Vinculan a proceso a excolaboradora de Murillo Karam por compra de avión

Judith Aracely “N”, quien fuera Oficial Mayor de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y operadora financiera del titular de la misma Jesús Murillo Karam, fue vinculada a proceso por la compra injustificada en 2013 de un avión de 19.6 millones de dólares, que fue para el uso personal del exfuncionario.
La denuncia, interpuesta por la Fiscalía General de la República, dice que Murillo Karam ordenó la compra de la aeronave en 2013 a través de un arrendamiento financiero de Banobras. Dicha orden habría sido ejecutada por Judith Aracely “N”. 
Durante la audiencia, según el diario Reforma, el fiscal Carlos Palafox señaló que además de realizar la compra, la acusada habría “inflado” el precio del avión Bombardier Challenger (CL 600) cuyo valor real era de 16.4 millones de dólares y no de 19.6 millones de dólares. 
Palafox agregó que la aeronave, comprada a la empresa Aviation Enterprise, también fue valuada por un perito de la FGR, quien le dio un valor de 14 millones de dólares.
El fiscal Palafox argumentó que esta compra fue injustificada ya que el entonces procurador no requería un avión de lujo para cumplir con sus funciones constitucionales.
En la denuncia también se acusa a Víctor Rodrigo “N”, quien en aquel año era subdirector de Recursos Materiales de Banobras y ahora se desempeña como subsecretario de Administración en el gobierno del Estado de México. 
Ambos exfuncionarios son acusados por la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos de la FGR por el delito de ejercicio indebido de atribuciones y facultades y de resultar culpables podrían alcanzar una pena de hasta 12 años de cárcel.
La audiencia inicial tuvo lugar en el Reclusorio Oriente y fue encabezada por la jueza Beatriz Moguel Ancheita quien sustentó la vinculación a proceso bajo el argumento de que los acusados no tomaron en cuenta el impacto de costo beneficio al comprar el avión, comprometiendo incluso las finanzas de la PGR por cinco años. 
Sin embargo, la jueza rechazó la petición de la Fiscalía para ordenar prisión preventiva para los acusados y les ordenó pagar una garantía de 100 mil pesos además de una restricción migratoria, la cual les impide salir del país.
Con información de Reforma (suscripción necesaria).
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