Osorninos no quieren que Essal se salga con la suya: llaman a autoridades a ser firmes con decisión de caducarle la concesión en la ciudad

La Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) logró comprobar, por medio de una investigación, la existencia de “numerosas infracciones de la más alta gravedad” como consecuencia del derrame de petróleo a una planta de producción de agua potable de la empresa Essal en Osorno, que provocó una grave crisis que dejó a la ciudad si agua por varios días.
A raíz de eso, el superintendente Jorge Rivas informó que se abrió un expediente de caducidad de la concesión. Esto fue aplaudido por la comunidad en Osorno, sin embargo la calificaron como “la señal mínima que esperaba la comunidad”. Recordemos que al cierre de la concesión se suma una multa de al menos $2.500 millones.
“Creemos que es lo correcto y es lo que se ajusta a la realidad de este grave hecho que hemos vivido en la ciudad de Osorno”, dijo Luis Álvarez, presidente de la Asociación de Consumidores de Osorno, a Radio Biobío, adelantando que estarán atentos al largo proceso que comienza.
Por su parte, el alcalde Jaime Bertín, llamó al presidente Sebastián Piñera a que “no le tiemble la mano” con Essal. “En Osorno las cosas tienen que ser respetadas como la ley manda”, señaló.
Si bien la comunidad aplaudió la decisión, aseguran estar conscientes de que la empresa apelará y buscará defenderse para que no se le quite la concesión.
Frente a esto, dicen esperar que las autoridades respondan al requerimiento de retirar a Essal de la ciudad, tras dejarlos 10 días sin agua y con las incertezas respecto a su potabilidad y potenciales problemas de salud a largo plazo.
“Es lo que está pidiendo el pueblo osornino”, dijo Eliana Catrilef, presidenta de la Unión Comunal de Junta de Vecinos.
Cabe mencionar que a las reacciones se suma una nueva acción judicial, presentada en conjunto por las sociedades civiles y ambientales de Osorno, donde solicitan a la Corte de Apelaciones de Valdivia requerir informes claros a la empresa y entidades de Gobierno, respecto a las acciones realizadas durante y después de la emergencia.
La comunidad asegura temer una vulneración a la salud de las personas y que, tras la serie de informaciones erróneas entregadas por Essal y replicadas por el Gobierno durante la denominada Crisis del Agua, no se conozca la cantidad exacta de petróleo vertido al agua ni la serie de errores en que habría incurrido la empresa antes y hasta la fecha, considerando el alto riesgo que evidencia la planta Caipulli y que era conocida desde 2018 por el Gobierno.

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