Controversia causa el traslado a Tierra del Fuego de un juez sancionado por acoso sexual

A través de un comunicado el Colegio de Abogados de Magallanes se refirió al traslado de Pablo Aceituno como nuevo magistrado de Porvenir, decretado recientemente por la Corte Suprema. El movimiento del magistrado ha causado controversia puesto que fue acusado de acoso sexual, aunque el colegio profesional dice que desconoce las razones del traslado, pero considera “grave” que, frente a una denuncia de esa índole, la decisión de la Corte Suprema sea recurrir esta medida.Cabe destacar que Aceituno fue denunciado por acoso sexual cuando trabajaba como juez en San Fernando, lo que le valió cuatro meses de suspensión con medio sueldo.En el comunicado el colegio profesional indicó que la medida “no pondera a la gravedad de la conducta comprobada por la que fue sancionado, interrumpe improvisadamente un proceso de selección vigente, procede una vez más a utilizar el mecanismo de traslado a funcionarios del Poder Judicial sancionados y contraviene la propia política promovida por la Secretaría de Género de la Corte Suprema referida al acoso sexual”.Y agrega que “Cualquier región merece ser juzgada por hombres y mujeres intachables moralmente. Por ello es que es necesario explicar a la ciudadanía y al Colegio de Abogados cuál es la razón de trasladar a un juez sancionado administrativamente por acoso sexual a Porvenir”, sentencia la nota.El Presidente del Colegio de Abogados de Magallanes, Ramón Ibáñez, indicó al respecto que estos “son hechos graves, que vulneran de manera ostensible la dignidad, el honor y la integridad de la mujer, atendido que para hablar de acoso laboral no hablamos de hechos que sean espaciados en el tiempo, sino más bien hechos en los cuales existe cierto grado de reiteración”.Por su parte Gloria Ana Chevesich, vocera de la Corte Suprema, indicó que “la Corte de Apelaciones de Rancagua, en un sumario administrativo incubado para investigar actos constitutivos de acoso sexual, pidió a esta Corte una medida destinada a dar protección a la ofendida”.Chevesich además aseguró que el tribunal de alza pidió “que se arbitrara lo necesario para que tanto ella como el denunciado no trabajaran en la misma unidad judicial y en la audiencia pertinente no se obtuvo el quórum necesario para abrir un cuaderno que estudiara la posible remoción del funcionario mencionado”.Por su lado Soledad Piñeiro, la presidenta de la Asociación de Magistrados opinó que “el régimen de responsabilidad de jueces y juezas requiere una ineludible reestructuración y que, en lo concreto, no contemple como sanción el traslado” y que “No es admisible que, por esa vía, se impida el justo derecho de aspirar a un cargo vacante, que hoy a sido ocupado sin previo concurso”.Cabe destacar que para la jurisdicción de Porvenir había un proceso de selección en el que participaban 11 postulantes, y el que fue interrumpido por el traslado.

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