“La industria de informes en derechos contra los consumidores”

No cabe duda que la defensa de los consumidores se está haciendo cada día más difícil, porque las grandes empresas están destinando ahora cuantiosos recursos para impedir a cualquier costo indemnizar por las infracciones, delitos o malas prácticas que afectan a sus propios clientes. ¡Qué tiempos aquellos cuando el cliente siempre tenía la razón!
Una de las prácticas de las grandes empresas, a pesar de lo cuantioso que significa, es contratar “Informes en Derecho” o “Informes Económicos” a destacados académicos del ámbito del derecho y a economistas.
Sin embargo, con sorpresa hemos podido ver que algunos de los contratados son abogados integrantes de la Corte Suprema o del Consejo de Defensa del Estado, CDE, lo que a no dudar plantea un conflicto ético y probablemente legal. En el caso de los economistas, sus informes son para minimizar o descartar los daños sufridos por los consumidores, o también para aportar en la discusión legislativa, en leyes que puedan afectar a las grandes empresas, como sucedió con el lobby tremendo que hubo durante la tramitación de la Ley de Estacionamientos, donde el remedio al final resultó peor que la enfermedad. ¡Y qué decir de la reciente ley de pago a 30 días, que pretendía favorecer a las PYME!
Dentro de los abogados más solicitados para redactar estos informes está el conocido Rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, quien paradojalmente domingo a domingo, en sus columnas, hace apologías sobre los principios republicanos, la transparencia y las malas prácticas, pero no evita emitir informes en derecho para las grandes empresas, en contra de los consumidores.
El abogado Iñigo de la Maza, mencionado en una nota de prensa como “el abogado de Apple”, fue nombrado abogado integrante de la Corte Suprema el año 2018. Coincidentemente, desde ese nombramiento se ha convertido en uno de los abogados más requeridos por las grandes empresas para defenderse de las demandas colectivas
mediante “informes en derecho”, debilitando así los derechos de los consumidores y el acceso a compensaciones que legítimamente les corresponden.
Esta práctica de contratar servicios de magistrados o abogados que cobran por defender posturas ante tribunales de primera instancia, mientras al mismo tiempo ejercen una alta magistratura, no solo nos parece grave, sino que no debiese permitirse en nuestra legislación (y si hoy se permite, probablemente es por una muy torcida y equivocada lectura de las leyes vigentes)..
Nuestros ciudadanos están crecientemente desencantados con la Justicia, y más desencantados aún con la política. Es hora de reflexionar y volver a lo que alguna vez hizo grande a Chile: el respeto no sólo a la letra de la ley sino que sobre todo a su espíritu.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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