Coletazos de la caja negra del Simce: diputados citarán a sesión especial por irregularidades en licitación y corrección de pruebas

El caso de la revisión de pruebas Simce de Escritura de 6° básico, generó revuelo al interior del Congreso, debido a la denuncia de irregularidades tanto en el proceso de corrección adjudicado por la empresa Seleduc Ltda. como en la propia licitación.
En la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados trataron lo expuesto en el reportaje de El Mostrador. La diputada Cristina Girardi (PPD) comentó el caso de la empresa Seleduc Ltda. y solicitó, junto al diputado Mario Venegas (DC), solicitaron que se abriera una comisión investigadora para ahondar en la denuncia de los correctores, que según la académica de la Universidad de Chile, Teresa Flores, se ha repetido en otras ocasiones y otras pruebas Simce. “Hoy vivimos el imperio del Simce, todo el sistema educacional está organizado en función de esta prueba, todo el ordenamiento de las escuelas”, señaló la diputada. Agregó que el Estado está a punto de cerrar 200 escuelas por mantenerse en el nivel deficiente del sistema. “En Alto Hospicio hay cinco escuelas y cuatro están en riesgo de cierre”, indicó la parlamentaria.
Según Girardi, el 73,6% de la medición del sistema escolar depende de los indicadores del Simce, “y si este sistema fracasa todo el sistema educacional también”. La medición de la calidad en Chile “se basa en un instrumento estandarizado que no cuenta de lo que establece la ley, que determina a la educación de los niños en todas las dimensiones de desarrollo humano”, consignó.
Respecto a la licitación por $550 millones que se adjudicó la empresa Seleduc Ltda., la diputada se enfocó en la falta de fiscalización a los procesos de licitación. “En estas licitaciones truchas, no hay ningún mecanismo de fiscalización, ¿cómo el destino de la educación se le entrega a privados que no tienen ninguna expertise y ninguna trayectoria? Me parece una brutalidad, es cero responsabilidad en relación a la educación en Chile”, agregó.
La investigación reveló que la Agencia de Calidad de la Educación instruyó a la empresa Seleduc –encargada de la corrección holística de las 426 mil pruebas- eliminar la corrección de miles de pruebas Simce de Escritura de 6° básico calificadas en el nivel 4. El reportaje también puso el foco en las irregularidades que rodean a la empresa: no tiene página web ni contacto telefónico y fue creada por dos exfuncionarios de la ACE  durante el primer Gonbirno de Sebastián Piñera (Rodrigo Ponce Iturrieta y Juan Zapata Aránguiz). Es más, la empresa fue constituida como sociedad apenas semanas antes de que se adjudicara la licitación por más de $550 millones.
Por su parte, el diputado frenteamplista, Gonzalo Winter, parte de la Comisión de Educación, destacó que han “criticado las pruebas estandarizadas como el Simce, porque no son capaces de medir habilidades académicas y además, porque distorsionan todo el modelo educativo, promoviendo una educación para rendir en las evaluaciones. Esto último se refuerza por su rol en la asignación de recursos estatales y el negocio millonario en torno a su evaluación, lo que engarza con una crítica al modelo subsidiario en educación”.
Recalca que las nuevas denuncias los obligan a revisar el sistema, “es un escándalo que la revisión privatizada de las pruebas funcione en condiciones tan desiguales y poco transparentes, que terminan con estudiantes evaluados de una manera injusta y que incluso profundiza la segregación de las y los migrantes”.
Agregó que “no basta con revisar la última licitación adjudicada a Seleduc, hace falta cambiar el sistema y enfocarlo en brindar la educación que requerimos; eso supone necesariamente avanzar de manera progresiva a un modelo en que acabemos con la escasez de colegios de calidad y profundicemos el financiamiento basal en vez de las subvenciones condicionadas a medidores de eficiencia empresarial”.
La comisión decidió citar a una sesión especial para discutir el tema. Además, ofició a la Agencia de Calidad de la Educación y a la Dirección de Educación General -contraparte legal de la Agencia-, para que respondieran ante la denuncia del reportaje. La sesión debería realizarse durante el mes de agosto.

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