazadas fue de 132, de las cuales 64 son menores de edad, incluyendo bebés en etapa de lactancia.
Mientras los últimos desplazados encontraban refugio ese 26 de junio, las dos comunidades desplazadas eran tomadas. De acuerdo con información obtenida por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), la mayoría de las casas fueron saqueadas y quemadas.
Quedaron destruidos los sembradíos donde se cosechaban productos para comercializar y también las huertas que cada familia tenía para su auto consumo. Los animales de granja y los caballos ya no están. Cuando las familias regresen a sus comunidades no encontrarán ninguna de sus posesiones.
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Este conflicto se originó desde 1980 por la disputa de 338 hectáreas entre los municipios de San Andrés Duraznal y Pueblo Nuevo Solistahuacán. Es un territorio cuya situación legal no está no está definida puesto que el Registro Agrario Nacional (RAN) sólo le dio un acta de posesión a las tres comunidades del ejido de Jotolch’en pero nunca un título agrario.
Con el pasar de los años “varias personas han sido asesinadas” pero no ha habido una sistematización de los casos en relación con el conflicto actual. El precedente más inmediato y claro fue el crimen del campesino Agustín Gómez, quien fue baleado fuera de su casa frente a sus hijos en la comunidad de San Pedro Hidalgo, el pasado 28 de abril.
Este jueves se cumple un mes de que sucedieron esos hechos en el ejido Jotolch’en, del municipio San Andrés Duraznal, en Los Altos de Chiapas, donde se han escrito cinco historias de violencia armada y desplazamiento forzado causado por conflictos territoriales.
Las personas siguen desplazadas y las más vulnerables -menores y adultos mayores- padecen enfermedades con frecuencia. Son tres comunidades sobreviviendo con las provisiones de una. En las casas donde cabe una persona ahora hay tres.  
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De acuerdo con el Frayba, durante el año pasado ambas partes negociaron y la parte de San Andrés Duraznal había accedido a que se repartieran por igual las tierras ejidales con pobladores de la comunidad de Emiliano Zapata, del municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán.
Personas allegadas al conflicto creen que la no intervención de las autoridades municipales y estatales permitió que estallara el conflicto y que ahora, con la herida abierta, será más difícil solucionarlo, como ocurre en Aldama y Chenalhó, otros municipios de Los Altos donde hay un conflicto armado con cientos de personas desplazadas y que no se ha podido solucionar a pesar de la incursión del Ejército y la policía.
El lugar más próximo donde Las comunidades desplazadas en Jotolch´em pueden acceder a alimentos y medicinas es la cabecera municipal de Simojovel pero hay un solo camino y está vigilado por el grupo armado que les agredió. Consideran que están “sitiados”.
Tampoco hay acceso vía telefónica porque es un lugar sin señal, lo cual agrava su condición de aislamiento, según el testimonio que la persona encargada de reportar la situación al Frayba dio a Animal Político.
“El día del ataque se comunicaron con la comandancia regional de Simojovel, y respondieron que iban a entrar a controlar la situación pero no lo hicieron. Ahora el tema es la seguridad porque están sitiados”, dijo la fuente.
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Frayba solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por los antecedentes de soluciones fallecidas en otros casos de desplazamiento, creen que esa puede ser la salida más efectiva.
Este conflicto está precedido de un contexto generalizado de violencia. Durante 2010 el Ejército desmanteló en Pueblo Nuevo Solistahuacán una red delictiva conformada por funcionarios públicos, incluyendo a Ciro Díaz Sánchez, quien era el alcalde en funciones, y a Pedro Bautista, alcalde electo en esos momentos. El Ejército los buscó el 25 de noviembre en sus casas pero habían escapado.
El párroco de Simojovel, Marcelo Pérez, ha denunciado durante años la presencia de grupos delictivos que actúan con la ayuda de autoridades en esa región tsotsil. Incluso, él ha sido víctima de numerosas amenazas
San Andrés Duraznal es uno de los 10 municipios donde fueron anuladas las elecciones municipales el pasado 1 de julio.
La persona entrevistada por Animal Político contó que el ejido de Jotolch´en se negó a participar en actividades políticas y se cree que es una de las razones de la no intervención del municipio.
“El municipio no ha respaldado la situación. Ya se ha solicitado al gobierno del Estado y al municipio que se atienda la situación humanitaria y las enfermedades que hay entre los niños”, dijo.
Las fuentes consultadas dijeron que la región tiene plenamente identificado al grupo armado que perpetró los ataques. Animal Político consultó a la Fiscalía General del Estado de Chiapas si está investigando los hechos y si hay personas detenidas. Hasta el momento no han respondido.
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