El Gobierno de Piñera y el sesgo en la educación pública

La educación pública es esencial para formar al 80% de los hijos de al menos la mitad de las familias de menores ingresos. La educación pública asegura acceso, inclusión, desarrolla nuevos talentos que podrían perderse. Además, entrega una formación republicana, promueve mayor interacción entre jóvenes de distintos orígenes, abre a la diversidad y reduce la desigualdad. Sin embargo, su cobertura ha venido declinando desde que la dictadura instaló la municipalización, a pesar de las políticas favorables aplicadas por los gobiernos democráticos. Es esencial revertir esta tendencia y contener la caída. Para lograrlo, el Estado debe conferirle prioridad, destinar recursos para elevar la calidad, de modo de hacerla atractiva a un número creciente de padres, por su rigor, valores, seguridad, y también cercanía al hogar. La ley que creó los Servicios Locales de Educación Pública y la Dirección de Educación Pública ha sido un paso muy importante para colocar a las escuelas y liceos en manos de instituciones públicas mejor preparadas y de objetivo único.
No obstante, esta tarea no parece tener prioridad para el actual Gobierno. Una de las manifestaciones es que ninguna de las personas que ocupan los más altos cargos del Ministerio de Educación se haya especializado, trabajado o formado en el ámbito público.  Los seis más altos cargos del Ministerio– Ministra, Subsecretario, Director General de Educación, Sub Secretaria de Educación Parvularia, Director de Educación Superior y Directora del nuevo Servicio Nacional de Educación Pública– son ejercidos por personas que estudiaron en colegios particulares pagados y en una misma universidad privada. Sin desconocer la buena formación y compromiso que puedan tener personas educadas en esos establecimientos, ello parece desproporcionado y puede limitar la variedad de los equipos y la eficacia de la acción pública. 
Los resultados de este gobierno denotan este sesgo. Ha disminuido la construcción de jardines infantiles y salas cunas públicas destinadas a los hijos de familias de menores ingresos. Se ha retrasado la puesta en marcha de los Servicios Locales de Educación Pública. El  fallido subsecretario de Educación Superior ha sido un persistente adversario de la gratuidad. La falta de diálogo con el Colegio de Profesores, y la dilación de las negociaciones, reveló desinterés de parte del Gobierno. Aunque a ese Colegio se le puede atribuir inflexibilidad, la responsabilidad principal recae en quien posee más poder, el Gobierno.
¿A quién dañó la extensión excesiva de la huelga de los profesores, sino a la educación pública? La amenaza proferida por el Alcalde de Santiago de cerrar el Instituto Nacional fue otra expresión de desapego, sino desdén. La acción violenta de un grupo minoritario de alumnos es inaceptable y debe ser sancionada con dureza, pero ello no justifica exacerbar una polarización, menospreciar a 4500 estudiantes y sus familias, y socavar más a uno de los liceos baluartes de la educación pública. 
El actual gobierno debiera ampliar el campo donde recluta a sus altos funcionarios, trascendiendo al pequeño círculo del 8% de la matricula nacional que representa la educación privada pagada. La diversidad es crucial en sociedades complejas. Hay mucha gente capaz más allá de ese núcleo.
La democracia requiere un esfuerzo para constituir equipos que representen esa diversidad, con dirigentes que, por su procedencia, tengan mayor conocimiento y sensibilidad para resolver los problemas de las personas de menores ingresos, priorizando una educación pública de calidad para los niños que más la necesitan.

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